Tegucigalpa- El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) alertó que el conflicto interno en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) representa una amenaza estructural a las bases mínimas del juego democrático en Honduras, de cara a las elecciones generales programadas para noviembre de 2025.
Según CESPAD, el problema trasciende el plano técnico y revela una pugna de fondo sobre la legitimidad y legalidad de las reglas electorales. “La democracia requiere normas aceptadas por todos los actores políticos. Si se imponen decisiones por mayoría sin un consenso legítimo, se rompe el equilibrio democrático, afectando la credibilidad institucional y la aceptación ciudadana de los resultados”, expresó el centro de estudios en un comunicado.
Advertencia sobre impacto directo en el proceso electoral
El organismo de investigación denunció que el conflicto actual ya está afectando negativamente el desarrollo del proceso electoral, generando desconfianza entre instituciones, acusaciones de fraude anticipado y un ambiente de incertidumbre debido a la ausencia de una normativa común para regular la transmisión de resultados preliminares.
CESPAD subrayó que la falta de acuerdo sobre el funcionamiento del TREP implica un “riesgo estructural” para la integridad del proceso electoral. “El TREP es esencial para reflejar la voluntad popular el mismo día de los comicios. Sin un marco acordado y legítimo, es previsible un aumento de impugnaciones, narrativas polarizadas y un debilitamiento de la confianza ciudadana en los resultados del 30 de noviembre”, advirtió.
Violación de la Ley Electoral
El centro recordó que el artículo 279 de la Ley Electoral establece que los lineamientos del TREP deben ser aprobados por consenso y con al menos seis meses de antelación, plazo que ya comienza a estrecharse. “Sin consensuar los términos de referencia, el CNE incurre en una omisión legal que compromete la transparencia del proceso y la credibilidad del resultado”, alertó.
Asimismo, CESPAD recalcó que los artículos 266 y 278 obligan a que el escrutinio y la divulgación de resultados se hagan con base en las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y por sus miembros. Delegar estas funciones en actores externos, sin respaldo legal, “vulnera la soberanía popular y debilita el control ciudadano sobre el conteo de votos”.
Llamado a la acción y advertencia de crisis de legitimidad
Ante la gravedad de la situación, CESPAD hizo un llamado urgente a: Revisar públicamente y con urgencia el pliego de condiciones del TREP, garantizando su legalidad y la participación de los tres consejeros del CNE.
Establecer un acuerdo político-electoral vinculante, que defina de forma clara y consensuada el sistema de transmisión de resultados preliminares y sus mecanismos de control.
Solicitar acompañamiento técnico de organismos especializados y misiones de observación internacionales, que aseguren un proceso transparente, auditable y confiable.
Finalmente, el Centro advirtió que, si no se adoptan estas medidas con prontitud, el proceso electoral podría llegar al 30 de noviembre de 2025 sin una conclusión legítima, generando resultados sin certeza ni aceptación, lo cual pondría en riesgo la ya frágil gobernabilidad democrática del país.
“La democracia implica aceptar tanto la victoria como la derrota. Pero esa aceptación solo es posible si las reglas son claras, legítimas y respetadas por quienes las administran. El tiempo para reconstruir esa confianza se agota”, concluyó CESPAD.LB
