(Traducción libre del artículo publicado el 6 de Octubre acreditado a Joseph Goldstein y Benjamín Weiser ) El número de asesinatos que el señor de la droga hondureño admitió haber orquestado durante 10 años fue impresionante.
Los muertos incluyeron a personas que describió como asesinos, violadores y pandilleros. Luego estaban los inocentes: un abogado, dos periodistas, un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que servía como zar antidrogas de Honduras y un político que se convirtió en su asesor; hubo incluso dos niños atrapados en un tiroteo.
En total, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga dijo que, trabajando de concierto con narcotraficantes y otros, había “causado” la muerte de 78 personas, un número que planteaba un dilema para los funcionarios de Estados Unidos cuando Rivera llegó a ellos ofreciendo exponer la corrupción de alto nivel en esta nación centroamericana de unos nueve millones de personas.
Sabiendo que ya estaba en la mira de los investigadores de Estados Unidos, Rivera trató de ayudar a la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a erradicar a los políticos hondureños corruptos y a otras élites que habían hecho de Honduras una puerta para enviar cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos a través de México.
La oferta llegó en un momento en que los funcionarios estadounidenses estaban profundamente preocupados por la caída de Honduras en la anarquía. Aliado incondicional y sede de una base militar de Estados Unidos, Honduras estaba plagada de narcotraficantes y pandillas y tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Es el primer punto de aterrizaje para alrededor del 80 por ciento de los vuelos sospechosos de drogas que salen de América del Sur, dijo el Departamento de Estado.
Sin embargo, firmar con el señor Rivera un acuerdo formal de cooperación significaba que el gobierno probablemente tendría que hacer algo por él: buscar la clemencia en su nombre, lo cual podría evitarle una larga sentencia de prisión y dejar a las familias de las víctimas hondureñas creer que el señor Rivera se libró de (pagar por) los asesinatos.
Hoy, cuatro años después de iniciada la cooperación clandestina del señor Rivera, los fiscales federales de Manhattan, con su ayuda, acusaron a siete policías de la fuerza nacional de Honduras, junto con el hijo del expresidente del país y varios miembros de una destacada familia bancaria hondureña.
La evidencia, dijo un fiscal en una audiencia el 5 de septiembre, mostró nada menos que el “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”.
Los investigadores también recopilaron evidencias de que el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, tomó sobornos para proteger a los traficantes y que el dinero de la droga pudo haber ayudado a financiar el ascenso del actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.
Ningún político ha sido acusado y, a través de representantes, negó vigorosamente las acusaciones a The New York Times.
Aquí en la capital, que se encuentra rodeada de montañas, se ha especulado mucho sobre quién se enfrentará luego a los cargos en Nueva York, algunos de ellos alimentados por la Embajada de Estados Unidos, que tomó el paso inusual de publicar una lista de hondureños, incluidos actuales oficiales militares, bajo investigación por narcotráfico y corrupción.
Los fiscales han reclutado a cooperadores con antecedentes violentos para lograr el mayor objetivo de derribar a un líder de la mafia o a alguna banda violenta. Salvatore Gravano, exsubcomandante de la familia del crimen Gambino en Nueva York, quien se convirtió en informante del gobierno, admitió haber matado a 19 personas.
En el caso de Honduras, los fiscales que aprobaron el acuerdo con el señor Rivera y un segundo acuerdo con su hermano, Javier, dicen que los hombres ofrecieron una oportunidad única para exponer los vínculos entre narcotraficantes y políticos y empresarios hondureños.
“El tráfico de drogas ilegales en Honduras no solo infectó gran parte de su sociedad civil, incluyendo a los niveles más altos de gobierno y su sector financiero, sino que también trajo niveles alarmantes de violencia a su pueblo”, dijo Joon H. Kim, en Manhattan, en un comunicado.
Los detalles de la cooperación de Devis Rivera, que incluyó el registro subrepticio de los objetivos hondureños, surgieron en marzo, cuando testificó durante dos días contra Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras.
El Sr. Lobo fue recientemente condenado a 24 años de prisión por conspiración de tráfico de cocaína.
