Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El estado de emergencia se ha prorrogado en cuatro ocasiones en Honduras y se ha extendido geográficamente a 123 municipios del país. Una de las prolongaciones ocurrió apenas este miércoles cuando recién la misión de la CIDH había apostillado en su informe preliminar, la recepción de denuncias sobre la falta de una justificación que demuestre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la ampliación de estas medidas, así como la ausencia de controles judiciales y legislativos efectivos.
– La seguridad y los derechos humanos también figuran en las improntas de la CIDH.
– “Durante la visita, (la Misión) recibió información que indica que sólo 25 de las 1,348 detenciones practicadas en el primer período del estado de excepción estarían materialmente vinculadas con el delito de extorsión u otros delitos conexos, así como inconsistencias en el registro de las detenciones”, señala el informe.
Al término de su visita al país, la misión in loco de la CIDH dejó varias lecturas para los tomadores de decisión en el país, entre ellas la preocupante situación de los derechos humanos, el fortalecimiento de la institucionalidad, la libertad de expresión, la seguridad ciudadana y el estado de excepción, último que advirtió no debe ser permanente.
El informe que recoge la visita y desplazamiento por diversos puntos del país que realizara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es una hoja de ruta que puede contribuir a mejorar el rumbo del país, que asegura, se ha caracterizado por crisis de gobernanza recurrentes que han deteriorado el Estado de Derecho y la capacidad institucional del Estado para garantizar los derechos humanos de su población.
La misión de la CIDH enumeró uno a uno los puntos que considera adquieren un interés de relevancia para el Estado hondureño, destacando entre ellos el tema de la seguridad, la violencia y el estado de excepción parcial que impulsa el actual gobierno.
La misión reconoce que si bien se han hecho esfuerzos para disminuir la violencia al reducirse la tasa de homicidios de 41.7 % en 2021 a 35.79 % por cada 100 mil habitantes en 2022, la más baja en 16 años, Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica y el tercero más inseguro en la región.
En este contexto, la comisión reconoce los enormes desafíos en materia de seguridad, en especial al combate al crimen organizado, la extorsión y el secuestro. En tal sentido, señala que el gobierno aplicó un estado de excepción que suspende los derechos de la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
El estado de emergencia se ha prorrogado en tres ocasiones (actualmente a cuatro) y extendido geográficamente a 123 municipios del país, no obstante, la CIDH recibió denuncias sobre la falta de una justificación que demuestre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la ampliación de estas medidas, así como la ausencia de controles judiciales y legislativos efectivos, señala el documento elaborado por la misión.
“Durante la visita, (la Misión) recibió información que indica que sólo 25 de las 1,348 detenciones practicadas en el primer período del estado de excepción estarían materialmente vinculadas con el delito de extorsión u otros delitos conexos, así como inconsistencias en el registro de las detenciones”, señala el informe.
La CIDH recordó al gobierno el carácter excepcional y temporal que debe tener la medida del estado de excepción, al indicar que no puede formar parte de una política permanente de seguridad, sino que solo se puede justificar ante la enormidad de la anormalidad. “La CIDH insta al Estado a formular una política pública de seguridad de mediano y largo plazo, irrespetuosa del enfoque de derechos humanos y que incorpore una perspectiva de género y enfoques diferenciados”.
La ampliación del estado de excepción
El llamado de la CIDH se produjo justo cuando horas antes de presentar el informe, las autoridades de la Policía Nacional anunciaban que contemplan la posibilidad de extender el estado de excepción y se trabaja en esa iniciativa para ser presentada al Poder Ejecutivo y que apenas este miércoles 3 de mayo, fue ratificada por el Congreso Nacional.
En una de las últimas etapas de extensión del estado de excepción parcial, el gobierno dividió el territorio entre policías, militares y policía militar de orden público. Las zonas más calientes y conflictivas del país fueron entregadas a los militares en 7 departamentos, mientras que la policía nacional el resto del país, pero con énfasis en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.
No obstante, en el marco de este estado de excepción, las autoridades del Comisionado Nacional de Derechos Humanos han denunciado excesos cometidos por las autoridades, abuso de poder y violaciones humanitarias, advirtiendo que no sería oportuno seguir ampliando la medida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita al país puso el acento también en las violaciones a los derechos humanos, en especial a los defensores del ambiente y los territorios, los periodistas, la comunidad LGTBI y las mujeres, entre otros sectores vulnerables. Lamenta la situación de impunidad de los casos y las limitantes para un acceso igualitario a la justicia.
En el caso de las mujeres, señaló que resulta alarmante los altos índices de asesinatos de mujeres y femicidios, personas LGTBI y personas defensoras de derechos humanos, particularmente quienes defienden la tierra y el territorio y el medio ambiente. “También les preocupa, que, en este contexto caracterizado por violencia y presencia de estructuras criminales en gran parte del país, miles de niñas, niños y adolescentes son víctimas de diversas formas de violencia, incluyendo la sexual, así como el reclutamiento forzado por grupos dedicados al crimen organizado”.
“Preocupa la situación de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes y la ausencia de cifras oficiales en la materia. De acuerdo con la sociedad civil, en el 2022 se habrían registrado alrededor de 270 casos”.
Se debe fortalecer la institucionalidad
En el marco de la institucionalidad, la misión de la CIDH llamó la atención sobre la importancia de fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho, al destacar que, si bien se produjo la elección de una nueva corte de justicia bajo otras normas, se debe avanzar en la independencia de poderes para garantizar un poder judicial independiente.
Propuso que se avance en la creación de la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales en materia de dependencia judicial, particularmente en relación con los procesos de nombramientos, ascenso escalafonario, traslados, regímenes disciplinarios y separación del cargo. “La CIDH recibió denuncias sobre traslados y cancelaciones no consentidas ni aceptadas de jueces que serían contrarias al principio de inamovilidad en el cargo”.
Durante su estadía en el país, la CIDH recibió información sobre la crisis en el Congreso Nacional con las dos directivas a inicios del 2022, situación que “generó cuestionamientos sobre la legitimidad de la Junta Directiva del Congreso actual. Asimismo, se le informó sobre obstáculos para el ejercicio de la actividad parlamentaria a partidos de oposición; en particular, para el tratamiento de proyectos y la participación en debates”.
La libertad de expresión bajo la lupa CIDH
El tema de la libertad de expresión y la protección a periodistas fue otro de los ejes abordados en el informe y en él se destaca que fueron recibidos numerosos testimonios sobre el aumento de los discursos estigmatizantes de funcionarios públicos y líderes políticos en contra de la prensa que investiga e informa de manera crítica sobre las políticas gubernamentales, este conjunto de factores ha propiciado la autocensura entre periodistas y comunicadores.
La relatoría de la libertad de expresión que fue parte de la misión de la CIDH observa que en Honduras enfrenta procesos de fractura social que deben ser tramitados democráticamente y requieren de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El debate público abierto y desinhibido sobre asuntos de interés público permite que las autoridades ejerzan el mandato que les fue conferido a través de la receptividad, la tolerancia y la interacción democrática con la crítica.
“Esto requiere de espacios plurales y diversos de participación en los que la controversia y la deliberación sean factores comúnmente reconocidos y valorados por la sociedad y por el Estado en particular. Las vocerías institucionales que participan de ese debate tienen deberes especiales de cuidado a fin de que sus expresiones no generen presión lesiva en los derechos de las personas que contribuyen a la deliberación pública”.
La misión de la CIDH pide despenalizar aquellos delitos que criminalizan la libertad de expresión, y si bien celebra la derogación de la ley de secretos, llama la atención en el acceso a la información pública existen fuertes reclamos de que las instituciones obligadas por ley de transparencia no están colocando en sus portales información completa, retrasan la entrega de solicitudes de información y cuando la dan, ésta no cumple los requisitos de calidad que exigen los estándares internacionales en la materia.
Muestra también su preocupación por la situación del Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, al citar que ha recibido “preocupante información” sobre la profundización de problemas técnicos, administrativos y financieros que han erosionado la institución, y les preocupa que el “85% del presupuesto se estaría destinando a la protección de seis personas beneficiarias, mientras que los 179 casos activos restantes contarían con tan solo 15% de los recursos económicos”.
En este contexto, la CIDH exhorta al gobierno y a los poderes públicos del Estado a trabajar de manera coordinada, así como un esfuerzo fundamental para propiciar un diálogo franco, abierto y transparente con todos los sectores de la sociedad, incluidas las voces disidentes; con la participación de los grupos de población que de manera histórica han sido excluidos y discriminados en Honduras. La CIDH confía en el mantenimiento de un orden constitucional, recalca. (PD)
