Los habitantes del pueblo garífuna también alegan que el reconocimiento de parte del territorio ancestral fue tardío, y hasta la actualidad supuestamente el Estado continúa negando un título único con base en la ocupación histórica.
El caso además se refiere a la denegación del derecho de ese pueblo a la participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen, así como de sus derechos a las garantías y protección judicial.
La CorteIDH escuchará a una supuesta víctima y un testigo propuestos por los representantes de las supuestas víctimas, un perito ofrecido por la CIDH y un declarante ofrecido por el Estado.
También se escucharán los alegatos finales de ambas partes, así como las observaciones finales de la CIDH, organismo con sede en Washington.
Posteriormente dará un mes para que las partes presentes sus alegatos por escrito y a partir de entonces los jueces analizarán los elementos para emitir un fallo, para lo cual no tienen un plazo límite.
La audiencia se enmarca dentro de un periodo ordinario de sesiones de la CorteIDH en el que esta y la próxima semana realizará audiencias públicas por casos contra Perú, Argentina y Venezuela.
La CorteIDH forma parte de la OEA y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados que integran ese organismo.
