Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Los escándalos de corrupción y ligues con bandas criminales vuelven a salpicar a la Policía Nacional, agobiada por el repunte de la violencia en importantes zonas geográficas del país, un estado de excepción que se impone a la fuerza sin convencer en sus acciones, y una cúpula policial sacudida por fuertes denuncias que evocan el retorno de los tiempos oscuros de la Policía.
– El crimen organizado muta y empieza a vivir el “efecto cucaracha”, mientras la Policía se debate en horas oscuras.
El 2025 entró golpeando duro a las autoridades policiales en materia de seguridad ciudadana con más de cinco masacres o muertes múltiples en los primeros dos meses, cerca de 35 asesinatos de mujeres y una violencia desbordada en corredores de la inseguridad como el departamento de Colón, Yoro, Olancho, Copán y Ocotepeque.
Los expertos en criminología advierten que el país empieza a vivir el “efecto cucaracha”, un desplazamiento del crimen organizado, en especial el narcotráfico, a zonas en donde existe poca incidencia policial como parte de su estrategia de copar plazas y control de territorios.
Todo ello en medio de un polémico estado de excepción que suspende garantías constitucionales y cuyos resultados son cuestionados por los expertos por dos motivos: el primero, el carácter de inconstitucionalidad porque el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros se toma atribuciones de suspender garantías constitucionales cuando es potestad del Congreso Nacional, y éste sigue sin ratificar las últimas dos prórrogas por carecer de consensos; en segundo, porque la excepción fue creada para combatir el delito de la extorsión y éste se ha diseminado más bien hacia ocho departamentos del país.
Al cierre de 2024, el número de familias víctimas de la extorsión sobrepasó los 304 mil hogares, es decir, familias que pagan extorsión a más de un grupo criminal. Las bandas criminales que operaban en las principales ciudades del país en las zonas urbanas migraron a otros territorios del interior, revela un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que evaluaba los dos primeros años del estado de excepción. Las formas más usuales para el pago de la extorsión son el dinero en efectivo, transferencias bancarias y las billeteras electrónicas.
El estado de excepción, lejos de controlar o mitigar el delito, disparó más bien su desplazamiento, los casos en los tribunales de justicia son pocos y de acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, más de 600 denuncias de abusos por parte de la Policía y la Policía Militar de Orden Público han sido canalizadas a través de ese organismo.
Y fue precisamente la vigencia del estado de excepción la que puso en la vitrina los abusos y la corrupción policiales, al aflorar las denuncias y casos de colusión de bandas de policías con el crimen para implantar pruebas falsas, extorsionar, secuestrar, intimidar y asesinar personas.
El crimen de las 46 privadas de libertad en una cárcel de mujeres ha revelado que se usaron armas de uso oficial ligadas a la Policía Nacional y de acuerdo con la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, hubo colusión policial en esa matanza, que hasta ahora tiene condenadas a las privadas de libertad que actuaron en el crimen, pero no termina de encontrar quién introdujo las armas, una granada, y quién ordenó la vil masacre.
Luego en los operativos del ministerio público efectuados a inicios de este año, la corrupción policial volvió a salir y a presentar su diseminación por diversos puntos del territorio nacional, como un indicador que algo sigue mal en la Policía Nacional, que la depuración se estancó y que los niveles delictivos parecen haber retornado a épocas antes de la depuración.
La muerte del empresario y la “banda de Nando”
Uno de los golpes más fuertes ha sido el asesinato de un empresario de Tocoa, Franklin Villeda, al trascender que policías activos habrían participado en su tortura y asesinato como parte de una red criminal conocida como la “banda de Nando” o la “banda del abogado” que lidera Rolando Josué Sánchez, un presunto abogado por el cual la Policía Nacional ofrece ahora una recompensa de 300 mil lempiras.
Sánchez fue señalado por un oficial depurado de la policía, Norman Mondragón, de ser sobrino del ministro de Seguridad, el comisionado general Gustavo Sánchez, de operar cerca de las oficinas del ministro. El ministro de Seguridad salió a desmentir en sus redes sociales esta vinculación, pero previo a la denuncia de Mondragón, nuevamente la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reveló que gente de inteligencia policial allegada al ministro de Seguridad estaría detrás del crimen del empresario de Tocoa, un amigo personal de uno de los asesores en el gobierno de la presidenta Castro.
El crimen del empresario Franklin Villeda, atribuido a la red criminal de “Nando” señala que bajo esta red se encuentran también jueces, fiscales y funcionarios del gobierno, en una trama cuya madeja no parece desenredarse, se torna cada vez más compleja.
A medida que trasciende la forma en que lo mataron y sus conexiones, la Policía Nacional se coloca en una frágil posición de credibilidad y confianza. El slogan de “vamos bien” que con frecuencia usa el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, abre más dudas y demanda mayores respuestas.
Respuestas que no tienen todavía los habitantes del departamento de Olancho, uno de los epicentros de la violencia y la inseguridad en Honduras. En los últimos tres años, ese departamento ha tenido al menos cuatro intervenciones, todas ellas bajo el estado de excepción, pero éstas no han podido frenar ni los crímenes múltiples, ni los homicidios, ni el temor de los olanchanos que no quieren parecerse a los territorios sin ley que padecen varias regiones mexicanas controladas por los carteles de la droga.
Intervenciones sin control ni respuestas
A mediados de febrero, la ciudad de Catacamas fue sacudida por una serie de muertes múltiples en menos de 24 horas, las autoridades policiales enviaron reforzamiento policial, armas y las famosas Black Mamba, pero se desconocen los resultados de esa zona de sitio que se vio obligada a clausurar bares y cantinas por espacio de 72 horas en un afán por contener la violencia.
Con estado de excepción, con declaratoria de emergencia, con toque de queda y todas las medidas de seguridad posibles y previsibles, la violencia de no para en Olancho, al cierre del mes de febrero, se reportó la muerte de un ganadero y su empleo en la región del Patuca, una zona en donde los carteles de la droga parecen han llegado con fuerza, ante el silencio de la autoridad.
Si Olancho se enrumba a ser territorio de nadie, la región de Colón no se queda atrás, múltiples fuerzas convergen en la zona que generan inseguridad y violencia. El crimen organizado es uno de ellos que opera en complicidad con la autoridad, mientras la zona de Yoro y Ocotepeque parecen sumarse a ese caldo de inseguridad que está retando a la policía nacional.
El tema de la depuración policial se vuelve a colocar en el centro del debate ante los niveles de complicidad y participación policial en hechos delictivos de violencia común y de violencia organizada. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras reveló que al menos, bajo el estado de excepción, se realizaron siete ejecuciones extrajudiciales, varias desapariciones forzadas (propias de los años 80), cientos de abusos y violaciones a los derechos humanos que presentan un rostro nada amigable ni respetuoso de los derechos humanos de las fuerzas del orden.
En octubre de 2011, la participación de la Policía en el crimen de dos estudiantes universitarios, uno de ellos, hijo de la entonces rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, sacudió el país y forzó a las autoridades a entrar de lleno a una depuración de la policía que empezó a evidenciar la operación de bandas de sicariato desde el interior de la policía, acciones de criminalidad organizada, de corrupción e impunidad. Más de cinco mil efectivos fueron depurados, unos con sustento y otros llevaron sus casos a los tribunales de justicia, mientras los menos, optaron por pedir su baja por estar cerca su jubilación.
Esa depuración con altibajos y algunos cuestionamientos, fue un parte de aguas en la historia de la Policía Nacional, hoy muchos de los oficiales y cúpula al frente, son sobrevivientes de esa depuración, pero 14 años después, nuevamente salen a flote hechos delictivos y bochornosos que llevaron a la depuración del 2011. Los entendidos en seguridad dicen que la depuración policial se estancó, que no hay voluntad política ni de los mandos policiales para continuar.
El crimen del empresario de Tocoa, la matanza de las privadas de libertad en la cárcel de mujeres en Támara, las acusaciones de la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, el avance de delitos de extorsión y los desaciertos en el estado de excepción, vuelven a poner en vitrina a la Policía Nacional, que saluda con la reducción en la tasa de homicidios, pero evade rendir cuentas de la pus que nuevamente salpica a sus miembros en lo que parece ser el surgimiento de una bola de nieve que lleva a preguntarse: ¿en qué quedó la depuración policial? ¿retornaron las viejas estructuras criminales? ¿en manos de quién está la seguridad? (PD)
