Tegucigalpa- El director del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional, César Espinal, advirtió que la actual parálisis legislativa refleja la crisis de funcionamiento del Congreso Nacional, un poder del Estado que, recordó, tiene la responsabilidad de elegir a la Corte Suprema de Justicia, fiscalizar al Poder Ejecutivo y nombrar autoridades en distintas instituciones.
Espinal señaló que este rol trascendental se ha visto debilitado por la manera en que los congresistas manejan la actividad parlamentaria. “Hay un cinismo y un descaro evidente en el actuar de los diputados. Muchos están acostumbrados a reproducir las malas prácticas del pasado, viendo el Congreso como un mercado donde se negocia el poder, las voluntades e incluso se compran unas a otras”, cuestionó.
De acuerdo con el analista, esta dinámica se traduce en una suerte de “extorsión legislativa”, en la que la aprobación de proyectos depende de concesiones cruzadas entre las facciones políticas. Como ejemplo, mencionó el fondo departamental y la gestión de ayudas sociales, que, en lugar de destinarse al desarrollo de las comunidades, muchas veces son utilizados en clientelismo político o incluso se desvían para enriquecimiento ilícito.
“Lo vimos con el caso de Sedesol y antes con la Red de Diputados: el dinero del pueblo termina financiando campañas electorales”, recordó Espinal.
El director del Observatorio de Política Criminal concluyó que la crisis legislativa no solo obstaculiza la gobernabilidad del país, sino que también mina la confianza ciudadana en un Congreso que, en lugar de legislar con responsabilidad, se convierte en un escenario de negociación partidaria.LB
