Tegucigalpa – A dos años de la mayor masacre ocurrida en la única cárcel femenina que tiene Honduras, donde 46 mujeres que estaban bajo la custodia del Estado hondureño fueron asesinadas, una familia de las víctimas sigue esperando su cuerpo, otro cadáver no aparece y la lista de procesados por el hecho llega a 16, pero sin llegar a los altos eslabones.
– Tras casi 24 meses desde la masacre, sigue la duda sobre la identidad de un cuerpo, mientras otra fémina que estaba en los registros no apareció.
– Estado de Honduras avanza en proceso de negociación y conciliación para la reparación a las familias de las víctimas.
– Las denuncias de la viceministra de Seguridad que responsabiliza a altos cargos de la Policía no han tenido eco en la justicia hondureña.
Los hechos ocurridos la mañana del 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) siguen en la memoria de las familias de las 46 mujeres que perdieron la vida; 44 familias tienen un lugar dónde llorar a sus muertas, la familia de Sandra Xiomara Rodríguez, quien permanecía privada de libertad desde el 17 de septiembre de 2022, aunque al momento de la masacre no había sido condenada, siguen esperando su cuerpo.
Las 46 reclusas murieron en medio de un incendio y bajo una lluvia de balas de presuntas pandilleras de Barrio 18 que lograron salir de sus celdas para atacar a sus rivales de la MS-13, según las autoridades.
Sandra estaba entre las mujeres que murieron quemadas.
Cuatro meses después de la masacre, Fernando González, el apoderado legal de la familia Rodríguez, presentó ante la Sala de lo Constitucional un Habeas Corpus, contra actuaciones de la directora de la PNFAS ubicada en Támara. Tras ocho meses, el Poder Judicial decidió declarar en reserva el recurso de Habeas Corpus o exhibición a favor de Sandra Xiomara hasta que aparezca la agraviada, algo que a casi dos años de la tragedia no ha ocurrido.
Cárceles siguen bajo mano militar
Tras la matanza, la presidenta Xiomara Castro devolvieron el control de las cárceles del país a los militares, mientras que Gustavo Sánchez, quien fungía como director de la Policía Nacional, bajo cuyo liderazgo ocurrió la masacre, fue nombrado ministro de Seguridad.
En febrero pasado, el diario argentino Infobae dedicó un amplio reportaje a la investigación de la masacre de las 46.
El reportaje detalló que hay pruebas que vinculan a la Policía de Honduras con la matanza de 46 mujeres en una cárcel de máxima seguridad, una versión que coincide con las declaraciones de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
La funcionaria dijo, durante declaraciones públicas, que la Policía Nacional de Honduras es una de las responsables en la masacre de 46 mujeres.
De su lado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reiteró a Proceso Digital su preocupación por la prolongación del proceso judicial y las investigaciones ya que no se ha esclarecido la verdad de lo sucedido, ni se han sancionado a los autores materiales e intelectuales de los hechos.
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La coordinadora de la Defensoría de Privados de Libertad del Conadeh, Guadalupe Silva, manifestó durante una entrevista a Proceso Digital que a la fecha no al no tener noticias de quienes son los autores materiales e intelectual, “deviene en una total impunidad de estos delitos y violación”.
“Es un plazo razonable para garantizar el acceso a la justicia ya que vamos sobre los dos años y solamente se han presentado requerimientos fiscales y emitido sentencias para 17 mujeres privadas de libertad que cometieron el hecho según las autoridades, pero todavía no conocemos nada sobre los funcionarios que estaban a cargo”, aseveró al destacar “no conocemos una verdad”.
Las condenadas, todas integrantes de la Pandilla 18, responden a los nombres de: Claudia María Lemus Aceituno, Cherry Darling Guevara, Karen Lorena Ávila Pavón, Suyapa Godoy Leiva, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Heidy Jackeline Palma Rivera, Kenia Patricia Salinas Rivera, Francis Margarita Chavarría Ávila, María del Carmen Contreras Castillo, Anny Dayane Barahona Mejía, Leila Figueroa Pavón, Lurdes Eloisa Barrientos Turcios, Rosa Berta Marroquín Almendares, María Cristina Cálix Salinas y Dania Jackeline Maradiaga Flores.
En tanto, el juicio oral y público de Arleny Sarahí Guerra Portillo se desarrolló a finales de mayo.
Para representantes de la sociedad civil es importante cumplir con las leyes y recuerdan que la Ley del Sistema Penitenciario establece que el ente encargado de la administración de las cárceles siempre será el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Aunque las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar el Orden Público (PMOP), sigue administrando las cárceles del país y si bien destacan que perciben mejoras en esta labor, piden no olvidar que este es un proceso transitorio y en algún momento debe volver su control al INP.
Sin justicia
El director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, dijo a Proceso Digital que en este hecho hay dos grandes líneas de seguimiento: Primero la parte investigativa en el entorno de la autoría materiales e intelectuales en la comisión del delito y en segundo lugar, la retribución a las familias.
“En la parte investigativa se conoce que el Ministerio Público ha avanzado sustancialmente en la parte de la acusación en el caso de las alturas materiales, aunque poco o nada se sabe de la autoría intelectual, pues no ha habido otros requerimientos fiscales que abarque a personal penitenciario y otros con relación al ingreso de las armas, el combustible y otros elementos que se han mencionado por autoridades”, mencionó.
Castañeda dijo que para que las armas y combustibles usados en la masacre tuvo que ingresar con la autorización de funcionarios públicos y autoridades penitenciarias, “ahí tiene que deducírsele una responsabilidad a alguien”.
El director de Justicia y Seguridad de ASJ expresó que en el tema de las autoras de materiales, se espera una efectividad sustancial, bastante fortalecida.
A la fecha, un tribunal condenó a 15 mujeres autoras materiales de la matanza. Pero todo este capítulo, uno más en la historia de la corrupción que ha plagado al Estado de Honduras, sigue sin tener un cierre.
“Por la respuesta que hubo por parte del Ministerio Público con la captura de los materiales, allí hubo una respuesta. Hubo un trabajo investigativo, y se les presentó una acusación formal, están bajo un proceso judicial, ya una de ellas está en juicio oral y público, pero hay elementos que todavía quedan pendientes”, concluyó.
Castañeda mencionó entre los pendientes, la identificación de Sandra Rodríguez, además de la persona está enlistada pero cuyo cuerpo no apareció dentro de la escena del crimen.
“Esas cosas no pueden pasar dentro del sistema penitenciario. Son cosas que dejan en evidencia la fragilidad que existe en el sistema”, destacó. Asimismo, recordó que no hay información de las autorías intelectuales, por lo que al conjugar todos los elementos, “puede determinar que no ha sido tan efectivo el sistema en general”.
Gobierno negocia con familias
Castañeda indicó que tiene información que apunta a que hay un interés del Estado en iniciar el proceso de negociación y conciliación para la reparación a las familias de las víctimas.
“Se sabe de qué no son todos los familiares de víctimas que están abiertos a negociar y conciliar con el Estado, pero hay un número importante que sí”, indicó tras agregar que ese es un elemento positivo a destacar tras dos años de la tragedia.
En el caso que no se llegue a una conclusión, mencionó Castañeda, siempre se tiene la posibilidad de apoyar a estas familias para que puedan llevar su caso ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que como se recordará fue una de las primeras instancias internacionales en condenar la brutal matanza.
Castañeda, añadió sin embargo, que no solo es de pagar y que quede allí, “el Estado debe comprometerse a corregir las falencias y las carencias que existen en el sistema penitenciario y también crear un procedimiento de reparación a víctimas, que ya quede establecidos”. PD
