México – El coordinador de Vinculación de la Presidencia mexicana, Jesús Ramírez Stabros, dimitió hoy tras ser cuestionado por un conflicto de intereses debido a que supuestamente fue consejero externo de la empresa española Iberdrola desde 2009 hasta junio pasado, cuando al parecer dejó también ese cargo.
Fuentes de la Presidencia mexicana confirmaron a Efe la renuncia, realizada a través de una carta dirigida al jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, y anticipada por la cadena de radio MVS.
En la misiva, Ramírez señala que pidió a la Secretaría de la Función Pública que «esclarezca de forma transparente y contundente si existió o no conflicto de intereses» en su desempeño como servidor público.
«En días pasados, se ha cuestionado si tuve o no conflicto de intereses al haber permanecido como consejero externo de la empresa Iberdrola -cargo al que fui invitado en el año 2009 y al que renuncié en junio pasado-«, recordó.
«Estoy convencido que mi conducta ha sido en todo momento apegada a derecho. Sin embargo he tomado la decisión personal de presentar mi renuncia al cargo de Coordinador de Vinculación de la Oficina de la Presidencia», concluye la carta.
Consultada por Efe, la filial de la compañía española en México indicó que, de proporcionar la empresa información sobre el caso, será la casa matriz la que lo haga.
El 8 de agosto pasado la emisora MVS denunció que Ramírez Stabros era desde julio de 2013 miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Iberdrola México, un cargo asumido siete meses después de haber sido nombrado coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República.
Según MVS, el 26 de agosto pasado el ciudadano español Miguel Gallardo presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España por «presuntos delitos relacionados con la corrupción», perseguibles de oficio de acuerdo con el Código Penal de España.
Gallardo solicitó que se investigue la relación del funcionario mexicano con la filial de Iberdrola en el país latinoamericano, lo que a su juicio representa una «incompatibilidad» que constituye «en sí misma» un «claro indicio» de delitos que deben ser investigados por la justicia española.
