Tegucigalpa – El Salvador, Guatemala y Honduras enfrentan desafíos contra la corrupción, muestra de ello es que los tres países, han tenido que acudir desde hace algunos años a mecanismos extranjeros para afrontar este flagelo, debido a que sus débiles institucionalidades no alcanza a los responsables de malversar los fondos públicos, aunque los experimentos no lograron mantenerse.
– Honduras está a las puertas de otra Misión Anticorrupción, esta vez avalada por la ONU, sin embargo han surgido discrepancias por los apuntes al borrador del convenio por parte del gobierno.
De esta forma, las tres naciones que conforman el Triángulo Norte centroamericano no lograron mantener los mecanismos anticorrupción internacionales, a pesar del auspicio de la comunidad internacional.
Ante dicho retroceso, Estados Unidos ha quedado en forma unilateral como la única instancia de combate a la corrupción con la publicación de sus listas Engel, para el caso de los tres países aunque ampliada a Nicaragua en la última versión, así como la Magnitsky, que tiene una aplicación global y cuyas sanciones son más temidas que la primera.
Washington se ha convertido en el único mecanismo de combate anticorrupción a nivel centroamericano, aunque sus acciones están limitadas a la aplicación de sanciones a políticos, funcionarios y empresarios que son incluidos en sus listas
La corrupción se ha convertido en azote bravío para los Estados que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, sus sistemas de administración fracasaron históricamente, más cuando de transparencia se trató, la clase política pretende hacer una lucha anticorrupción direccionada y en el marco de pactos en los que buscan blindarse, en ese contexto ambicionan investigar todo, menos sus actuaciones y al solo sentirse ofendidos, se convierten en el principal obstáculo para que los entes pertinentes libren la lucha desde cualquier ángulo.
Además el crimen, narcotráfico, migración y pobreza, son realidades adyacentes que acechan el desarrollo de los tres países centroamericanos. El fenómeno de la corrupción terminó propagándose y convirtiéndose en niveles altos de impunidad, esta fue una fiel característica de los propios entes públicos, no solo en detrimento de la normativa, sino que desde reformas de la ley misma servida en bandeja de plata, no solo para satisfacer corruptos sino para protegerlos.
Ningunas de las comisiones anticorrupciones instaladas en Guatemala, Honduras y El Salvador, han logrado sostenerse; tampoco en Ecuador, todos los mecanismos enfrentaron ambientes similares y aunque siguen siendo una necesidad para los países en vías de desarrollo, existe todavía algún tipo de celo desde la institucionalidad, que por débiles que sean ante este flagelo, están en desacuerdo con los entes externos, tal es caso de Honduras.
La corrupción deja mermas alarmantes a Honduras, según Ricardo Zúniga, en ese entonces Enviado Especial de EEUU para el Triángulo Norte, pues limita oportunidades a miles de hondureños, orillándolos a migrar de manera irregular hacia Norteamérica. Más de 3 mil millones de dólares son desviados de la administración pública, eso representa casi el 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. En situaciones similares o mayores se encuentran El Salvador y Guatemala.
El primer experimento en la región fue para Guatemala con la CICIG, ahí prevalecieron 12 años con el auspicio de la ONU y con efectos que terminaron encarcelando hasta expresidentes, bajo ese historial, se inicia en las calles hondureñas la exigencia para instalar un ente igual o con mayores facultades para enfrentar la corrupción, entonces la presión social obligó al gobierno a negociar con la OEA, la venida de la MACCIH, estuvo apenas cuatro años, cuyo mandato no se renovó.
En El Salvador la CICIES fue una promesa política del actual presidente Nayib Bukele, que en solo año y medio después (18 meses) de haberse instalado anunció la ruptura con la unidad de la OEA. Similar situación ocurrió en Ecuador, donde la instalación de la CEICCE con la asistencia de la ONU fue un discurso del entonces aspirante presidencial Lenín Moreno, quien desde el poder se encargó no solo de fragmentar la comisión, sino de debilitarla y desmantelarla.
Presidentes como Jimmy Morales en Guatemala, Juan O. Hernández en Honduras, Nayib Bukele en El Salvador y Lenín Moreno en Ecuador, serán recordados como los mandatarios que se comprometieron a encabezar una lucha contra la corrupción, pero que una vez se vieron amenazados o afectados, se convirtieron en los principales oponentes y detractores de los organismos que llegaron para coadyuvar con la institucionalidad de sus países.
En conclusión los expertos consultados, por Proceso Digital en El Salvador, Guatemala, Ecuador y Honduras, aseguran que el combate al flagelo no es una prioridad en estos países y que el común denominador en ese intento, es que quienes ostentan el poder, quieren investigar solo a sus contrarios, una condición que inquieta a la OEA Y ONU, como también a la comunidad internacional, que finalmente tiene los recursos pero no la capacidad para sostener las misiones; esta es la cronología de las comisiones internacionales en la región.
Honduras, ensayo fracasado de OEA toca puertas de ONU
Honduras ya tuvo una experiencia en el combate a la corrupción liderada desde un organismo interno, la MACCIH que llegó sin altas expectativas, pero fue echada del país casi en su mejor momento, porque logró revelar inimaginables casos de corrupción, cuyos señalados desarrollaron altos cargos, no solo en el Poder Legislativo, sino también en el Ejecutivo.
Esta vez, el país centroamericano intenta echar mano de la ONU, donde las pláticas están muy avanzadas, después de mutuas visitas de organismo multilateral a Honduras y de funcionarios electos por la presidenta Castro, a EEUU, para afinar la solicitud que hiciera formalmente el gobierno el pasado mes de abril. La promesa está por cumplirse, la misma se encuentra en etapa de consideración informó recientemente Naciones Unidas en una comunicación oficial.
Lo último sobre la potencial CICIH es la entrega que hiciera Honduras a la ONU esta semana sobre el borrador para la eventual instalación del mecanismo en los próximos meses.
Las observaciones las entregó el canciller de la República, Enrique Reina, en nombre de la presidenta Xiomara Castro, a la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alice Shackelford
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El propio canciller Enrique Reina, en comparecencia en redes sociales de la Secretaría de Prensa reiteró que “la opinión del Gobierno es que esta comisión, debe, además de ser independiente y autónoma, respetar las leyes nacionales, en este caso la Constitución de la República, respetar la separación de poderes, respetar el monopolio de la acción criminal que tiene el Ministerio Público y de alguna manera cómo se acopla la comisión que será creada en el combate a la corrupción”.
En el Poder Ejecutivo que lidera Castro y en el Congreso de Luis Redondo, afirman que la CICIH, finalmente se instalará en Honduras.
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Edmundo Orellana, titular de la Secretaría de Transparencia, dijo que la Comisión deberá tener amplias facultades para investigar nos solo administraciones pasadas, sino también la actual, además considera que no debe haber ninguna condición para que se instale por un periodo no menor a ochos años, desde la sociedad civil también se cree lo mismo. Redondo, asegura que la CICIH vendrá y el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, reveló que estaría instalada en septiembre, algo que difícilmente ocurra por los pasos que aún faltan por dar.
Mientras que el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, es del criterio que la justicia no puede estar indefinidamente en manos de extranjeros, pues dice que la institucionalidad debe fortalecerse para actuar conforme lo manda el texto constitucional. La oposición política que ahora lidera el Partido Nacional –anteriormente 12 años en el poder-, condena la aprobación de una amnistía política, no creen en la lucha anticorrupción por el oficialismo y hasta dudan que la CICIH vaya a instalarse.
En conclusión, Guatemala, El Salvador y Ecuador, son gobiernos donde la lucha contra la corrupción, bajo el liderazgo de mecanismo ajenos a su institucionalidad dieron resultados exitosos, sin embargo, no es atrevido pensar que, de ahora en adelante, este no será un riesgo que querrán volver a vivir pese la debilidad institucional; en Honduras, el nuevo gobierno pretende que se investiguen las acciones de los últimos 12 años de los gobiernos del conservador Partido Nacional.
Previo a que llegara al poder el nacionalismo, gobernó Manuel Zelaya Rosales, esposo de la ahora Presidenta. El actual gobierno piensa que debido al golpe de Estado en 2009, nadie tiene derecho a investigar a sus funcionarios, esa tesis ratificada por una amnistía política.
Guatemala 2007
En esta nación la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) no fue una promesa política, pero sí una fuerte súplica de la sociedad civil, que asustada por el dominio ejercida por las redes corruptas frente a su endeble democracia, visiblemente limitada frente al flagelo, se convertía en casi un cómplice, entonces la presión cultivada desde este sector, logró que el expresidente Óscar Berger, la solicitara ante las Naciones Unidas.
Las gestiones iniciaron en 2006 y un año después con apoyo de países cooperantes, entre ellos EEUU, se logra crear el mecanismo que debido a sus amplias facultades logró escudriñar los hechos más oscuros gestados desde la clase política, sino también por el poder, el Estado dejó en manos de la CICIG la suficiente autonomía para actuar junto a la Fiscalía y entes contralores, sus casos ascienden a 70, mismos que gozaron de aceptación de un sector y el rechazo de otro.
La CICIG, que enjuició a más de 1,500 personas, fue liderada por tres comisionados: inicialmente el exmagistrado español Carlos Castresana entre 2007 y 2010, la batuta lo tomó posteriormente el ex fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall’Anese -2010-2013- y el último fue el exjuez y actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, en los últimos cinco años (2013 a 2018), que fue la etapa en que más persecución se dio a la comisión desde los esquemas más altos del poder político.
Honduras 2016
Producto a la presión social ejercida por la marcha de las antorchas, que admirando el papel desempeñado por la CICIG en el vecino país, el expresidente Hernández, logró concretar un acuerdo con la Organización de Estados Americanos para que iniciara operaciones la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), aun cuando el requerimiento de la ciudadanía era la venida de la CICIH.
La Misión de la OEA se instaló el 22 de febrero de 2016, logró presentar 13 casos de corrupción en los que acusó a 113 personas que fueron procesadas penalmente desde el Ministerio Público, esto hasta el 19 de enero del 2020. Por su vocería y coordinación pasaron tres expertos, el peruano Juan Jiménez Mayor, el brasileño Luiz Antonio Marrey Guimarães y la peruana Ana María Calderón, que terminó asumiendo para cumplir el plazo porque la MACCIH ya agonizaba.
Finalmente el convenio no pudo renovarse entre gobierno y OEA, la clase política oficialista desde el Congreso Nacional, exhortó al Poder Ejecutivo liderado por Hernández a no ampliar el plazo, pese a que diversos sectores aplaudían su accionar anticorrupción, también creó la Ufecic – Uferco, Unidad de Política Limpia y propuso la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, un proyecto engavetado en el parlamento hondureño.
Ecuador 2019
La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE), fue una promesa de campaña política del izquierdista, Lenín Moreno, quien gobernó la República de Ecuador desde mayo de 2017 hasta mismo mes, pero de 2021, entre ese periodo el entonces gobernante, no solo se desmarcó del compromiso en pro de la transparencia, sino que además se encargó de perseguir al mecanismo que él mismo había solicitado ante las Naciones Unidas.
Además de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sociedad civil y la academia, entre otros organismos multilaterales de la comunidad internacional, se involucraron en el proyecto que terminó instalándose el 1 de mayo de 2019, cuando el Comité de Selección eligió con el rango de comisionados a Stacy de la Torre, Nicolás Rodríguez García, Claudia Escobar Mejía, Vladimir Aras y Carlos Hernández.
Los integrantes de la CEICCE, todos con amplia experiencia en el combate a la corrupción en EEUU, España, Guatemala, Brasil y Honduras, fueron presentados como el más grande logro de ese gobierno, por momentos se creyó que este equipo pondría fin a ese arraigado flagelo, donde Moreno, se vendió ante la comunidad internacional como el principal aliado, pero apenas unos meses bastaron para convertirse -desde el más alto poder-, en el mayor de los obstáculos.
El Salvador 2020
El más reciente experimento en la región, es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), una demanda exigida desde muchos años atrás por la sociedad civil, pero sin lograr instalarla, fue en la campaña proselitista de Nayib Bukele que finalmente pudo haber un acuerdo con la OEA, apenas 18 meses fueron suficientes para que el mandatario salvadoreño dijera el 4 de junio que se había roto el pacto y con ello se procedió a expulsar el mecanismo.
La CICIES logró advertir sobre 12 casos de corrupción a la Fiscalía General, que involucraba a reconocidos personajes del ámbito político salvadoreño, Bukele argumentó que su decisión se debe al anuncio hecho por el secretario general de la OEA, de contratar como asesor al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, procesado en 2016 penalmente, por su lado Luis Almagro aclaró que no fue una contratación, sino de un ofrecimiento, pero el contrato nunca se firmó.
La Comisión liderada por el comisionado Ronalth Ochaeta perseguía objetivos de fortalecer la lucha contra la corrupción en ese país, que ya tenía investigaciones contra tres expresidentes por presunta corrupción, entre sus primeros desafíos era la creación de una unidad especializada anticorrupción en la Policía Nacional Civil, reforzar las atribuciones del Ministerio de Hacienda para auditar a las diferentes carteras de Estado, entre otras que quedaron inconclusas.
Promesa convertida en persecución en Ecuador
Carlos Hernández contó a Proceso Digital como es que la CEICCE se instaló en Ecuador, el trabajo que realizaron en favor de la transparencia y como incomodó a la clase política de ese país, principalmente al presidente Moreno. Reconoció además que desde la Fiscalía existe plena voluntad para luchar contra la corrupción, pero no ha podido con el acoso gestado desde diversos sectores, que sacan sus garras cuando de defender sus intereses oscuros se trata.
“El tema de corrupción se ha vuelto un discurso político para lograr votos, eso pasó con Moreno, quien dejó pasar el tiempo para no cumplir su promesa, pero la Asamblea Legislativa emitió una resolución en la que le recordó su prometido, así iniciaron las gestiones ante la ONU y una vez instalada, se encontró impulso en la comunidad internacional y por ello se logró replantear el objetivo, entre ellos fortalecer la institucionalidad estatal”, recordó Hernández.
La comisión siempre tuvo claro -añade Carlos Hernández-, que no podrían jugar un papel de asesores, ya que nadie de los comisionados nominados, arriesgaría su reputación solo para hacerle el mandado a un político, entonces se elaboraron los estatutos encaminados a custodiar la Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Corte Suprema y Consejo Anticorrupción, todos -menos el Ejecutivo- coincidían en que se podía lograr el objetivo, pero en el actual gobierno, ya había grandes actos de corrupción.
Se creyó que la CEICCE solo investigaría a anteriores gobiernos, se equivocaron, se investigó de manera general la corrupción y pasó lo que se esperaba, asfixiar la comisión y ahí inicia primero quitando los recursos económicos, después el expresidente se volvió indiferente, llegaron las amenazas de todos lados, entonces como el Ejecutivo no quería, se gestionó el financiamiento en la comunidad internacional y había ambiente para ello, pero se antepuso el poder.
“Salir de Ecuador, fue decisión nuestra, no se podía seguir en esas circunstancias, los casos terminaron en requerimientos fiscales, pero también en una fuerte persecución, nos reunimos en Washington con Moreno y nos volvió a engañar, nos rogaba que regresamos, pero no había condiciones (independencia, autonomía e inmunidad para los comisionados) estuvimos apenas un año y medio, eso fue suficiente para saber que tampoco había voluntad”, dijo.
Según Hernández, el pecado fue investigar al expresidente Rafael Correa, condenado en 2020 a 8 años de cárcel y pese a una alerta internacional emitida en septiembre de ese mismo año para capturarlo, visitó Honduras, fue recibido en casa presidencial por la presidenta, Xiomara Castro. Hernández cree que la corrupción ahí alcanzó niveles estratosféricos, debido a que los políticos tiene amplios poderes, que les ajusta para protegerse ante cualquier investigación.
Investigación a todos menos al poder en Guatemala
En un diálogo con Proceso Digital el periodista, productor de Guatevisión y Prensa Libre, Otto Aujel, dijo que la corrupción en Guatemala, sigue siendo un mal muy arraigado que evidencia y visibiliza la fragilidad de la institucionalidad, que además la independencia de los poderes es otro desafío para ese país, por eso cree que todavía es necesario que se le apueste a mecanismo externo para enfrentar a los corruptos, aunque ambiente para ello no hay en la nación.
“Desde el sector político es proclive pensar que se puede apostar a una nueva CICIG, eso quedó descartado desde que se anunció su salida (…) después de varios intentos se pudo instalar un mecanismo externo que ayudará al Ministerio Público a coadyuvar la persecución no solo de la corrupción, sino de la impunidad. El objetivo de vigorizar los entes públicos inicialmente se logró había mejores capacidades para investigar y actuar frente a las redes corruptas”, recordó.
Y sostiene que antes de la llegada de la CICIG, Guatemala no tenía un ente técnico en materia de asesoría sobre corrupción o de peritaje científico, esto permitió esclarecer algunos casos de criminalidad en el país y encargos como estos -dice el comunicador- fueron efectivas, funcionaron, como también hubo otras que se fueron diluyendo en el tiempo, la devastación de este sistema de combate, marcó un retroceso, ante los ojos de la comunidad internacional.
Las comisiones internacionales son productivas porque no vienen defendiendo ideologías, pero cuando se meten con estas, sufren la persecución del poder real, tal como pasó con los expresidentes: Otto Pérez y Jimmy Morales, porque con los políticos todo irá bien hasta que no se meten con ellos y este no solo es un problema para Guatemala, sino para todos los países que experimentan el combate a la corrupción desde entes extranjeros.
Según Aujel, desde el poder político y empresarial de la nación se gestó un fuerte acoso hacia la CICIG, hasta dejarla sin aleados, además perdió su más importante colaborador, el presidente Morales, cuando revelan que su hijo delinquió, aquí inicia el declive y un futuro incierto para el ente auspiciado por la ONU, en esa expulsión se involucró el expresidente Álvaro Arzú, empresarios y líderes de la opinión pública, que mostraron su descontento con la Comisión.
Nunca hubo intención de luchar por la corrupción en El Salvador
Bukele se comprometió a terminar con la corrupción en este país dijo -a Proceso Digital– Eduardo Escobar, director de la Acción Ciudadana, ente anticorrupción de sociedad civil en El Salvador, que considera que nunca existió una plena voluntad para hacerle frente a ese flagelo, la propuesta inicial para instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), no es originalmente del Presidente, sino de diversos sectores sociales desde 2016.
Para equilibrar el combate, prometió instalar un Comisionado Anticorrupción, pero eso nunca pasó, fueron más discursos políticos difíciles de mantener desde el poder, donde la corrupción es desmedida y sin la CICIES, podríamos estar ante niveles peores. Se prefería que el auspicio para instalar la Comisión fuese de Naciones Unidas, pero finalmente el jefe del Ejecutivo, logró acuerdos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos.
La pandemia del COVID, no fue un argumento para que la CICIES no funcionara, de esta manera inicia una nueva era para el país, porque se monitorea minuciosamente el uso de los recursos públicos, en cambio Bukele se ofreció como un presidente promotor de la transparencia, pero la comisión revirtió sus discursos con las investigaciones, tanto que destituyó al Fiscal General de la República y nombra otro cuya misión es engavetar los casos por no se supo más de ellos.
“Es lamentable decirlo, pero el gobierno no tiene en este momento, ninguna medida para prevenir y combatir la corrupción, desde la salida de la CICIES el mensaje fue claro, hoy en día tenemos un Poder Ejecutivo que priva de información sensible de acciones emblemáticas del actual gobierno, la prensa enfrenta serios desafíos ante tanta opacidad para que no se conozca algún tipo de irregularidad que se haya cometido desde la administración estatal”, subrayó.
Escobar concluye que la persecución a la CICIES, abarcó a operadores judiciales, algunos de ellos salieron obligados del país, este gobierno está salpicado y el Legislativo tampoco tomó un rol sobre la Comisión, porque todo fue dominado por el Ejecutivo, nunca el tratado con la OEA se ratificó en el Congreso, donde se temía a la percepción política y desde el poder Judicial, siempre se creyó que darle facultades solo violentaba la Constitución de la República.
Con la Corte y la Fiscalía, hubo entendimiento pero con el desmantelamiento todo quedó en la nada, incluso los 12 avisos no llegaron a ser requerimientos fiscales, porque no hubo respaldo para la CICIES y la forma en que sale del país, solo demostró que no existió jamás intención de erradicar el flagelo y la percepción es que todo fue un trato de compadre hablado entre Bukele y la OEA. El principal responsable de la salida del mecanismo fue únicamente del Ejecutivo. JP
