Tegucigalpa – El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, fue detenido este martes por agentes policiales por un caso de presunta corrupción, informó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez
Márquez, uno de los diputados más beligerantes del Partido Nacional ha sido capturado en momentos en que el país vive una crisis política que justamente la noche de este martes deberá encontrar indicios de solución en el pleno del Congreso hondureño donde las bancadas de oposición deberán jugar un papel clave.
De acuerdo al procedimiento de la ley, los diputados que son señalados por actos reñidos de la justicia deben ser sometidos a un procedimiento especial, se les nombra un juez natural que generalmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien procede tradicionalmente a citar al alto funcionario o diputado. En este caso, la acción contra Márquez fue abrupta y en lugar de ser objeto de citación se le liberó orden de captura y su audiencia tendrá lugar hasta mañana miércoles, según conoció Proceso Digital.
Además, también fueron capturados el juez Raymundo Gradiz, y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala.
El caso se origina del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra exfuncionarios, un actual diputado, abogados y jueces por presunta corrupción que habrían drenado más de tres mil millones de lempiras a través de demandas supuestamente ilegales, según el ente acusador del Estado.
De acuerdo a las investigaciones, el caso surge cuando Márquez fue titular de la desaparecida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Presuntamente también está implicada la excoordinadora del gobierno, Martha Doblado ; la exdirectora legal de Sedecoas, Eva María Vásquez Villanueva ; el apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros (NAINSA), Juan Fernando Madrid Lezama ; la exintegrante del tribunal arbitral del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Caronte Rojas Zavala ; y el representante legal de la empresa DRC Inc, Murray Paul Palmer .
Igualmente, son acusados el exfuncionario de la PGR, Héctor Alvarado Mejía; y el receptor del Poder Judicial, Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
En el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP.
De su parte, el abogado y analista, Kenneth Madrid, dijo a Proceso Digital que por la calidad de «alto funcionario» del diputado Márquez se debió presentar el requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si fue así, se le debió dar trámite después de las vacaciones, se nombró un juez y el juez libra la orden de captura.
Entonces se trata de una acción coordinada entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, concluyó.
Si no fue así, entonces no está acorde con los procesamientos para altos funcionarios del Estado que regula el Código Procesal Penal en su procedimiento especial, zanjó.
Todavía hay ausencia de información, pero los protocolos dictas que se debió hacer de esa manera, es decir, se nombra un juez natural y el juez emite la orden de captura, dijo.
De su parte, el abogado Oliver Erazo dijo a Proceso Digital que se tuvo que haber nombrado un magistrado de la CSJ como juez natural para conocer este procedimiento.
Argumentó que el nombramiento de un juez natural es para que el funcionario imputado tenga la oportunidad de defenderse en libertad, y presume que la captura es más por asuntos políticos.
“Es para defenderse en libertad, no anda huyendo ni tiene un estado de peligrosidad procesal, es un show político”, declaró.
Mientras que el diputado Francisco López denunció que es una violación ilegal y arbitraria de la CSJ señalando que el pleno de magistrados no se reunió para conocer la captura.
“No nos sorprende, sabemos que Rixi Moncada está jugando su ajedrez político y trata de amedrentar a la oposición política
Advirtió que en el futuro vendrá muchas órdenes de capturas a miembros del Partido Nacional, liberales y empresarios que no son afines al gobierno. PD
