Tegucigalpa – A más de tres años de gestión del actual gobierno, las principales promesas en materia de seguridad y justicia permanecen sin cumplirse, pese al incremento del presupuesto para las secretarías de Seguridad y Defensa, señala el informe Estado de país 2025: Seguridad y Justicia, presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
-A pesar de las estrategias del gobierno (como el Plan para Refundar Honduras 2022-2026 y los estados de excepción), persisten altos niveles de inseguridad e impunidad, concluye el informe.
El análisis detalla que, de los ocho principales compromisos incluidos en el Plan de gobierno para refundar Honduras (2022-2026) de la presidenta Xiomara Castro, sólo uno ha sido cumplido, dos están en proceso, mientras cinco siguen sin cumplirse.
Entre las promesas sin cumplir destacan la desmilitarización de la seguridad ciudadana, la derogación de leyes que favorecen la impunidad y el fortalecimiento del sistema de justicia.
A pesar del aumento del presupuesto en las secretarías de Seguridad y Defensa, con un 61 % y 18.7 % respectivamente más que lo asignado en el período 2019-2021, los problemas de criminalidad y violencia siguen afectando gravemente a la ciudadanía hondureña. El incremento presupuestario demuestra que el dinero no es el problema, pero tampoco la solución si no hay estrategias efectivas y sostenibles.
La extorsión continúa siendo una de las principales amenazas para las familias hondureñas. En 2024, de acuerdo con un estudio de ASJ, el 11.6% de la población reportó haber sido víctima de este delito, con mayor afectación en los departamentos de Intibucá (18.2%), Atlántida (15.8%), Colón (15.2%), Choluteca (14.8%), Francisco Morazán (14.5%) y Cortés (12.4%).
Tras la implementación del estado de excepción -instaurado en diciembre de 2022 como parte de la guerra contra la extorsión, la prolongación de la medida y la restricción de derechos fundamentales ha generado más de 700 denuncias contra agentes del orden público, además esta medida excepcional pone en riesgo la democracia en el contexto del proceso electoral de 2025.
Otro dato relevante es el incremento de 165% en las denuncias de lavado de activos y un índice de impunidad de 89% de los casos. A esto se suma la crisis generada por la denuncia al tratado de extradición con Estados Unidos, la cual ha sido suspendida hasta inicios de 2026, luego de haberse retractado de la decisión tomada. Esto evidencia la injerencia política en las decisiones adoptadas por el gobierno y cómo esto genera una afectación al
Estado de derecho y combate contra el crimen organizado.
En cuanto a la violencia, aunque la tasa de homicidios en 2024 descendió a 25 por cada 100,000 habitantes -la más baja en 18 años, según datos oficiales- Honduras sigue teniendo la tasa más alta de Centroamérica y una impunidad del 91%.
Sin embargo, el fenómeno de las muertes múltiples se ha incorporado a la violencia homicida que vive Honduras, que deja luto, dolor y llanto en miles de familias hondureñas.
Entre 2022 y 2024 registraron en el país 127 muertes múltiples que dejaron 500 personas muertas y en lo que va de 2025, suman 46 las víctimas registradas en 13 masacres, con un aumento de 160% respecto al mismo período (2024).
En el caso de los delitos contra la niñez, las denuncias de abuso sexual infantil aumentaron en un 98% en 2024, con una impunidad de 92%. La violencia contra las mujeres también sigue siendo preocupante, ya que entre 2022 y 2024 se reportó una mujer asesinada cada 29 horas en el país, registrando una impunidad de 86% en 2024.
Si bien algunos indicadores muestran mejoras, persisten graves problemas de impunidad. La prolongación del estado de excepción, la inacción en la derogación de leyes que favorecen la corrupción y los vínculos de altos funcionarios con el crimen organizado han debilitado la institucionalidad del país.
Ante esta situación, ASJ urgió al gobierno a cumplir con sus promesas en materia de defensa, seguridad y justicia, de acuerdo con el plan de Gobierno; así como la sustitución del estado de excepción por una estrategia de seguridad integral y sostenible, basada en inteligencia policial, fortalecimiento del Ministerio Público y el Poder Judicial, e inversión en prevención del delito.
Foro
La presentación del informe Estado de País 2025 estuvo acompañada por un foro donde participaron la esposa del asesinado Alfredo Landaverde, Hilda Caldera y la exfiscal Nidia Ramos.
En este espacio también estuvo invitada la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien no se presentó al lugar.
En el foro las mujeres concluyeron que Honduras tenía una alta expectativa con el primer gobierno de una mujer, pero lamentablemente las promesas no se han cumplido.
Tras analizar los resultados del informe, las panelistas concluyeron que “no vamos bien”, pese a pequeños avances en algunos renglones de la materia de seguridad y justicia ciudadana.
“No vamos bien”
De su parte, Nelson Castañeda, director de Justicia y Seguridad de ASJ, señaló que Honduras no va bien.
Ejemplificó que el Gobierno se jacta de que antes se asesinaba a una mujer cada 26 horas y ahora se hace cada 29 horas, si bien se obtuvo una ganancia de tres horas, este avance no es nada significativo cuando los crímenes siguen estando en la impunidad, reflexionó.
Recordó que Honduras aumentó su presupuesto en Seguridad, pero este aumento no se refleja en los resultados.
Guatemala y Colombia también bajaron sus tasas de homicidios en el último año y no se encuentran bajo un estado de excepción como sí lo está Honduras, dijo.
Acentuó que 304 mil hogares hondureños son víctimas de la extorsión y que 54 mujeres han sido asesinadas en el país este año, al final el país continúa siendo el más violento de Centroamérica ¿y el aumento al presupuesto de Seguridad?, cuestionó.
Conclusiones
El informe concluye que solo una de ocho promesas se cumplió, reflejando poca voluntad política
Extorsión: A pesar del estado de excepción, las denuncias bajaron un 32 % (de 912 a 619 entre 2023-2024), pero la victimización aumentó a 11.6 % en 2024, la más alta en seis años.
Lavado de Activos: Denuncias subieron un 165 % en 2024, con 89 % de impunidad.
Narcotráfico: Honduras sigue siendo un punto clave, con esfuerzos insuficientes en coordinación y decomisos.
Desmilitarización: No cumplida; la intervención militar en cárceles contradice la promesa.
Protección de Mujeres: Muertes violentas bajaron un 39 % en 2024 (231 casos), pero la impunidad es del 86 % y las denuncias de violencia doméstica aumentaron un 11 %.
Otras Promesas: Solo la derogación de la Ley de Secretos se cumplió; las demás están en proceso o no cumplidas. (RO)
