Tegucigalpa – La legitimidad de la Junta Nominadora que seleccionará la nómina de al menos 45 candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ha sido puesta en duda por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
“Es tan grave esta distorsión a la democracia y a lo establecido en la Constitución original, que vulnera irrefutablemente la forma de gobierno establecida en las cláusulas o artículos pétreos (o irreformables mediante una reforma constitucional), en cuanto a que al delegar o compartir una facultad única, exclusiva e indelegable del Congreso Nacional a la Junta Nominadora, ésta suplanta la voluntad popular o representatividad que mediante el voto únicamente le fue otorgada al Congreso Nacional” dice literalmente el documento emitido por el diputado Redondo.
El análisis que el propio Redondo leyó ante el pleno de la Cámara pone en precario la existencia de una Junta Nominadora al declararla inconstitucional.
“En consecuencia, la creación de una Junta Nominadora desnaturaliza y suplanta al Congreso Nacional en su función, atribución o facultad de elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le otorgó el pueblo en las urnas, y con ello, altera, reforma o distorsiona la forma de gobierno representativa que estableció el Constituyente en los artículos pétreos en la Constitución original de 1982, que hoy se encuentra en vigor”, continúa expresándose en el documento denominado “La Verdad”, que él refrenda.
Agrega el presidente del Congreso Nacional en su análisis para referirse a la Junta Nominadora, que, “Esta reforma constitucional que incorpora a la Junta Nominadora hace creer al pueblo que estas siete instituciones representan al pueblo, y ello no es así, ya que es el voto popular a través de las urnas que le otorga esa representatividad única y exclusivamente al Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República (artículo 1, 2 y 4 etc., de la Constitución)”.
Para el analista político Raúl Pineda estas expresiones atribuidas a Luis Redondo en su calidad de jefe del Legislativo, generan alarma. “No sé qué se pretende cuando se desconoce la constitucionalidad de la Junta Nominadora”, expresó.
Desde ya en el país se vive un ambiente de agitación que no deja tregua frente a la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia reflexionó el analista durante una comparecencia televisiva.
La Junta Nominadora fue convocada por el Congreso Nacional como manda la ley, pero la misma se hizo apenas en el límite del tiempo que estipula la norma.
Mientras la agitación también conduce a los intentos para descabezar a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, una figura de las siete que componen la Junta Nominadora. De acuerdo con los informes de una comisión nombrada por Redondo la recomendación fue repetir la elección, pero al no tener la mayoría calificada para conseguirlo en el pleno legislativo, la intención fue abortada.
La propia comisionada Blanca Izaguirre, ha denunciado que existe persecución en su contra mientras sectores civiles e instancias internacionales han pedido respeto a la figura de la comisionada quien además figura como la vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Ombusdman (FIO).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado de Honduras a que brinde información sobre la investigación hecha a la comisionada de Derechos Humanos del país de parte de una comisión legislativa.
Representación sociedad civil
Uno de los cambios a la ley de la Junta Nominadora de parte del Congreso Nacional que genera polémica es relacionado a seleccionar al representante de la sociedad civil, ya que la misma quedó abierta a que participen actores que no tengan una trayectoria en el tema.
La legislación cambia al convocante al pasar de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
El oficial jurídico de ASJ, Juan Carlos Aguilar, apuntó que se presta para poder pensar que la ley tiene un juego, que se podría prestar para que algunos políticos puedan llevar “organizaciones afines a X o Y partido y puedan votar para elegir un representante para integrar la Junta Nominadora”.
Apoyo a equidad de género
Los representantes de la sociedad civil respaldan de la nueva legislación el tema de la equidad de género al asegurarse que habrá al menos 23 mujeres en la nómina de 45 que se turnará al Congreso Nacional.
Aguilar dijo que es lo mejor que tiene la nueva legislación.
En los mismos términos se expresó la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, quien destacó que es algo positivo y ahora las mujeres podrán tener mayor opción y las más idóneas podrán ser seleccionadas.
De su parte, Gabriela Blen, de Articulación Ciudadana, estableció que consideran que es un aspecto “muy positivo” porque las profesionales abogadas y notarias no podrán ser discriminadas por el tema de género y que se espera que sean seleccionadas las mejores profesionales.
Junta y Corte independiente pide EEUU
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, señaló el interés de su país porque se logre una Junta Nominadora y una Corte Suprema de Justicia (CSJ) independientes.
Dogu se reunió el domingo con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y tras salir del encuentro posteo en su cuenta de Twitter “Gracias @Lredondo de @Congreso_HND por la reunión y la Gaceta con la nueva ley. Una CSJ y Junta Nominadora independiente, transparente y profesional lucha contra corrupción y protege a todos excepto a los delincuentes! Esto atrae inversiones y genera empleos”.
Rixi Moncada insiste que puede postularse
La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, reiteró el lunes que cumple con los requisitos constitucionales para aspirar a uno de los 15 puestos en la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Indicó que cuando los plazos para postularse estén definidos tomará la decisión si se auto postula ante la Junta Nominadora y con ello aspirar estar en la lista de los 45 aspirantes seleccionados y que se enviarán al Congreso Nacional para que los diputados seleccionen a los 15 jueces supremos para el periodo 2023-2030.
Considera que no importa si es o no militante de un partido político, porque las personas tienen todo el absoluto derecho de postularse y aspirar a la más alta magistratura de la CSJ. LB
