Tegucigalpa – El juez que conoce la causa dictó detención judicial a Marco Bográn por el caso de compra de mascarillas con presupuesto de la Comisión Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
Bográn es acusado por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
El exfuncionario rindió hoy su declaración de imputado ante el juez competente, en los juzgados en Materia de Corrupción.
Según confirmaron portavoces de la Corte Suprema de Justicia, a petición de la defensa de Bográn, la audiencia inicial contra los seis imputados en este proceso será el lunes 13 de junio a las 10:30 de la mañana.
Por este caso, se imputa a los exfuncionarios: Marco Antonio Bográn Corrales (director), Alex Alberto Moraes Girón (administrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (contador general), Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (especialista administrativo y financiero) por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, así como los empresarios Juan José Lagos Romero (propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya), Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería) por suponerlos responsables del delito de fraude.
Relación de hechos
De acuerdo a la relación de hechos, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de Invest-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
Los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la ATIC.
Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, en razón que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).
En base a estos hechos, el Ministerio Público presentó la causa ante el Circuito de los Juzgados Anticorrupción, logrando, hasta el momento, la ATIC dar captura a Moraes Girón en la colonia Tiloarque, a Rodríguez Mendoza a inmediaciones del Centro Cívico Gubernamental y a Guevara Mondragón en el kilómetro 9 carretera a Santa Lucía.
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