Tegucigalpa – En Honduras los batallones se han convertido en cárceles para resguardar a personajes señalados por presuntos delitos de corrupción, crímenes y narcotráfico.
La razón esencial que atribuyen las autoridades es que estas personas encausadas por ilícitos manejan mucha información y que mientras se siguen sus procesos judiciales es fundamental garantizarles la vida en recintos seguros donde las autoridades sí tienen el control, a diferencia de lo que ocurre en las cárceles donde las bandas criminales cogobiernan.
Enviarlos a cárceles comunes equivale a una sentencia de muerte, coinciden expertos, al tiempo que agregan que “si son señalados por delitos de administración pública, pueden ser mandados a ejecutar por personas ligadas al mismo Estado, mientras que si son acusados por delitos de narcotráfico, sobra quien quiera hacerles daño”.
La medida de permanecer en instalaciones militares obedece a un decreto aprobado el pasado mes de abril para personas que por condiciones específicas, sus vidas corren peligro.
Para el caso en el Primer Batallón de Infantería de la capital hondureña se encuentran recluidos, los ex viceministros de Trabajo, Carlos Montes; de Salud, Javier Pastor; y el ex gerente financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Ramón Bertetti; todos ellos acusados de presuntos ilícitos contra la administración pública.
También el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Luis Galdámez, permanece preso en esos separos castrenses. El congresista está acusado por homicidio simple en contra de un taxista, un hecho que fue protagonizado por varias personas en plena vía pública.
Además, tres efectivos de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), acusados de asesinar a dos mujeres, permanecen en el Primer Batallón de Infantería.
Se trata de Fredy Gerardo Mendoza Arriaza, Gregorio Alexander Anariba Meraz y Marvin Joel Gallego Suárez.
La octava persona recluida en esta instalación militar es Carlos Luis Rufino Haylett, ciudadano panameño que enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto robo y asesinato.
Además, es acusado por dos delitos de tentativa de asesinato, atentado, portación ilegal de armas, uso indebido de nombre y falsificación de documentos en perjuicio de testigos protegidos y de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Según la Fiscalía, este individuo utilizaba documentos oficiales que lo acreditaban como ciudadano hondureño de nombre José Roberto Norales Martínez.
Igualmente fueron resguardados en una unidad militar, hasta que el juez dictó sentencia, los policías que asesinaron a dos estudiantes universitarios en octubre de 2011.
También cabe mencionar que el narcotraficante hondureño, Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, permaneció en la misma unidad castrense, ubicada en la periferia de la ciudad capital de Honduras. Lobo fue finalmente extraditado hacia EEUU, donde se declaró culpable de los delitos de narcotráfico.
Otro caso, pero en la zona norte del país, es el del alcalde de la ciudad de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, acusado por la Fiscalía de portación ilegal de armas y lavado de activos. Él permaneció recluido en una instalación militar del norte del país pero posteriormente, tras una nueva fase en el juicio que se le sigue, fue trasladado al Centro Penal de San Pedro Sula.
Sus vidas corren peligro
De su lado, el representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera, es del criterio que recluir este tipo de personas en bases militares demuestra “el colapso del sistema penitenciario hondureño”.
“En parte se justifica que estas personas no puedan ir a cárceles comunes por el peligro que representa para sus vidas, aunque por otro lado existe un trato privilegiado, a quienes han sido altos funcionarios o tienen algún vínculo político”, aseveró.
Remarcó que “el riesgo que pueda pasarles algo al interior de las cárceles lo corren todos los hondureños”.
Rivera ejemplificó con el caso del ex presidente Francisco Flores de El Salvador, quien recientemente fue favorecido con un arresto domiciliario por presuntos delitos de corrupción. “Esto también ha generado un amplio debate en el vecino país, eso nos refuerza la idea que si aquí (Honduras) fuera enjuiciado un alto funcionario o ex presidente, capaz lo mandan a la casa”, estimó.
Es una medida lógica del Estado
En tanto, el analista Germán Leitzelar, aprueba la disposición de las autoridades porque se trata de salvaguardar la vida de estas personas en un momento crucial de la etapa procesal penal.
“Aunque algunas personas lo pueden calificar como un privilegio no recluir en una cárcel común a estos personajes como ocurre con la generalidad, es importante señalar la excepcionalidad para que los imputados no sean objeto de riesgos en su integridad física”, explicó.
Continuó que en casos específicos como las personas acusadas de sustraer fondos del Seguro Social, “hay un alto grado de malestar en la población… incluso en la prisión pueden haber personas que pudieron haber sufrido afectación de un familiar en los servicios médicos y eso genera actos de venganza”.
El ex congresista puntualizó que “en el momento que estas personas imputadas reciben una sentencia, no hay nada que hacer, a partir de ese momento tienen que ser instalados en cárceles comunes, pero mientras se sigue el proceso judicial es importante asegurar sus vidas por lo que puedan aportar a las investigaciones”, concluyó.
