Tegucigalpa – La pretensión del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, de contar actas y sumarse a la agenda constituyente de Libre despierta una tormenta política, jurídica y ética que desnuda el riesgo de un militarismo disfrazado de legalidad en pleno proceso electoral y donde la principal víctima es la democracia al estar en riesgo.
A solo un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras ha cruzado una línea que la Constitución traza con absoluta claridad: la que separa la obediencia militar de la deliberación política, según lo han expuesto juristas y analistas políticos.
Una petición irracional
Su petición al Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener copias de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial ha encendido todas las alarmas. Lo que él ha querido presentar como un “acto de transparencia” se percibe, en el fondo, como una intromisión grave en las funciones exclusivas del órgano electoral y, por extensión, como un atentado al principio de neutralidad castrense.
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Más allá del formalismo de su solicitud —que el general insiste en calificar de “respetuosa”— lo cierto es que su discurso y sus gestos han revelado una peligrosa deriva: el alineamiento político con el oficialismo y, particularmente, con el proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente, la bandera más emblemática del partido Libertad y Refundación (Libre). Con esa declaración pública, Hernández dejó de ser un árbitro silencioso para convertirse en actor político, justo cuando el país necesita certezas institucionales, no protagonismos de uniforme, han afirmado militares retirados.
La Constitución es muy clara
El artículo 272 de la Constitución de la República no deja espacio a interpretaciones: las Fuerzas Armadas son una institución “nacional, permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante.” Su papel en los comicios es claro: custodiar el proceso, no administrarlo; resguardar las urnas, no contarlas. Sin embargo, la actuación reciente del general Hernández sugiere lo contrario.
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Las críticas no se han hecho esperar. Desde el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, hasta exjefes militares como Mario Raúl Hung Pacheco, coinciden en que la solicitud “carece de sentido” y “agrega incertidumbre” al proceso electoral. Hung Pacheco fue tajante: “El general Hernández está siendo mal asesorado. Su petición está fuera de lugar y tirada de los cabellos.”
La consejera del CNE, Cossette López, también desmintió parte del relato oficial militar. Según explicó, durante la reunión con el alto mando se habló de tomar fotografías y hacer conteos paralelos, no solo de recibir copias. Un detalle que agrava la sospecha de que la institución castrense pretende desempeñar un papel que no le corresponde en una democracia.
La abogada constitucionalista Ana Pineda fue más allá: “La democracia está en riesgo. No es en los cuarteles donde se cuentan votos.” Sus palabras resuenan como advertencia ante un contexto cada vez más frágil, donde los límites del poder —y de la ley— parecen diluirse bajo el pretexto de la transparencia.
El general Hernández no es nuevo en la polémica. Su gestión ha estado marcada por declaraciones intempestivas, roces con la prensa, enfrentamientos con consejeras del CNE y una tendencia preocupante a opinar sobre temas sociales y políticos ajenos a su competencia.
Los analistas y militares retirados lamentan que el general haya adoptado un patrón de conducta que erosiona la confianza en una institución llamada, precisamente, a ser garante de estabilidad y no de conflicto, y le recomiendan reflexionar justamente porque este 30 de octubre la institución militar pasa a subordinación del CNE, de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Solicitud genera riesgo
El general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas manifestó a Proceso Digital que la solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto no tiene sustento constitucional, sólo justifica sus declaraciones porque no está establecido en la Ley Electoral ni en el reglamento de la transmisión de los resultados.
Señaló que la nota enviada no tiene la instrucción de la jefatura del Estado Mayor Conjunto al aparecer la firma del enlace de la FFAA del CNE qué le resta representación institucional.
Advirtió que esta solicitud implica un riesgo a la funcionalidad de la FFAA, pierda la confianza y credibilidad de la población, su rol de ser imparcial en el proceso electoral.
Galeas Maldonado reiteró que el rol de la FFAA en el proceso electoral es garantizar el libre ejercicio del sufragio, la alternabilidad presidencial y cumplir con las acciones antes, durante y después de los comicios.
Por otro lado, contempló que el general Roosevelt Hernández no va a renunciar porque está bien protegido por la presidenta Xiomara Castro y el Ministerio Público.
Recalcó que el jefe del Estado Mayor Conjunto termina su período en este cargo en diciembre. PD
