Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En Honduras la polarización alcanzó un punto álgido este domingo tras la captura del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, y dos ex altos oficiales que le acompañaron en su mandato, acusándolos de la muerte contra Isy Obed Murillo, durante una manifestación política en julio del 2009.
- Se desconoce si el expediente de Isy Obed Murillo, que se había extraviado, fue recuperado por el Ministerio Público.
- Mientras tanto, el gobierno no encuentra salida a la declaración de la presidenta Castro de desafiar a la futura administración de Donal Trump con el cierre de la base militar de Palmerola.
- El gobierno y Libre no logran consenso en el Congreso Nacional para aprobar el presupuesto a su medida y un bloque de adendas energéticas en retahíla.
Tras concluir su carrera militar, Vásquez Velásquez incursionó en la política formando un partido y creando espacios de oposición frontal contra la administración de la presidenta Xiomara Castro, a cuyo gobierno califica de aliado de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Romeo Vásquez fue pieza fundamental en la caída del expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009, tras una prolongada crisis política, entonces él ocupaba la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Expertos juristas han cuestionado la calidad de pruebas que en el caso de Vásquez Velásquez y dos militares más sustenten la acusación de la Fiscalía, ya que ese mismo ente dijo que el expediente se había extraviado y no existía un registro forense que indicara con qué tipo de armas se le quitó la vida al joven Murillo.
Su captura generó resquemores en sectores de la oposición y analistas políticos quienes dijeron que con la acción se busca neutralizar a la oposición y es dirigida a enviar un mensaje a los actores políticos adversarios del régimen, así lo expresó el general en retiro Luis Alonso Maldonado Galeas.
Maldonado Galeas, que es un miembro del opositor partido Liberal, también llamó la atención sobre la captura no solo de Romeo Vásquez Velásquez, sino del también general Venancio Cervantes y el coronel Carlos Roberto Puerto Fúnez, dos figuras militares en el retiro destacadas en Honduras.
Para la doctora María Milla, una mujer que se destaca por sus luchas sociales en San Pedro Sula, la captura contra Romeo Vásquez representa un distractor en un momento en que Honduras enfrenta enormes crisis.
Milla dijo a periodistas que, si bien es importante castigar cualquier crimen cometido en el país, en la actualidad se han dado muchos hechos violatorios de los derechos humanos y de las vidas de las personas que no han recibido castigo.
Para el caso citó el crimen cometido contra Keyla Martínez dentro de una celda policial y por la que apenas fue sentenciado un policía que era el que poseía las llaves de la celda. Igualmente se refirió a la gran cantidad de femicidios que ocurren en el país.
Y es que la captura de Vásquez Velásquez y los otros dos oficiales, ocurre en un momento en que una declaración de la presidenta Xiomara Castro advirtiendo a los Estados Unidos de cerrar la base militar de Palmerola si las políticas migratorias del próximo mandatario estadounidense Donald Trump generan deportaciones masivas de migrantes hondureños, ha causado la atención de la agenda pública nacional e internacional.
La declaración ha generado tensiones y han sido calificadas de carentes de diplomacia y del recurso del diálogo frente al principal socio comercial y económico de Honduras, como lo es Estados Unidos.
A ello se suma que el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos está a 50 días de concluir tras ser denunciado por la gobernante hondureña, otro hecho que ha sido rechazado por los hondureños que ven en este mecanismo, la única vía de hacerle frente al narcotráfico que sacude este país.
Tanto el potencial cierre de la base militar como el fin del tratado de extradición son considerados como dos hechos que repercutirán en contra de la lucha de la criminalidad organizada en la región.
Igualmente, el gobierno enfrenta los reclamos incesantes para que cumpla la promesa de instalar una comisión internacional anticorrupción (CICIH), misma que de acuerdo a la agenda de la presidenta Castro debió instalarse a los 100 días de su mandato, pero que a inicios de su último año de gobierno continúa en el limbo.
También vale recordar que un video divulgado en agosto del 2024 en que aparece el cuñado de la presidenta Castro y entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negociando la entrega de millonarios fondos con poderosos jefes narcos, el 2013, constituye un tema vivo en la agenda pública, ya que pese a la evidencia el señalado se mantiene indemne frente a la justicia.
Los anteriores acontecimientos han ocupado el interés y la atención de la opinión pública que muestra un desencanto, según reflejan las encuestas, que además colocan al gobierno en una encrucijada frente a los Estados Unidos, el tradicional aliado de Honduras.
En las últimas horas, por ejemplo, los senadores Mike Lee y Ted Cruz han respondido a los desafíos de Castro proponiendo gravar las remesas que envían los migrantes hondureños hasta un 50 %, mantener las deportaciones y hasta trasladar la base militar de Palmerola a Guatemala, un país al que calificaron de amigable con Washington.
Clara estrategia para evitar elecciones: Nasralla
El precandidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, señaló que este domingo capturaron a Vásquez Velásquez, presidente de un partido político, “mañana puede ser otra persona, porque ellos (Libre) tienen un plan y es no dejar el poder”.
“Aquí hay una clara estrategia para evitar las elecciones, vemos cómo el gobierno está peleando con nuestro principal socio comercial (Estados Unidos), ahora se generan este tipo de capturas, es por ello que se convierte en una emergencia y la oposición debe de reunirse”.
Mientras el general en retiro Isaías Barahona hizo un llamado a “todos los generales en condición de retiro (que) deben estar atentos, para que en Honduras no se generen persecuciones de este tipo porque después costará mucho detenerlos”.
De su lado el presidenciable liberal Jorge Cálix, señaló que espera que la captura del exjefe militar no se utilice para iniciar persecuciones políticas, aunque dijo estar a favor que los responsables de la muerte de Murillo paguen, pero que se debe comprobar sus responsabilidades.
Cálix cuestionó que el Ministerio Público no haya actuado en el caso del narcovideo donde a su juicio hay pruebas contundentes de la vinculación del cuñado de la presidenta Castro, Carlos Zelaya, pactando con los narcos para financiar la campaña de Libre de 2013.
Algo se quiere ocultar
Mientras el presidente del Codeh, Hugo Maldonado, dijo que la captura de Vásquez Velásquez lo ve más que como persecución política.
Cuestionó Maldonado que algo se quiere “apagar u ocultar” con esta detención, “no nos huele bien, dentro del marco del estado de derecho, en el momento propicio que estamos en un año electoral”, pues, aunque el requerimiento fiscal es válido, el tiempo en que lo hacen llama la atención.
Impunidad tiene límite
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, celebró la captura del general retirado Vásquez Velásquez, señalando que “En Honduras, con nosotros, la impunidad tiene un límite. Ya no habrá refugio para los corruptos ni para los criminales que han robado los sueños y el futuro de nuestro pueblo”, inicia el mensaje en su cuenta de X, el cual fue respondido de inmediato por la diputada Beatriz Valle quien le escribió en la misma red social: «Vos vas a ser el compa de Romeo en la cárcel».
Redondo aseguró que, desde el oficialista Libertad y Refundación, partido político al que se afilió recientemente tras su recorrido por los partidos Anticorrupción, Pinu y Salvador de Honduras, están decididos “a poner fin a esta era de desgracias y a garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia”.
Inoportuno e impolítico
Para el analista Olban Valladares la captura de Vásquez Velásquez no es una noticia para celebrar ya que le parece un “un acto inoportuno, impolítico, impensado de parte de la Fiscalía que ella sola se da con la piedra en los dientes”.
Se interrogó cómo es posible que en 15 años el Ministerio Público no pudo presentarle un dictamen minucioso e inobjetable al pueblo por las responsabilidades del caso Murillo.
Valladares indicó que la percepción pública en este caso, no es que el MP está cumpliendo con su deber, sino que está cumpliendo instrucciones políticas de los que el pueblo ha identificado como los mandamases en el MP y que son órdenes políticas instructivas de otro lado.
“Cómo es posible que a estas alturas se haga un requerimiento a una persona que no se le ha probado ser ni el hechor material, ni el hechor intelectual y que forma parte de un grupo colegiado de militares de un Estado Mayor Conjunto, una junta de comandantes y se enfilan los cañones contra una sola persona”, afirmó. (PD).
