San Salvador – El Salvador abrirá el 2026 bajo un régimen de excepción, aprobado en el Congreso en marzo de 2022 a raíz de una escalada de violencia de las pandillas tras la extensión número 46 en el Órgano Legislativo este martes con los votos del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.
La extensión, cuya vigencia será entre el 1 y 30 de enero próximo, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados en el Congreso, a pesar de los señalamientos locales e internacionales de que a su sombra se han dado violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con la solicitud de ampliación enviada por la Administración de Nayib Bukele, dicho régimen ha dejado unos «1.090 días sin homicidios durante el actual Gobierno y la captura de más de 90.600 personas vinculadas a estructuras criminales».
«No obstante los avances alcanzados, la persistencia de vínculos transnacionales, intentos de reorganización y actividades ilícitas remanentes demandan la continuidad del régimen de excepción, con el objetivo de preservar los logros obtenidos, evitar el resurgimiento de la violencia y garantizar la protección integral de la población salvadoreña», indica el documento.
La ampliación del régimen de excepción se da a pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele afirma que ha desarticulado operativamente a las pandillas.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó al presidente Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 470 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado. EFE
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