Tegucigalpa – El titular de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos dijo este lunes que la defensa de Nasry Asfura evitará a toda costa que el Ministerio Público presente “el legajo probatorio” para desvirtuar la inocencia del exfuncionario en la próxima audiencia programada para el 4 de noviembre.
– Las resoluciones que se emitan en un antejuicio no causan estado, el juzgamiento sólo se lleva ante un tribunal penal, explicó Santos.
Este lunes, el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, en audiencia de imputados, dictó las medidas distintas a prisión en la causa instruida para Nasry Asfura y siete exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
A la crítica de doble juzgamiento para Asfura, expuso que la defensa lo que busca es que el Ministerio Público muestre todo el legajo probatorio incluso acudiendo a la Corte Suprema de Justicia.
“Al mostrar todo ese legajo se podrá demostrar cómo se drenaron los fondos, no obstante el juez le ha denegado hoy la declinatoria. El derecho a ser juzgado por un juez natural todavía no lo ha adquirido por su condición en el Parlacen en el caso de la señora Nilvia Castillo”, explicó.
Mencionó que ni Asfura ni Cinthia Borjas ya no son funcionarios municipales, es decir que cuando se interpuso el antejuicio por parte del MP ambos eran alcalde y regidora. “El antejuicio lo único que decide es si será procesado o no, eso no es ningún juzgamiento, mientras por la privación de bienes ya la ley establece es un procedimiento totalmente independiente a un proceso penal, lo que pasa es que se manipula toda esa información para tratar de dar a entender una persecución política”, describió.
El fiscal Santos desvirtuó la teoría de la defensa que el MP fue desleal al pedir detención judicial, y agregó que los presupuestos cambian de acuerdo a la prueba ofertada en el expediente.
Insistió que según la UFERCO existían los requisitos para imponerle una medida más gravosa al exalcalde Asfura, no obstante respetan la decisión de juez de imponer una multa de 22 millones de lempiras (15 millones para el presidenciable).
Defendió que las investigaciones del Tribunal Superior de Cuentas son independientes del MP, ambas son instituciones con rango constitucional con funciones separadas.
Reiteró que la estrategia de la defensa es evitar que todos los elementos de prueba de la Fiscalía se presenten la audiencia inicial.
Aclaró que ningún finiquito extendido por el TSC es una prueba para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía, al tiempo que ejemplificó muchos exoficiales de la Policía tenían finiquitos del órgano contralor, pero igualmente fueron procesados y condenados en los tribunales.
Sin embargo, dijo estar conforme con la resolución previo a la audiencia del próximo 4 de noviembre. JS