Tegucigalpa – A medida que se acerca el fin del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y al tenor de los comicios generales a la vuelta de la esquina, el oficialismo representado en Libertad y Refundación (Libre) se vuelve más intolerable a la mínima crítica que reciba, ya sea de la sociedad civil y de la propia oposición política.
– En las últimas horas se conoció que el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, no abandona la intención de la querella interpuesta contra el periodista Dagoberto Rodríguez.
El Gobierno y el Partido Libre se han convertido en uno solo, su única meta es conservar el poder para lo cual necesitan ganar las elecciones generales del 30 de noviembre y para ello todo el aparato gubernamental está volcado a conseguirlo.
La presidenta Xiomara Castro, durante una inauguración de un proyecto energético en Yoro, pidió 4 años más para continuar con la refundación de la mano de Rixi Moncada.
“Tenemos que avanzar en esta refundación, y sólo hay un camino, no existe otro, y mi confianza está en otra mujer que cuenta con toda la dignidad, en conocimiento, que no va a llegar al gobierno a decir: ‘es que fíjese que no sabía, es que no conocía’, tiene todo el conocimiento de cómo está y cómo vamos a entregar este gobierno, y tiene toda la capacidad para poder gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Estoy convencida que esa persona se llama, la abogada Rixi Ramona Moncada”, manifestó la mandataria.
Los últimos acontecimientos que involucran al sector oficial es una clara tendencia de amenazas y ataques a sectores opositores y entes de sociedad civil, tan sólo evidencian a lo que está dispuesto el partido en el poder para retener el poder.
Los críticos advierten que se perdió la tolerancia y todos los comentarios son medidos con la misma vara, la disidencia no debe ser soportada y sus voces ahogadas a fin de que no tengan exposición mediática para controlar una sola narrativa, la oficialista.
Desde ese punto, el aparato propagandístico del gobierno y del Partido Libre buscan ahogar las críticas, sin importar si son ciudadanas que reclaman medicinas en los hospitales, mejores condiciones de seguridad, oportunidades de empleos, clamor por una misión internacional anticorrupción, entre otros problemas estructurales del país.
A juicio de los que integran el oficialismo, todo pensamiento y voz que genera críticas está alineada con la oposición política y se convierte en una amenaza al proyecto reeleccionista de Libre de cara a las elecciones de noviembre.
Escala resquemor de Libre
La intolerancia del oficialismo hacia los cuestionamientos ha escalado gradualmente y se ha expandido a otros sectores de la sociedad que son críticos de la forma de administración, manejo de fondos y desempeño de los funcionarios.
Una característica que ha tenido la actual administración desde sus inicios en 2022 es su intolerancia a las críticas de parte de organizaciones de sociedad que cuestionan la falta de transparencia e incumplimiento de las promesas de campaña.
Esta intolerancia ha sido caracterizada por las reacciones de funcionarios del gobierno o diputados afines al oficialismo que responden a las críticas con ataques descalificativos a estas organizaciones o cualquier figura mediática opositor.
No obstante, estos ataques han ido escalando en su tono de hostilidad este 2025 ya que es un año electoral en el que el ambiente se vuelve más tenso por la búsqueda del poder de parte de las fuerzas políticas y sus aspirantes.
Desde el momento que organizaciones de sociedad civil como la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) empezaron a emitir informes de actos irregulares de la actual administración, las respuestas de estos han ido escalando gradualmente en sus tonos de hostilidad.
Se ha hecho una tradición que funcionarios del gobierno como Ricardo Salgado (ministro de Planificación Estratégica), el vicecanciller Gerardo Torres o Gilberto Ríos (director del Fondo Social de Vivienda) responden y atacan a través de sus cuentas privadas de redes sociales a estas dos organizaciones o cualquier sector crítico al gobierno.
Igualmente, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que se apoyó en estas dos emblemáticas organizaciones cuando era opositor, ahora cambió su discurso para criticarles que no son entes que combaten la corrupción y los señala de callar lo ocurrido en los gobiernos del Partido Nacional.
Y a esto incluso se sumaron en los últimos meses las Fuerzas Armadas que realizaron ataques a tres reconocidas figuras del periodismo: el propietario de Canal 10, Rodrigo Wong Arévalo; el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra; y el ganador del premio Álvaro Contreras 2025, Dagoberto Rodríguez. Los tres incómodos para el gobierno.
La confrontación de las Fuerzas Armadas con la prensa pasó de una acción judicial de difamación y calumnias contra una decena de medios a utilizar los canales de comunicación oficial para denigrar de manera personal a los periodistas.
El 26 de mayo, las Fuerzas Armadas utilizaron la portada de su periódico digital para tildar a los referidos periodistas como “sicarios de la verdad”.
“No habíamos visto ni en los regímenes militares una represión que una institución directa atacara, había otras formas en el pasado, pero esta es inédita”, dijo la socióloga Julieta Castellanos sobre esta publicación.
Posteriormente, el expresidente del Colegio Periodistas, Dagoberto Rodríguez, denunció que el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, amenazó a muerte a Juan Carlos Sierra.
Estas publicaciones oficiales y amenazas han ocasionado que organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió este tipo de hechos y el patrón de hostigamiento al gremio periodístico.
Por otro lado, los ataques se han extendido a organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores y de revisión de los precios de los productos de la canasta básica alimenticia.
Se conoció que la Dirección de Protección al Consumidor determinó cancelar la personería jurídica a la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah) por incumplimientos y prácticas que violan la Ley de Protección al Consumidor.
Han sido constantes los ataques entre el director de Protección al Consumidor, José Enrique Santos, al presidente de Adecabah, Adalid Irías, debido a las críticas por los constantes incrementos de precios en los productos en los mercados.
Los ataques fueron escalando al grado de provocar que la Dirección de Protección al Consumidor decidiera cancelar la personería jurídica a esta organización alegando que Irías es una persona que especula con los precios de la canasta básica y que no sustenta sus denuncias con documentos.
Llamado a defender democracia
El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz, clamó a los hondureños dejar el confort, no ser timoratos, y defender la libertad de expresión y la democracia luego de la embestida del gobierno en pleno año electoral.
“Hago un llamado a los sectores sociales para que nos unamos, tomemos conciencia de lo que está pasando en el país, no permitamos que tengamos otra Venezuela, una Nicaragua o una Cuba porque más tarde nos vamos a lamentar mucho de la miseria, la crisis y la inseguridad”, reclamó.
Enfatizó que “reaccionen, despierten, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, cuerpo diplomático, comunidad internacional, ya déjense de comunicaditos que no tienen ningún sentido, vayan a la defensa y acompañamiento del pueblo hondureño. No podemos permitir que se asesine a periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos”.
Hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañen la defensa de la libertad de expresión en este país. “Apóyennos sean solidarios con este gremio periodístico que está siendo criminalizado por el Estado de Honduras, por funcionarios, por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Es grave lo que está ocurriendo con una Fiscalía timorata, que no actúa en defensa del pueblo”.
Insistió en su llamado al pueblo: “Despierten, estamos todavía en la capacidad de defender nuestra democracia”.
Aseveró que quien manda en Honduras es Manuel Zelaya Rosales (coordinador general de Libre y esposo de la presidenta Xiomara Castro), él es el que está generando el caos. “La señora presidenta con todo el respeto sólo está para firmar documentos oficiales y para representar al país e inaugurar obras. El principal responsable de la crisis que tenemos en Honduras se llama Manuel Zelaya Rosales”, describió.
Se preguntó qué pasa con la oposición política que únicamente está enfocada en crear desorden en el Congreso Nacional.
Tildó de “grave” la situación por la que atraviesa Honduras, con un mecanismo de protección que no está funcionando, pero sí existe un despilfarro de los recursos financieros para diputados, funcionarios y el propio asesor presidencial de la mandataria Xiomara Castro, Manuel Zelaya.
Escalada de ataques
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, manifestó a Proceso Digital que ha habido una escalada de ataques desde el gobierno.
Señaló que en los inicios, las instituciones del gobierno solo se dedicaban a atacar a CNA y ASJ por los informes que emitían sobre falta de transparencia y rendición de cuentas.
No obstante, indicó que los ataques han ido escalando a niveles que hasta los ministros se expresan en sus cuentas de redes sociales a personas que opinan diferente y solo quieren que se escriba sobre lo que ellos quieren oír.
La socióloga reveló que conoce casos de personas a las que les paralizan los trámites en alguna secretaría de Estado sólo porque vertieron una opinión diferente expresada en los medios de comunicación.
Además, mencionó que esta escalada se ha ido expandiendo hacia otras instituciones del gobierno como la Dirección Protección al Consumidor y las Fuerzas Armadas en la que la cúpula militar está alineada con el oficialismo.
“Por más que digan que son diferentes al gobierno anterior cada vez se parecen más con este tipo de decisiones y caminan hacia un autoritarismo y concentración mayor”, aseveró.
Quieren imponer una verdad oficial
De su parte, el defensor de los consumidores, Adalid Irías, prometió que él seguirá acudiendo a los mercados para monitorear los precios de los productos alimenticios de la canasta básica, pese a la cancelación de la personería jurídica a Adecabah.
“Lo que hay es una clara intención de callar a Adecabah porque con el trabajo que hacemos informamos la verdadera realidad del costo de la vida, especulación y falta de una política de protección efectiva de la canasta básica”, declaró a Proceso Digital.
Sostuvo que en el país se debe pedir permiso para pedir la verdad.
Cuestionó al director de Protección al Consumidor, José Enrique Santos, está empecinado en querer imponer una verdad oficial que no ocurre nada malo con la seguridad alimentaria y la canasta básica.
Irías opinó que la cancelación de la personería jurídica a Adecabah es producto que la Dirección de Protección al Consumidor puso a operar toda su maquinaria para tratar de callarlos.
Reafirmó que él seguirá acudiendo a los mercados capitalinos para monitorear los precios reales de los productos, sin importar si le molesta el posicionamiento oficial.
Añadió que no necesita una personería jurídica para llevar la defensa de los consumidores alegando que la ley no se lo impide, solo que no puede firmar convenios con otras instituciones. JS
