Hace unas semanas llegó a mis manos una encuesta preparada por la firma Paradigma que mide la intención de voto y otorga un 27.7% a Tito, un 25.5 a Xiomara, un 6.6 a Yani, un 2% a otros, un 14.6 a ninguno y un 23.4% a no sabe o no responde. Posteriormente vi otra encuesta de CESPAD, la cual pretende reflejar el impacto de la adhesión de don Salvador, y según la cual doña Xiomara aventaja a Tito por alrededor de veinte puntos porcentuales. Sin embargo, esta encuesta es incoherente y no resiste un análisis basado en los mismos datos que presenta. Por tanto, no me parece que pueda tomarse en serio. De cualquier manera, es evidente que hasta el día de las elecciones sabremos por quien se inclinaron quienes por ahora no responden cuando son encuestados o dicen que todavía no saben por quién votarán. A mi juicio, la votación arrojará un resultado apretado y que, gane quien gane, tendremos a un triunfador electo por la minoría de los votantes. Me atrevo a decir que nadie recibirá el 50% de los votos. Considerando la debilidad de nuestras instituciones es razonable suponer que la consecuencia de ese resultado será un período de inestabilidad y un gobierno débil. Pero veamos qué más podemos elucubrar sobre el resultado de las elecciones.
Más importante que la contienda por la Presidencia será la elección de diputados, cuyo resultado es más difícil predecir. Lo que parece ser cierto es que ningún partido logrará que se elija a 65 de sus candidatos a diputado, por lo que ninguno de los partidos tendrá, por sí solo, control del Congreso. Para lograrlo quién cuente con más diputados electos, sea este el Partido Nacional o Libre, deberá aliarse con otro partido. Si, como parece probable, cada uno de estos partidos logrará entre 50 y 55 diputados y el Partido Liberal unos 15 diputados, entonces la pieza clave será el Partido Liberal, quien podrá aliarse con cualquiera de los otros dos partidos y así hacer mayoría en el Congreso. El Partido Liberal podrá escoger como aliado a quien le haga la mejor propuesta. Basta con recordar que el próximo Congreso nombrará a la nueva Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General para entender lo que estará en juego y apreciar la singular posición en que podría encontrarse el Partido Liberal, quien podría definir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal, a pesar de haber sufrido otra derrota en las urnas.
Si el Partido Liberal opta por asociarse con el perdedor de la contienda presidencial, entonces el Congreso será controlado por la oposición, lo cual nos garantiza cuatro años de confrontación e inestabilidad. Seguramente que algunos dirán que el Ejecutivo siempre contará con otros medios para manejar el Congreso, pero esas personas olvidan que el Congreso controla el presupuesto y que nuestra Constitución no permite que el Presidente vete el presupuesto aprobado por el Congreso. Algunos recordarán que durante dos años don Mel gobernó sin contar con un presupuesto aprobado por el Congreso, pero de repetirse eso caeremos en una profunda crisis con consecuencias imprevisibles. Al final, lo que debería suceder es que, como ocurre en otros países, el Ejecutivo y el Legislativo negocien y encuentren una manera de trabajar, aunque sea a regañadientes. Eso sería lo razonable, pero no necesariamente lo probable. Veremos qué sucede, pero seguro que habrá mucha turbulencia.
Lo peor de todo esto es que el próximo gobierno deberá enfrentar serios problemas, comenzando con la crisis de la ENEE y del sector eléctrico. Además, todo indica que los precios de los hidrocarburos seguirán aumentando y el próximo gobierno no podrá continuar subsidiando la energía eléctrica y los combustibles. Le tocará desmontar los subsidios otorgados por la Administración Hernández, con lo cual cosechará la ira popular. Para colmo de males, ya estamos sufriendo los efectos de racionamiento porque la demanda excede la capacidad disponible en las centrales generadoras, y mientras no se agregue capacidad generadora, el racionamiento crecerá y se intensificará. Por otro lado, el próximo gobierno deberá acordar un nuevo programa con el Fondo. Si no lo hace, se estará cerrando la puerta al financiamiento en los mercados de capital y se reducirá el monto de lo que pueden prestarle los organismos financieros multilaterales. Si logra acordar un programa, seguramente que este incluirá algunas medidas que, a pesar de ser necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica, serán impopulares y generarán protestas y alborotos.
Nada fácil será la tarea del próximo gobierno, particularmente si a lo anterior agregamos la polarización exacerbada por las ZEDEs y la percepción de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Además, se ha venido promoviendo la dependencia de nuestra población en las dádivas que le ha otorgado el gobierno, como el recientemente mal concebido y aprobado Bono Bicentenario. En una época que requerirá frugalidad en el manejo de la economía, la reducción de los programas asistencialistas seguramente provocará también una reacción negativa en contra de la nueva Administración. Todo esto será más difícil de manejar si además tenemos al Ejecutivo y al Legislativo plantados como adversarios empeñados en dominar el uno al otro. Ojalá que todo esto no sea más que una elucubración mía y que todo suceda en paz y armonía. Es posible que así sea, pero mi experiencia me dice que eso es poco probable.
