México– El crimen organizado ha aprovechado la crisis migratoria en México para hacerse de un jugoso negocio que ronda entre los 3.000 a 5.000 millones de dólares anuales, según estiman expertos en migración y narcotráfico.
La tragedia del pasado 9 de diciembre en el estado mexicano de Chiapas, en la frontera sur con Guatemala, en donde 56 inmigrantes murieron por la volcadura de un camión en el que viajaban hacinados, ha puesto de relieve la dimensión «del tráfico de personas a manos del crimen organizado, un problema al que no se le ha puesto atención», explicó este miércoles a Efe Gabriela de la Paz, académica del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.
De los grupos que se lucran de las oleadas migratorias se sabe poco «pero hay claves» que indican que se trata de toda una maquinaria con una gran capacidad de operación en todo el territorio mexicano y de países de Centroamérica, apuntó Samantha Pérez, experta en crimen organizado y política de drogas.
Dentro de esas «claves» está la sombra de los grandes cárteles de la droga, quienes ya se han cebado con los migrantes en masacres como la del pasado enero en el estado norteño de Tamaulipas, donde fueron encontrados 19 cuerpos calcinados, en su mayoría de gente de Guatemala.
Cárteles como los Zetas y el Cártel del Golfo ya han estado bajo la lupa de la Fiscalía federal de México en los últimos años por el secuestro y asesinato de migrantes en el noreste mexicano y las noticias sobre la liberación de centroamericanos en casas de seguridad del crimen organizado son cada día más habituales.
«Los migrantes antes pagaban una cuota al coyote (persona dedicada a cruzar a la gente), ahora ese dinero representa un derecho por cruzar por un territorio controlado», señaló Pérez a Efe.
En 2012 el costo promedio para cruzar no superaba los 3.000 dólares, pero el precio se ha disparado a cantidades que llegan a superar los 15.000 dólares.
Las estimaciones más conservadores indican que alrededor de 30.000 personas intentan mensualmente atravesar México para llegar a Estados Unidos con el que los grupos delictivos mueven un negocio de hasta 5.000 millones de dólares.
El incremento exponencial en las tarifas para los inmigrantes se debe en parte a la presencia militar mexicana en la frontera, que obliga a buscar nuevas rutas, además del fortalecimiento de los grupos criminales en la última década.
POLÍTICAS MIGRATORIAS AGRESIVAS
La presión del entonces presidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) de aplicar aranceles a los productos mexicanos provocó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador endureciera su política migratoria a través de grandes operativos policiales para contener el paso de la gente en la frontera sur.
«Indirectamente, eso abrió la necesidad de transitar en condiciones más complicadas», agrega a Efe Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2018 y 2019, y quien renunció tras la decisión del Gobierno de delegar a la Guardia Nacional, grupo armado encargado de la seguridad, la responsabilidad de contener a las caravanas de centroamericanos y haitianos.
Guillén asegura que el accidente en Chiapas es un «descriptor fantástico» del escenario al que se ha enfrentado México con las últimas olas migratorias, ya que se mezcla «la gran capacidad operativa» del crimen organizado y «las complicidades» de las autoridades.
Horas después del suceso, la prensa mexicana destacó cómo el camión accidentado pasó antes por un retén del INM (Instituto Nacional de Migración), una situación que, a criterio de Guillén, deja claro que «el problema de corrupción» en el instituto «no está resuelto».
De la Paz y Guillén coincidieron en que el Gobierno mexicano debe actuar de inmediato para desmantelar a los grupos de trata de migrantes, una tarea pendiente en el combate al crimen organizado.
«¿Cuándo hemos visto que México desmantele una de estas redes de tráfico de personas? Esto se ha convertido en un negocio millonario que no ha encontrado ninguna oposición», insiste De la Paz.
En la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, entre los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México, se acordó dar seguimiento a la trata de personas como un problema regional, sin embargo, esto no se ha traducido en políticas para atajar la crisis migratoria más crítica en la historia del país azteca.
