Tegucigalpa – El paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que se discute en el Congreso Nacional, garantiza la participación ciudadana para facilitar la auditoría social de los diferentes organismos policiales, según manifestó coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera.
Rivera, dijo que en el texto que está siendo sometido a debate en la asamblea legislativa se establece que “la Auditoría Social se ejercerá mediante la participación de la ciudadanía amplia y sin restricciones a fin de promover la transparencia en la gestión de la Policía Nacional”.
“Queda especificado que la Sociedad Civil tiene el derecho a observar en cualquier tiempo el funcionamiento policial, a tener acceso a la información pública que permita evaluar el desempeño de las diferentes unidades administrativas y operativas” reveló el miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
El depurador afirmó que queda firme en la nueva ley que “la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional mantendrán un ambiente habilitante, facilitando la participación ciudadana en los ámbitos de sus competencias, bajo los principios de inclusión, transparencia y rendición de cuentas”.
Urge aprobación de reformas a la ley orgánica de la Policía Nacional
Omar Rivera declaró que el proceso de depuración policial se revitalizará con la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en el parlamento.
Indicó que esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia.
“Las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado”, declaró Rivera.
Y añadió que se deben formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional.
