Tegucigalpa – El Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU afirmó este miércoles que la detención de ocho ambientalistas hondureños, por el caso conocido como Guapinol, hace más de un año por oponerse a un proyecto minero, «es arbitraria».
La instancia de expertos independientes indicó en un comunicado que en la detención de los ambientalistas las autoridades de Honduras no cumplieron las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial y contravinieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para corregir la vulneración de derechos, los expertos instaron al Estado de Honduras «a poner a los ocho defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho efectivo a obtener tanto una indemnización, como la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos».
Además, hicieron un llamamiento a «tomar estas medidas de forma urgente» teniendo en cuenta el contexto de la pandemia de la covid-19, que desde hace un año afecta al país centroamericano.
Los ocho defensores del agua están presos desde finales de agosto de 2019, acusados de delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
Los expertos afirmaron que en el caso de Guapinol pudieron confirmar que la detención «es arbitraria porque no existe fundamento jurídico alguno que la justifique».
«Los ocho defensores permanecen detenidos, sin base legal, en violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», indicó el grupo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Su detención, añade el comunicado, «no se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento legal establecido y no contempló las debidas garantías de un Estado de derecho».
El Grupo de Detenciones Arbitrarias considera que los defensores están detenidos «arbitrariamente», porque su privación de libertad guarda relación con «el ejercicio de derechos, en particular la libertad de opinión, expresión y reunión, lo que constituye una violación de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Declaración Universal y del Pacto».
La organización a la que representan los detenidos es reconocida por las autoridades de Honduras como una instancia que «trabaja en defensa y procura la implementación de los derechos humanos -entre ellos los ambientales- de los ciudadanos hondureños», añadió.
PROCESO AVANZA SIN CUMPLIR CRITERIOS DE JUICIO JUSTO
Además, señaló que, aunque no existen argumentos que justifiquen el proceso judicial contra los defensores, el mismo «ha avanzado sin cumplir con los criterios de juicio justo, independiente e imparcial».
«Se ha demostrado una violación de los elementos que garantizan un juicio justo para los ocho defensores, incluyendo la violación de sus derechos de igualdad de tratamiento frente a la ley, de la garantía de la no discriminación y de la independencia de los tribunales», según los expertos.
El conflicto en Guapinol, según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, Colón, se origina «por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del fallecido magnate Miguel Facussé)».
Ese proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) hizo un llamamiento a los operadores de justicia del país para que «garanticen la aplicación» de la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y «el respeto de los derechos» reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
JS
