Tegucigalpa – Las inverosímiles historias de las cárceles hondureñas y del mundo criminal que se teje en el país, parecen no tener límites. La imaginación de cualquier novelista queda corta. Al mejor estilo de un “transformer” o emulando a Bruno Díaz cuando se encarna en Batman, “El Pechocho” es el otro y el otro es “El Pechocho”.
– El RNP trabaja identificando a la población privada de libertad y el proceso ya genera sorpresas.
– Un hecho que llamó la atención fue la fuga de 18 reos de Támara. Al difundir las identidades las autoridades proporcionaron hasta dos nombres de cada prófugo .
– Un poco más de 18 mil 300 reos componen la población penitenciaria, cerca de dos mil recluidos en cárceles de máxima seguridad ya fueron registrados en novedosos sistemas del RNP.
“El Pechocho”, es un criminal condenado a más de 500 años de prisión por el asesinato de 17 trabajadores en una zapatería en la zona norte y su caso ha mostrado la debilidad en que el sistema carcelario ha operado durante décadas.
Este hombre presuntamente preso en una de las cárceles de mayor seguridad en Honduras, denominada “El Pozo”, ubicada en la occidental Ilama, Santa Bárbara, aparénteme nunca estuvo en el encierro y fue suplantado por otro que purga por él una condena.
Los detalles y conjeturas sobre el tema son muchos, especialmente por las contradicciones en las declaraciones de los responsables de dirigir el sistema penitenciario hondureño, quienes no pueden justificar ni aclarar lo que realmente ocurre en sus dominios.
En el caso de “El Pechocho” la impunidad muestra uno de sus ángulos más grotescos y claros.
Grilletes, audiencias virtuales y pruebas de ADN
Pese a que el propio presidente del país, Juan Orlando Hernández, advirtió que en las cárceles hondureñas el control venía siendo ostentado por los propios delincuentes, el nivel de sus palabras nunca se sopesó en la magnitud de la gravedad que hoy develan las investigaciones.
Sus declaraciones fueron brindadas en el contexto de una fuga masiva de reos que serían trasladados de la Penitenciaría Nacional de Támara a otra de mayor seguridad. De ese hecho, se conoció que no había certeza absoluta sobre quienes se fugaron y quienes aún quedaban en el recinto carcelario.
Este lunes el gobernante anunció una nueva herramienta jurídica para seguir con la reforma en el sistema penitenciario hondureño. Este paquete incluye el uso de grilletes electrónicos, audiencias virtuales y registro de reos mediante ADN.
¿Más sorpresas?
Una fuente de todo crédito informó a Proceso Digital que, en medio de la crisis generada tras hacerse público el caso de “El Pechocho”, las autoridades buscan establecer a través del Registro Nacional de las Personas (RNP), la identidad de cada uno de los presos.
El informante dio a conocer que las verificaciones preliminares ya muestran resultados sorprendentes.
El programa de identificación fue confirmado por el subdirector técnico del RNP, Gerardo Martínez, quien consultado por Proceso Digital dijo que en el caso de los reclusos de El Pozo, ya fueron certificadas las identidades de la mayoría de la población penitencia. Indicó que quedan al menos 300 reclusos a quienes aún deben identificar plenamente, pero ese trabajo ya se procesa.
En el caso de El Pozo, mil 100 ya fueron sometidos al proceso. Mientras en La Tolva, cerca de 800 ya fueron registrados en los sistemas del RNP.
Contó que investigan 30 expedientes de reos con duplicidad de identidades.
“Hace 15 días comenzamos en La Tolva, ahí se documentó a toda la gente. En ambos casos estamos a la espera del informe final”, señaló.
El funcionario del RNP dijo que esperan que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) los vuelva a convocar para culminar el proceso de identificación en El Pozo. “Las brigadas consisten en documentar toda la gente, se toman fotografías, huellas dactilares y se coteja la información que nos brindan con la que nosotros tenemos”, adicionó.
Martínez desglosó que casi dos mil fichas de identificación ya están finalizadas sobre estos reclusos considerados de máxima peligrosidad.
Reveló que también procederán a registrar a los restantes privados de libertad que se encuentran en los demás recintos carcelarios del país. “Este es un proyecto que requiere de tiempo, no es una identificación normal porque aquí están en juego varios cuestiones de seguridad e implica ir a visitar el local”.
Agregó que han enfrentado ciertas dificultades para concluir con el proceso de identificación en estas dos cárceles de máxima seguridad. “En el caso de El Pozo en el primer día enfrentamos problemas, pero ya después todo normal. En La Tolva en el primer día no querían los reclusos que los documentáramos, al final hablaron los jefes de presidio y pudimos realizar el proceso de identificación”.
Además, agregó que en La Tolva tuvieron inconvenientes logísticos para realizar la identificación, pero luego fueron superados.
“Estamos trabajando con paciencia, al final es una cuestión de apoyo al Instituto Penitenciario que forma parte de seguridad nacional”, concluyó Martínez.
Lamentable dice presidente Argueta
De su lado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, lamentó que en el país no existan controles seguros sobre la identificación de privados de libertad.
“En derecho existe algo que se llama el principio de identidad, el sistema, el Estado, las instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario y otros debemos estar absolutamente seguros de la identidad, nombre completo, número de identidad y otras características que identifican a una persona y la hacen absolutamente distinta del resto de los ciudadanos”, explicó.
Argueta llamó a poner atención en ese proceso de identificación. “Es inaceptable que existan inconsistencias o ambigüedades en la identificación de las personas privadas de libertad”, puntualizó.
Extraditables con doble identidad
La suplantación de identidades en Honduras también ha sido utilizada por criminales de alto perfil. Un extraditable intentó usar sus argucias y aunque logró atrasar el juicio especial en el proceso que se le seguía para determinar o no si debía ser enviado a los Estados Unidos, donde se le vinculaba al cartel de los Valle Valle, no pudo sustentar su tesis todo el tiempo.
“Fue una gran lucha que logramos librar con la ayuda de la prueba científica y la colaboración de varias oficinas involucradas”, dijo a Proceso Digital una alta jueza, conocedora del caso.
Esta duplicidad de nombres enredó la extradición de Carlos Emilio Arita Lara, según correspondió a su real identidad, pero él utilizó el nombre de Porfirio Montufar Arita, mismo que era usado por su defensa en el tribunal.
“Hubo elementos indispensables en el proceso que fueron refrendados por las diligencias técnicas y dactiloscópicas.
Tanto el Registro Nacional de las Personas como la oficina de Migración, fueron fundamentales.
Este hombre adoptó la identidad de un fallecido e hizo el trámite falso en su lugar de origen y al momento de hacer las pruebas de huellas intentó confundir cruzando las manos al hacer los registros y eso también pudimos detectarlo”, expresó la juzgadora.
También dijo que este presunto capo utilizaba las dos identidades al momento de salir del país y ese registro también contribuyó a determinar su verdadera identidad en un complejo proceso.
Mientras el proceso se efectuaba, la defensora privada del imputado Vanessa Maldonado, declaraba a periodistas que “Estados Unidos en la orden de extradición pide a Carlos Emilio (Arita Lara) y el detenido se llama Porfirio Montufar Arita, él no tiene nada que ver porque el detenido es otro”.
“El Rojo”
Otro caso de doble identidad es el de un capo de primera línea en la región. Víctor Hugo Díaz Morales o Víctor Manuel Villegas Castillo, alias “El Rojo”, requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, capturado a inicios de marzo de este año en Guatemala.
“El Rojo” es solicitado por el Gobierno de Estados Unidos por medio de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y señalado de conspiración para importar dentro del territorio aduanero norteamericano cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contienen una cantidad perceptible de cocaína.
Además, tiene señalamientos por fabricar y distribuir cocaína con conocimiento e intención de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a EEUU y dentro de zonas marítimas, con una distancia de 12 millas de la costa del país estadounidense.
El caso de este hombre también muestra el uso de doble identidad, un hecho que ya advierte potenciales dificultades en el proceso para extraditarlo.
“El Rojo” y el también mafioso Wilter Neptaly Blanco Ruiz, preso en los Estados Unidos, tras su extradición desde Costa Rica, son considerados como cabezas de los negocios ilícitos en la región centroamericana y vitales en el tráfico de droga desde Colombia y otros países del sur hacia los EEUU.
