El fracaso de la concesión del corredor turístico se dio por múltiples razones. La movilización de la población de El Progreso contra un injusto cobro se sumó a una inviabilidad financiera y técnica. Este proyecto tenía fallas serias, pero no podemos dejar que su fracaso castigue el desarrollo de la Perla del Ulúa.
El problema se dio por el mismo complejo de gigantismo que afecta muchos de nuestros proyectos, y restringe la capacidad de acción pública. Es mucho más glamoroso decir que construiremos una carretera de casi 150 km de La Barca a Tela, que simplemente resolver el embudo vial de El Progreso.
Este embudo representa la mayor cantidad de tiempo perdido en esta carretera, con el agravante que degrada severamente la capacidad de tráfico dentro de la ciudad de El Progreso. Recorrer los seis kilómetros del puente “La Democracia” en dirección a Tela (4.7 de ellos en carretera) pueden representar 15 minutos de recorrido adicional (promedio) de lo que tomaría en una carretera alterna. Esta carretera alterna debe llevar una ruta entre el río y la carretera actual, con intercambios en sus dos intersecciones.
Afortunadamente, esto mismo crea la solución al problema, utilizando un sistema de peaje que sí se adecua a las necesidades sociales. Los peajes son (justamente) resistidos porque afectan los derechos de circulación actuales. Al aplicarlo a resolver un problema real (15 minutos de tráfico) a los motoristas en tránsito, más bien mejorando las condiciones de circulación a los habitantes (que disfrutarían de calles menos congestionadas), este proyecto sería un bien para todos. La primera opción es que el gobierno central asuma el compromiso, al ser el problema derivado del tráfico intermunicipal. La ciudad de El Progreso genera más que suficientes ingresos al Estado para ameritar la inversión. En ausencia de esto, se puede considerar el esquema descrito a continuación.
Reducir un recorrido en 15 minutos para un vehículo liviano puede representar un ahorro mínimo de L.50 (combustible, tiempo, etc.), pero asumamos se cobraría L. 25 únicamente (ajustándose a la inflación). La circulación a través de El Progreso de tráfico de paso es de 20,000 vehículos. Asumiendo solo la mitad lo usa, y que no se recibe nada más por tráfico pesado (que tiene un beneficio mucho mayor, que se cobra), entrarían L. 250,000 diarios.
El valor presente de este ingreso a futuro sería de aproximadamente US$30,000,000, a un interés del 8%. La carretera debe costar (en terreno plano, a promedio latinoamericano que incluye ineficiencias) $700,000/km por dos carriles. Esto daría un costo total de $7,000,000, que sumándole dos pasos a desnivel de $2,000,000 cada uno, nos lleva a un costo total de $11,000,000.
Existe una gran diferencia (11 contra 30), que debiese resultar en condiciones más favorables. Esto se manifestaría en una reducción sustancial del plazo de concesión. Con un modelo sencillo, pero holgado, creemos la obra podría regresar al Estado (o municipio) en 10 años o menos. Lo ideal es cuidar este plazo para que sea lo menor posible y permita que además de los beneficios de la obra, el ingreso futuro sea de la población.
El concesionario no tiene por qué ser una empresa única, privada, o siquiera una empresa. Existen mecanismos cooperativos con un esquema de fideicomiso que se pueden implementar para lograr el resultado.
Esto excluye el efecto de contribución por mejoras, que se podría tasar a los propietarios de grandes extensiones contiguo a la nueva calle, por simple vía de revalorización catastral. Recordemos que, al iniciarse la obra, el valor y comercial de sus garantías bancarias se aprecia sustancialmente. Lo obtenido de tasar esta plusvalía según ley serviría para invertirlo en mejorar la red vial en otras partes de la ciudad.
Es importante que se dé solución a este problema. Como primera opción con una inversión estatal directa, y de no ser posible con un peaje únicamente en la vía alterna, manejado por una entidad de carácter social o democrática, con transparencia y sencillez en su modelo. La misma debe volver a la población con toda la celeridad posible, construyendo confianza en la capacidad de la sociedad de desarrollar proyectos útiles y rentables.
