Asimismo, acordó enviar senadores en calidad de «observadores electorales» a Venezuela, para que contribuyan «a asegurar el adecuado desarrollo de dicho proceso electoral».
El texto, aprobado por quince votos a favor, tres en contra y una abstención, solicita a diversos organismos adoptar «una actitud más vigilante con el cumplimiento de normas básicas, por parte del gobierno venezolano, que aseguren la integridad y la transparencia del proceso electoral».
La petición está dirigida específicamente a la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Parlamentaria Internacional y el Parlatino.
La resolución se fundamenta en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «ha denunciado una serie de situaciones anómalas, como la persecución judicial de líderes opositores y periodistas, en un contexto de grave falta de autonomía e independencia del Poder Judicial de ese país, lo que representa un serio obstáculo para garantizar la adecuada participación política en el próximo proceso electoral».