La Secretaría de Finanzas presentó hace unos días, ante la junta directiva del Congreso Nacional, un anteproyecto de presupuesto general de la república para que, una vez discutido en el hemiciclo, sea aprobado y ejecutado a partir de enero de 2024.
Resulta muy curioso que los medios de comunicación anuncien cada año por esta época, que el presupuesto remitido al Congreso es “el mas alto de la historia”, como si esto fuera una novedad. Al hacer una revisión muy simple de todos los ejercicios fiscales cuya contabilidad consta en la página de la SEFIN, se observará que el gobierno siempre bate su propio récord cada año, en cuanto a su intención de gasto.
Por cierto, la costumbre inveterada, es que el monto estipulado en cada ejercicio fiscal aumente en una cuantía equivalente a la suma de la inflación y el crecimiento de la economía estimados para el año a presupuestar, de ahí que, con una inflación promedio del 4% mas un crecimiento del 3%, los presupuestos crezcan generalmente, en un 7% en cada ejercicio.
Sin embargo, la actual administración ha roto con estos cánones en varios sentidos: en su primer año, decidió incrementar el presupuesto en un 25% saltando así una barda histórica, ya que la última vez que había aumentado de forma tan desproporcionada, fue en 1999 (15%), debido al paso del huracán Mitch, que como todos saben, destruyó el país casi en su totalidad.
También sorprendió a la opinión pública que en esa ocasión, para financiar ese alud presupuestario, se echara mano de las reservas internacionales que acumula el Banco Central y cuya única finalidad -así lo establecen las buenas prácticas- es proteger la estabilidad la moneda nacional frente a posibles shocks externos.
Pero es importante recordar, que los presupuestos no pasan de ser ejercicios proforma meramente contables. Son ficciones que expresan únicamente la intención planificada de quien los elabora y no necesariamente lo que en efecto se llevará a cabo.
En síntesis, la credibilidad de este instrumento es directamente proporcional a la asertividad de quien lo ejecutará y como en Honduras no existe, ni ha existido nunca, una planificación profesional, debemos asumir con valentía, que el presupuesto nacional es y ha sido, una mera justificación revestida de constitucionalidad, para esquilmar impuestos a la ciudadanía, cobrarnos tasas y multas cada vez que se le ocurra a la autoridad, extender la mano mendiga a los países am¡gos y sacar préstamos a la banca nacional e internacional.
Para el caso, el presupuesto vigente para este año 2023, ha cambiado muchísimo con respecto al que fuera aprobado en enero. Asimismo, su ejecución ha sido lenta y muy baja (para variar), sobre todo en lo referente al programa de inversión pública, cuya cuantía es bajísima con respecto, por ejemplo, a la planilla salarial o a la inmensa cantidad de gastos personales como viáticos, contratación de asesores y otros.
¡En fin!, el punto es que, con una ejecución de menos de un 15% en la inversión pública y faltando solo 3 meses para que termine el año, queda claro que no hay interés de mejorar los servicios a la ciudadanía, ni colaborar con la mejora en la competitividad, tan necesaria para generar empleo y atraer capitales.
Así que, no tiene sentido hacer un análisis detallado de lo que dice el enorme documento que entregó la ministra al Congreso. Si lo que esperamos encontrar allí es una cuantificación de lo que podemos esperar como ciudadanía, acerca de las acciones que el gobierno llevará a cabo durante el próximo año, nuestra esperanza es vana. Lo único que si podemos prever, es que habrá mucha mas presión para pagar mas impuestos y sobre todo, un endeudamiento cada vez mas creciente y atosigador.
Podrá seguir siendo el mas alto de la historia, condición que perderá con toda seguridad en septiembre del otro año, pero no es, como no ha sido ni será, el instrumento de desarrollo que sus propulsores anuncian.
