Tegucigalpa– Un hecho calificado como un grave precedente contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública generó fuertes críticas en el gremio periodístico hondureño, luego de que un funcionario municipal intentara condicionar una entrevista a la firma de una declaración jurada.
El caso involucra al abogado Jonathan Cardona, director de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados de la Municipalidad de San Pedro Sula (DIRSSE), quien redactó un documento legal y solicitó a la periodista Lisseth García, de Diario La Prensa, de San Pedro Sula, que lo firmara como requisito previo para conceder una entrevista.
La conversación había sido pactada para que el funcionario informara sobre la situación de la recolección de basura en la central de abastos y la contratación de unas veinte empresas privadas para el manejo de desechos sólidos en la ciudad, pese a la existencia de un contrato de concesión vigente.
La reacción del gremio no se hizo esperar. La periodista Thelma Mejía calificó el hecho como “sin duda un grave precedente para la libertad de expresión, de información y de acceso a la información pública». Condenable”.
En la misma línea, la periodista de Radio Progreso, Sandra Maribel Sánchez, cuestionó con dureza: “¿De dónde sacaron a este cretino que dice ser funcionario público, pero exhibe total ignorancia de lo que significan el acceso a la información pública y la libertad de expresión para la vida en democracia?”.
El suceso es considerado inédito en Honduras y ha encendido las alarmas sobre las limitaciones impuestas por algunos funcionarios al derecho ciudadano de informarse sobre asuntos de interés público.
Recientemente la Red de Periodistas de Centroamérica advirtió sobre el clima de hostilidad y criminalización que enfrentan los periodistas en la región, marcado por campañas de desprestigio, discursos de odio, estigmatización, persecuciones judiciales y hasta asesinatos, está versión es compartida por otras organizaciones nacionales e internacionales.LB
