Por: Ernesto Gálvez
Tegucigalpa.- Sí, los 100 kilómetros de una autopista de cuatro carriles que aún no se termina, constituye el proyecto carretero más importante jamás construido en el país. Las primeras gestiones se iniciaron desde el gobierno de Carlos Roberto Reina.
Por tratarse de una obra de alta inversión pública, se realizaron múltiples gestiones de financiamiento y muchos estudios de factibilidad técnica y ambiental. Se han realizado tres modificaciones a los contratos de construcción entre noviembre de 2013 y mayo 2016, lo mismo que varias entregas parciales de la obra. Por ejemplo, de los cien kilómetros del total, se han entregado el tramo del extremo sur que comprende desde El Amatillo hasta Caridad, pasando por los municipios de Aramecina y Goascorán en el departamento de Valle.
El tramo comprende aproximadamente el 70% del total, mismo que está cien por cien terminado; con señalización de primera, zonas de descanso, retornos cercanos, señales de tránsito reflectivas nocturnas, en fin, una obra de primer mundo en una de las zonas de mayor atraso relativo del país, lo que constituye el impulso inicial clave para otros desarrollos. Sin embargo, a la altura de San Antonio del Norte, depto de La Paz, el transeúnte no se explica cómo un proyecto con la participación de tantos entes nacionales e internacionales con gran experiencia y capacidad, se hayan dejado cinco kilómetros sólo a nivel de terracería donde los vehículos tardan treinta minutos en recorrerlo. El extremo norte del canal seco tiene veinticinco kilómetros a medio terminar, donde hace falta kilómetros enteros sin construir dos de los cuatro carriles, fallas geológicas no corregidas, escombros no retirados, vegetación invasiva, no señalización, etc, etc.
Podemos afirmar que el famoso CANAL SECO está en un punto crítico: o termina prontamente de construirse completamente o pasa a formar parte de la numerosa lista de proyecto tortuosos que dejan un sabor de ineficiencia, negligencia y corrupción, todo lo cual afecta la credibilidad y seguridad jurídica del país, lo que ha permitido también la continuada descalificación del país de los recursos de la Cuenta del Milenio, desde hace más de tres quinquenios. Viene a nuestra memoria proyectos como el anillo periférico de Tegucigalpa que pasaron tres o cuatro alcaldías si ser concluido; también el corredor turístico La Barca-Tela que, muy fácilmente, una compañía abandona la construcción y nadie hace valer las famosas garantías o seguros establecidos en los contratos, lo que nunca hemos visto se ejecutan, cuando una parte contractual falla. Es más, la misma CA 5 que une Tegucigalpa con SPS, luego de diez años de haberse habilitad, recién hasta hace unos meses se está trabajando en los cinco kilómetros de Las Flores en el inicio del Valle de Comayagua. Si no se apuran, va a entrar en operaciones el aeropuerto de Palmerola sin que ese agujero de baches se haya extirpado.
Es más, la CA 5 tiene otro bache importante: el tramo de La Barca hasta Villanueva. Han pasado muchos años para que la tortuga siga haciendo de las suyas en este otro tramo de la CA 5que tiene alrededor de diez kilómetros. Por lo menos el gran puente paralelo en el Río Ulúa está en funcionamiento y el desvío para evitar el paso por Potrerillos y Pimienta también. Esperamos que el año 2020 sea el fin de la pachorra carretera de la CA 5, que junto al Canal Seco Amatillo-Pto Cortés, constituyen el llamado Corredor Logístico de Honduras que conecta, con carreteras de primera, el Atlántico y Pacífico y las principales ciudades de Honduras, y ahora, los dos aeropuertos internacionales más importantes: Villeda Morales y Palmerola.
Tampoco podemos olvidar la carretera de Olancho que, pasaron dos presidentes de ese origen que no fueron capaces de concluirla. Tuvo que hacerlo el Presidente Hernández quien asumió esa honrosa tarea; lo mismo ocurrió con la Carretera del Sur, olvidada región que, al fin, ha visto una acción institucional responsable, tanto de la Presidencia de la República como del Congreso Nacional.
Pero no debe quedar la impresión que el actual gobierno no se ha equivocado. La creación de COALIANZA como ente descentralizado de la Presidencia de la República, fue un chasco. El oscuro manejo de muchos proyectos creados y operado a la luz de la Ley de Alianza Público Privada, especialmente del Corredor Turístico La Barca-Tela, llevó al propio Ejecutivo a eliminar dicho ente, luego de una evaluación de su funcionamiento. Según un informe pormenorizado elaborado por Transparencia Internacional por medio de su representante en Honduras ASJ, detalla que se autorizó el inicio de la concesión sin estudios técnicos y financieros pertinentes, adjudicándolo a la empresa que ofrecía más obras adicionales sin importar el costo de las mismas, lo que evitó proyectar fehacientemente los beneficios y perjuicios en contra las partes involucradas; tal es el caso del Estado, empresas privadas, bancos y población beneficiarias, lo que provocó, por ejemplo, que el costo del proyecto aumentara hasta tres veces su valor referencial inicial. Y es que los pliegos de licitación reportan un costo original de USD 98.2 millones; sin embargo, con las obras adicionales el monto contratado ascendió a USD 162.5 millones según COALIANZA y a USD 268.9 de acuerdo a la Superintendencia de Asociación de Asociación de Alianza Pública Privada (SAPP).
Del mismo modo, continúa el informe, la obra no ha podido ser concluida a pesar que según el contrato original suscrito el 14 de diciembre de 2012, debió finalizar el 3 de abril de 2017. Dicha obra se ha ejecutado en apenas un 26.38%, según informe de la SAPP del mes de julio de 2018, lo que representa una inversión de USD 42.8 millones. No obstante, existe una negociación de pago de la empresa concesionaria y los financiadores por USD 110 millones adicionales a los USD 23 millones ya pagados, es decir, un total de USD 133 millones, especifica el reporte redactado por la ASJ.
Es una pena, pues en muchos países la figura de las APP ha sido clave para impulsar las inversiones público-privado en muchos megaproyectos. Por información de prensa, se valora que el Proyecto de Ampliación de los Muelles de Puerto Cortés ha sido un exitoso ejemplo de asociación público-privada en grandes proyectos, al grado que este puerto ha recuperado su posición de mejor puerto del Atlántico Centroamericano. Sin embargo, el balance general de la evaluación de COALIANZA fue negativo. Un grupo de cercanos amigos del Presidente no pudo aportarle lo que debían en un novedoso esquema institucional que estaban comprometidos a sumarle mejores resultados a su gestión gubernamental. En defensa de su actuación, un especialista de COALIANZA sostiene que las acusaciones no tienen fundamento ya que, en el caso del proyecto Corredor Turístico, al quemarse algunas casetas por parte de “revoltosos” no se captaron los recursos de repago, razón por la cual se detuvieron los pagos y en consecuencia los trabajos a las empresas constructoras.
Tegucigalpa Diciembre 30, 2019
