Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), oficializó este jueves que la Sala de lo Constitucional otorgó el recurso de amparo a 10 imputados del caso “Fraude sobre el Gualcarque”.
Los imputados beneficiados son el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Darío Roberto Cardona, Julio Ernesto Eguigure, Saida Odilia Pinel, Julio Adalberto Perdomo, Catarino Limberto Cantor, Ana Lourdes Martínez, Mauricio Fermín Reconco, Oscar Javier Velásquez, Francisco Rafael Rivas y Aixa Gabriela Zelaya.
La resolución anula la medida dictada por la Corte de Apelaciones en materia de corrupción de revocar el sobreseimiento provisional a los imputados el 29 de agosto de 2019.
Los delitos que imputaba el Ministerio Público eran fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo a la nota de prensa del Poder Judicial, la Sala de lo Constitucional consideró que no se establecieron los requisitos exigidos en el artículo 92 de la Constitución de la República para dictar auto de formal procesamiento.
“Se han quebrantado el debido proceso que le asiste al procesado, por lo que debe otorgarse el amparo del que se han hecho mérito”, cita el comunicado de la CSJ.
La Sala de lo Constitucional argumentó que la conducta de los imputados de emitir informes o dictámenes no constituye el delito de abuso de autoridad alegando que el contenido está sujeto a la aplicación de una autoridad superior.
Complementó que no se subsumen en los actos que indica el artículo 349 numeral 2 del Código Penal y no existe relevancia jurídica penal.
Por otra parte, la Sala de lo Constitucional denegó el amparo al exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano; Carolina Lizeth Castillo y Roberto David Castillo Mejía.
Los imputados son acusados de los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones, uso de documentos públicos falsos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos.
Según las investigaciones, los acusados ampliaron el contrato de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica y la contratación para el uso de las aguas del río Gualcarque para un proyecto hidroeléctrico.
Los imputados seguirán con la medida de auto formal procesamiento porque no vulnera los preceptos constitucionales, por lo tanto, debe de continuar el proceso penal, estableció la Sala de lo Constitucional.
Los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional consideraron que se “produjeron una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal contra todos los incoados”. (ag)
