El cambio climático constituye una amenaza creciente para el goce efectivo de los derechos humanos, en Honduras, especialmente contra las poblaciones más vulnerables que son las que, al final, enfrentan de manera desproporcionada sus efectos.
Estos impactos agravan las desigualdades existentes y limitan el acceso a derechos fundamentales como: la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda y la seguridad.
Las mujeres, los pueblos indígenas y afro-hondureños y las comunidades en situación de pobreza, siguen siendo marginadas en las políticas públicas sobre cambio climático. Aunque existen iniciativas en ese sentido, esas medidas, a menudo, carecen de un enfoque de género y no responden adecuadamente a las necesidades y realidades de esta población.
Si bien, Honduras ha establecido un marco normativo para abordar los desafíos ambientales y climáticos, las deficiencias en su implementación efectiva y la fragmentación institucional han obstaculizado una respuesta adecuada.
Es decir que, a pesar de los avances normativos, existe una falta de claridad y coordinación en los mandatos institucionales que dificulta la integración efectiva de los derechos humanos en las políticas climáticas. Los esfuerzos no son suficientemente interinstitucionales ni coherentes, lo que limita su alcance y efectividad.
Esa falta de claridad en los mandatos institucionales y la marginación de los grupos vulnerables, continúan obstaculizando la acción climática efectiva. Por lo que, es urgente adoptar medidas integrales y sostenibles, garantizando la justicia climática y la resiliencia comunitaria.
Además, el Estado debe asegurar el acceso a la información ambiental, el derecho a la participación en la toma de decisiones, la protección del derecho a la reunión pacífica y el acceso a recursos efectivos de justicia ambiental, como elementos esenciales para la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática presente en Honduras.
La impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, relacionados con el medio ambiente, es otro fenómeno que frena el acceso a la justicia climática y ambiental.
La falta de mecanismos judiciales eficaces y la corrupción institucional son barreras importantes para que las víctimas reciban reparación y justicia.
Las y los defensores de los derechos ambientales, especialmente las mujeres defensoras, enfrentan amenazas, violencia e intimidación. Frente a ese escenario, el Estado no ha logrado proporcionar la protección adecuada para que estas personas puedan trabajar de manera segura y efectiva en la lucha por la justicia climática y la defensa de los recursos naturales.
A pesar de algunos esfuerzos, la implementación de políticas de cambio climático sigue siendo fragmentada y no se centra en los derechos humanos. Esto genera una desconexión entre las normativas existentes y su aplicación práctica, lo que afecta la capacidad del Estado para abordar de manera adecuada las consecuencias del cambio climático, especialmente, en los derechos humanos de las comunidades más vulnerables.
