Tegucigalpa.- La MACCIH, que vence en enero del próximo año, será evaluada y de esos resultados dependerá la renovación o no de la permanencia de la Misión en este país centroamericano. Las cartas están echadas y lo que resulte se sabrá 45 días después que inicie la evaluación a cargo de una instancia internacional e independiente, se informó.
El nuevo canciller de Honduras, Lisandro Rosales, confirmó que el 19 de julio le fue enviada una nota al secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitando esa evaluación para posteriormente iniciar las acciones que estimen pertinentes para que el gobierno mantenga o no su compromiso.
Rosales dijo que “lo que no se evalúa no se puede mejorar” al dejar centrada dos preocupaciones en torno a la Misión: su trabajo relacionado con los centros penales y el tema de la depuración policial, como parte de la división del tema de seguridad que tiene entre sus componentes la Misión. “Queremos saber qué ha hecho” la MACCIH sobre ello, acotó el funcionario.
Asimismo envió un mensaje a quienes tienen suspicacias sobre la evaluación: “a los historiadores de fábulas de conspiración quiero decirles que no pueden seguir generando suspicacias y dudas con el compromiso que existe tanto en la OEA como Honduras en este proceso que tiene que ver con la lucha inclaudicable contra la corrupción”.
En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó en un comunicado que acatará la solicitud del gobierno y procederá a buscar quién será la institución independiente que evaluará el trabajo de la Misión.
La MACCIH, cada seis meses, entrega a la Secretaría General de la OEA para ser presentado ante el Consejo Permanente de esa organización, un informe sobre su labor en el país. En el se exponen los trabajos hechos en sus áreas temáticas primordiales: a) División de Prevención y combate a la corrupción, b) División de reforma del sistema de justicia penal, y, c) División de seguridad pública.
En cada una de estas áreas la MACCIH ha detallado el trabajo que realiza, siendo el más visible y de cobertura mediática el relacionado con el combate a la lucha contra la corrupción y la labor de acompañamiento en la investigación y elaboración de los casos con la UFECIC del Ministerio Público.
Once casos y 10 mil millones
La MACCIH llegó a Honduras hace tres años, tras la presión ciudadana, ante el escándalo del desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Durante su gestión ha tenido dos voceros, el peruano Juan Jiménez Mayor, quien renunció tras una serie de diferencias a lo interno de la Misión. Jimémez acompañó los primeros casos de corrupción que incluían a diputados, exdiputados, funcionarios y ex funcionarios.
Le sucedió Luis Marrey Guimarães, un fiscal brasileño de carrera que terminó de completar los casos dejados por Jiménez Mayor y algunos otros, se fue tras un año de estar en el país al aducir que ese fue el trato hecho con la OEA.
Ambos exvoceros, dieron su propia mística a la MACCIH, que ahora queda bajo el interinato de la fiscal Ana Calderón, misma que fue la que interpuso el caso contra la ex primera dama en el caso denominado “Caja de la chica” y cuya sentencia está próxima a ser emitida por un tribunal.
En sus tres años, la MACCIH ha logrado junto al MP-UFECIC judicializar más de una docena de casos que buscan recuperar un poco más de 10 mil millones de lempiras que fueron desviados del erario para fines particulares, en diferentes modalidades de saqueos.
En enero del próximo año, la Misión culmina el período de cuatro años para el cual fue creada, y de momento, la MACCIH goza de una buena percepción ciudadana sobre su trabajo y ha logrado coordinar un observatorio de justicia penal que reúne a instancias civiles que trabajan el tema y tienen un compromiso en la lucha anticorrupción.
La evaluación anunciada por el gobierno y la OEA, empezó a generar ruidos en sectores sociales y políticos, pues mientras unos dicen que la misma sirva para fortalecer la Misión y no para debilitarla, otros advierten que ello puede retardar el proceso de renovación de la Misión, a cinco meses de que concluya su estadía.
Doris Gutiérrez, diputada pinuista, es del criterio que esa evaluación es una estrategia para retrasar la firma del convenio y si se renueva, querer “cortarle alas” al convenio y bajar el perfil al MP-UFECIC, el brazo clave de la Misión ante los casos que se presentan en el poder judicial.
Gutiérrez dijo que existen intereses políticos para que la MACCIH fracase en sus intentos pues los casos presentados atacan directamente a la clase política y estos han respondido con una serie de acciones legales para blindarse en caso que les toque el brazo de la justicia.
Malestar por la Misión
A su vez, el representante de sociedad civil, Omar Rivera, es del criterio que la evaluación no debe ser satanizada, y que la misma debe servir para fortalecer a la Misión y no para debilitarla, al indicar que el trabajo de la Misión ha sido loable y se merece una renovación para continuar fortaleciendo la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El último portavoz de la Misión, Luis Guimarães, dijo que la corrupción en Honduras había operado—hasta antes de la Misión—como un aeropuerto abierto, en donde todo mundo operaba en completa impunidad porque confiaban en que nunca serían tocados por la justicia.
La MACCIH, vino y dijo “no más”, recordó Guimarães, ahora, la misma será evaluada y según sus resultados, el gobierno analizará los próximos pasos a seguir. Y de entrada dos temas serán el centro de la evaluación: las cárceles y la depuración policial, así lo dejó entrever la cancillería.