Tegucigalpa – Autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) anunciaron este lunes la creación de un equipo de profesionales del derecho para defender la libertad expresión y prensa en el país centroamericano, además con la tarea de recurrir a instancias internacionales en busca de la derogación de los delitos contra el honor.
“Hemos creado este equipo para defender las garantían individuales, estamos facultando a este equipo de connotados profesionales del derecho para que en representación del CPH interpongan todos los recursos necesarios ante aquellas leyes, reformas y otras que limiten derechos”, inició diciendo Osman Reyes, presidente del gremio periodístico hondureño.
En ese sentido, el titular del CPH, agregó que han instruido a este equipo de abogados para que acudan ante instancias internacionales para denunciar al Estado de Honduras, por la muerte violenta de más de 90 comunicadores sociales en las últimas dos décadas, ya que todos esos crímenes siguen en la impunidad.
Reyes dijo que es lamentable en conferencia de prensa que la falta voluntad política de parte del Congreso Nacional (CN), para despenalizar los delitos contra el honor, pese a que existe una iniciativa en la Cámara Legislativa presentada por el diputado Darío Morán para reformar los artículos 229, 230, 231, 232, 233 y 234 del nuevo Código Penal, esto no se ha efectuado.
«De ahora en adelante ellos defenderán legalmente a los comunicadores que en el ejercicio de sus funciones periodísticas sean amenazados o enjuiciados y con ello, nunca más un profesional de las comunicaciones se encontrará en indefensión», subrayó Reyes. Los togados irán ante instancias nacionales e internacionales para denunciar la campaña de odio, injuria y desprestigios contra la prensa, aseguró.
El presidente gremial finalmente denunció que además de una campaña de desprestigio contra los periodistas, existe un sector que no identificó, busca desacreditar al gobierno de la presidenta de la República Xiomara Castro de Zelaya y afectarla internacionalmente.
Por su parte, la abogada Doris Madrid, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), refirió a staff de abogados que se harán cargo de defender a los periodistas en diferentes acciones que atenten contra las libertades públicas, indicó que este es de carácter independiente, mismo que han determinado en consenso apoyar la defensa bajo el principio de la solidaridad con el CPH.
El equipo será integrado por Ritza Yolanda Antúnez Reyes, Juan Sánchez Cantillano, Jaime Banegas Zerón, Dagoberto Aspras Iglesias, Raúl Suazo Barillas, Marlon Duarte, Iván Martínez y Rosa Elena Bonilla, esta última por compromisos profesionales no compareció a la cita pero se hiso representar por su colega la abogada Madrid.
Aseguró que cualquier amenazas contra periodistas, muchas de las cuales han sido distribuidas en redes sociales y medios de comunicación, indican un atentado o zarpazo a la libertad de expresión, a la emisión del pensamiento y al derecho de libertad de prensa en Honduras y que debe prevalecer en un estado democrático.
“Puedo garantizar que la libertad de expresión es la columna vertebral del derecho de acceso a la información pública a que tenemos los 9 millones de habitantes en este país, a fin de que quienes nos gobiernan nos rindan cuentas porque administran y ejecutan los impuestos que pagamos los hondureños, callar a los periodistas es callar la voz del pueblo concluyó”, Madrid.
Colegio de Abogados de Honduras (CAH)
Rafael Canales, presidente del CAH, se solidarizó con el gremio periodístico y repudió la limitación de la libertad de expresión como derecho y garantía universal. «Hoy queremos aprovechar para denunciar que hemos sido estigmatizados y afectados en una historia de horror y de terror de muerte violenta con una estadística de un 90% de impunidad de estos casos de ambos gremios», apostilló.
El equipo de abogados será dirigido por Leonel Núñez y Carlos Padilla para preparar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez recibido el informe correspondiente de las investigaciones y el seguimiento de más de 165 muertes violentas de profesionales del derecho y unos 90 periodistas en los últimos 20 años.
“Es lamentable la falta de fortalecimiento, de interés a los derechos y garantías de la libertad de expresión pero sobre todo, el derecho a la vida como fin supremo de la sociedad, que es su deber conservarla y protegerla, nos solidarizamos y levantaremos la voz fuerte y contundente sin ningún temor o estigmatización para que se haga justicia y se encuentren a los autores materiales e intelectuales del primero hasta el último caso de periodistas y abogados que han sido vilmente asesinados y que se encuentran en total impunidad”, concluyó Canales. JP
