El cuadro era desgarrador en las afueras y el interior de la Granja Penal de Comayagua (centro de Honduras), escenario de la que ya es considerada la peor tragedia carcelaria en América Latina en 25 años.
La cifra de fallecidos está pendiente de confirmación, pero el Ministerio Público la ubicó en 358, incluido uno de los heridos que había sido trasladado al Hospital Escuela de Tegucigalpa, según indicó el portavoz de ese organismo judicial, Melvin Duarte.
El Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo, sin embargo, a los periodistas que el número confirmado de muertos asciende a 272, aunque admitió que puede «superar los 300» a medida que avancen las labores que se realizan en la prisión.
A este baile de cifras se sumó otra proporcionada por la ministra de Justicia en funciones de Chile, Patricia Pérez, quien dijo desde Santiago: las autoridades de Honduras «nos han comunicado que lamentablemente han fallecido más de 370 personas».
La identificación de los restos, muchos totalmente calcinados, que quedaron apilados en cinco celdas de uno de los dos módulos de la prisión comenzó en medio de la consternación de los familiares de reclusos, algunos porque ya sabían de su muerte y otros porque desconocían su paradero.
«Me duele pensar que mi hermano esté muerto, pero tengo que esperar a que las autoridades confirmen», dijo llorando a los periodistas Carmen Ulloa.
«¡Dios mío porque te llevaste a mi hijo, porque me lo quitaste!», exclamaba Blanca Rodríguez, madre de otro recluso.
Los familiares, que se oponen al traslado de los cadáveres a Tegucigalpa para realizar las autopsias correspondientes, llegaron incluso a enfrentarse con piedras a las fuerzas del orden.
Al final, ingresaron hasta el interior de la cárcel pero sin poder acercarse a las cinco celdas donde están los cadáveres.
Las autoridades investigan la posibilidad de que algunos de los más de 850 reos de la cárcel de Comayagua hayan aprovechado el caos para fugarse, según fuentes penitenciarias.
Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro, el tercero de gran magnitud que se registra en los últimos diez años en las hacinadas cárceles de Honduras, calificadas como «bombas de tiempo con mecha corta» por representantes de organismos defensores de los derechos humanos.
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, indicó en un mensaje transmitido por cadena de radio y televisión que «preliminarmente» instruyó para que sean suspendidos de sus cargos los funcionarios encargados de la Granja Penal.
Lobo informó de que también ordenó la suspensión de los responsables de la administración de las cárceles a nivel nacional «para garantizar un proceso investigativo de total transparencia».
Se hará «una investigación independiente, con figuras de mucha autoridad moral, con el acompañamiento y observación internacional», añadió el mandatario.
Lobo, quien en julio de 2010 declaró una «emergencia» carcelaria para enfrentar el hacinamiento en el sistema penitenciario, también expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas del incendio, que se registró hacia la medianoche del martes.
«Haremos toda la investigación para determinar qué fue lo que provocó esta lamentable e inaceptable tragedia y deducir las responsabilidades», indicó Lobo, quien afirmó que «este es un día de profundo dolor para Honduras» y además prometió ayuda a los más de 30 heridos en el siniestro, según los datos disponibles.
Los gobiernos de los países centroamericanos y los de Colombia, Chile, España, Estados Unidos, así como la Organización de Estados Americanos (OEA), expresaron su solidaridad con Honduras.
Lobo agradeció a su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, quien le comunicó que enviará «de inmediato» un equipo de «forenses expertos en hacer una rápida identificación de los cuerpos».
«Hemos recibido llamadas de apoyo de Estados Unidos, Colombia y del presidente Ortega (Daniel) de Nicaragua, expresando su solidaridad e igual ofreciendo todo su apoyo», subrayó.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, también expresó su «profunda consternación» por lo sucedido en Comayagua, según informó la oficina del organismo en Tegucigalpa.
Además, Insulza solicitó el envío a Honduras de «una delegación que incluya al relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar, para hacer una investigación de los sucesos y presente un informe exhaustivo» al Gobierno hondureño y a la OEA.
El sistema penitenciario de Honduras consta de 24 centros en condiciones de hacinamiento, según ha reconocido el Gobierno.
Según datos oficiales de 2010, las cárceles hondureñas albergaban casi 16,000 reos, cuando su capacidad máxima es de 8,280 personas.
El 17 de mayo de 2004 murieron 107 reos en un incendio que se registró en el presidio de San Pedro Sula, norte del país, originado por fallas estructurales.
Otros 66 reos y tres mujeres, incluida una niña, fallecieron en una reyerta en el interior de la Granja Penal de El Porvenir, el en caribeño departamento de Atlántida, en 2003.
