Tegucigalpa – El sociólo Filadelfo Martínez dijo que el gobierno de Libre se va “sin pena ni gloria”, ya que no fue capaz de instalar la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH), al tiempo que tildó de “criminal” usar este tema como bandera de campaña.
– Este gobierno habla de derechos humanos, pero no es abanderado de ellos, cuestionó.
Este domingo finaliza la cuarta extensión del memorándum de entendimiento entre Honduras y la ONU para instalar la CICIH. El gobierno ya envió nota para extender el mismo a una quinta ampliación.
Ante esa realidad, el sociólogo valoró como positivo que se solicite una nueva ampliación del memorándum de entendimiento porque el proceso de instalació de la MACCIH demostró que son negociaciones complejas.
Pidió olvidar que este gobierno cumpla con su promesa de instalar el mecanismo anticorrupción, y aunque haya un entendimiento la instalación de la CICIH no durará seis meses que son los que le restan a la actual administración.
Martínez cuestionó que la actual candidata del oficialismo enarbole la bandera de la traia de la CICIH cuando tuvieron cuatro años y no se pudo materializar esa aspiración del pueblo.
Reprochó que los políticos de todos los partidos se benefician de la corrupción pública. “Aquí lo criminal es que la CICIH se utilice como un tema de campaña. Este gobierno ya se fue sin cumplir esa promesa, se van sin pena ni gloria, entonces exijamos a los nuevos liderazgos políticos que si se logra firmar una extensión del plazo, se inicie el próximo año la negociación para tener una CICIH”, reflexionó.
En otro tema, sobre los nueve meses que se cumplieron del asesinato del ambientalista Juan López, refirió que el Estado le ha fallado a la sociedad. “Hoy hablamos de Juan, pero antes de él cualquier cantidad de defensores de derechos humanos fueron asesinados sin tener respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial, que no han cumplido con su labor”, manifestó.
Puntualizó que defender los derechos humanos en Honduras sigue siendo una labor muy peligrosa ante la inoperatividad del Estado para garantizar su seguridad.
