Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una denuncia contra cuatro exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del período 2014-2019 por el delito de fraude.
El pleno de magistrados del TSE alquiló escáneres que no fueron utilizados en el proceso electoral. El contrato suscrito con un comerciante generó un perjuicio de 41 millones de lempiras al erario nacional.
El equipo de escáner iba a emplearse para desarrollar un sistema de escrutinio automatizado para escanear votos de los tres niveles electivos de las votaciones celebradas en 2017.
Según la investigación del CNA, los exfuncionarios del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral recomendaron al pleno de magistrados en 2016 la adjudicación directa del contrato millonario por el arrendamiento de dos mil 711 aparatos a una empresa colombiana.
La propuesta técnica de la empresa colombiana fue considerada la más viable por el TSE en base que cumplía con los requerimiento para el uso del software desarrollado por un empresario hondureño que permitía realizar escrutinio automatizado evidenciando un plan para favorecer a un particular según el CNA.
Otro hecho que arroja el comunicado es que la representante de la empresa en Honduras, fue la apoderada legal del comerciante.
Asimismo, los exmagistrados rechazaron la adjudicación del contrato de alquiler a la empresa colombiana, aludiendo que tenía que hacerse a través de una licitación pública internacional y “era imposible desarrollar debido a que no se iba a poder cumplir con el cronograma electoral establecido”.
El contratista remitió un oficio a los exmagistrados por la suscripción de alquiler de los escáneres por 41 millones de lempiras.
Días después, el negociante accedió a ser contratado en el TSE para alquiler de escáneres de papeletas de votación y servicio de escrutinio automatizado, razones que imposibilitaron el contrato de la empresa colombiana.
El CNA afirmó que el TSE no cuenta con un informe final y liquidación del proyecto que determine cuál fue el porcentaje real de los usos de los instrumentos digitales.
Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una denuncia contra cuatro exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del período 2014-2019 por el delito de fraude.
El pleno de magistrados del TSE alquiló escáneres que no fueron utilizados en el proceso electoral. El contrato suscrito con un comerciante generó un perjuicio de 41 millones de lempiras al erario nacional.
El equipo de escáner iba a emplearse para desarrollar un sistema de escrutinio automatizado para escanear votos de los tres niveles electivos de las votaciones celebradas en 2017.
Según la investigación del CNA, los exfuncionarios del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral recomendaron al pleno de magistrados en 2016 la adjudicación directa del contrato millonario por el arrendamiento de dos mil 711 aparatos a una empresa colombiana.
La propuesta técnica de la empresa colombiana fue considerada la más viable por el TSE en base que cumplía con los requerimiento para el uso del software desarrollado por un empresario hondureño que permitía realizar escrutinio automatizado evidenciando un plan para favorecer a un particular según el CNA.
Otro hecho que arroja el comunicado es que la representante de la empresa en Honduras, fue la apoderada legal del comerciante.
Asimismo, los exmagistrados rechazaron la adjudicación del contrato de alquiler a la empresa colombiana, aludiendo que tenía que hacerse a través de una licitación pública internacional y “era imposible desarrollar debido a que no se iba a poder cumplir con el cronograma electoral establecido”.
El contratista remitió un oficio a los exmagistrados por la suscripción de alquiler de los escáneres por 41 millones de lempiras.
Días después, el negociante accedió a ser contratado en el TSE para alquiler de escáneres de papeletas de votación y servicio de escrutinio automatizado, razones que imposibilitaron el contrato de la empresa colombiana.
El CNA afirmó que el TSE no cuenta con un informe final y liquidación del proyecto que determine cuál fue el porcentaje real de los usos de los instrumentos digitales.
