Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este miércoles del “huracán Trump” y reprochó el accionar del gobierno hondureño frente a la amenaza de las deportaciones masivas realizada por el presidente estadounidense Donald Trump.
– Honduras, como país receptor de deportados, podría ver un aumento considerable en el número de retornados, estimado en al menos 120 mil durante el primer año de administración de Trump, advirtió ASJ
Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ señaló que al igual que un país se prepara ante la llegada de un fenómeno meteorológico, Honduras debería contar con un plan frente a las amenazas de deportaciones masivas.
En solo cinco días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asumirá su segundo mandato con un enfoque enérgico en políticas migratorias y comerciales que podrían tener consecuencias profundas en Honduras y la región, sin que hasta el momento el gobierno de Xiomara Castro haya anunciado estrategias para mitigar el impacto de las medidas anunciadas, expresó Hernández.
Vaticinó que el plano más conservador Honduras podría tener 120 mil connacionales deportados en el primer año de administración del presidente estadounidense.
Impacto
Desde hace dos meses, el presidente Trump ha delineado varias acciones prioritarias que, de concretarse, podrían transformar el panorama económico, social y psicológico de los hondureños y hondureñas. Aunque no todas sus medidas podrían materializarse, incluso la implementación parcial de estas tendría un impacto significativo en el país, reflexionó el director ejecutivo de ASJ.
Una de las medidas anunciadas es la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados en los próximos cuatro años, con una meta inicial de un millón en el primer año, bajo la dirección de Tom Holman, «zar» de la frontera. Esto incluye deportar a 100 mil personas mensualmente, priorizando a quienes tienen antecedentes legales. Honduras, como país receptor de deportados, podría ver un aumento considerable en el número de retornados, estimado en al menos 120 mil durante el primer año, razonó.
Hasta la fecha, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha presentado un plan claro para mitigar los efectos de estas políticas. Aunque en una cadena nacional del 1 de enero mencionó la posibilidad de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola como respuesta a las deportaciones masivas, esta acción ha sido catalogada más como amenaza que estrategia viable, criticó.
Expuso que otros países como Canadá y México también han sido amenazados por el presidente Trump y sus gobernantes han buscado reuniones incluso antes que asuma, en cambio Honduras respondió con una amenaza. “el eslabón más débil amenazando al país más poderoso del mundo, algo no cuadra”, ironizó.
Economía
De su lado, Julio Raudales, economista y sociólogo, especialista en políticas públicas reflexionó que la deportación de 120 mil hondureños podría reducir las remesas en un 10 %. Una proyección conservadora con una reducción de 20 % en las remesas, implicaría una disminución de mil 789 millones de dólares, casi la mitad de las exportaciones de las maquilas de Honduras hacia EEUU.
Sumado a esto, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 55 mil hondureños expirará el 5 de julio de 2025, sin intención de renovación por parte de Trump. Esto los convertiría en objetivos fáciles para deportación, exacerbando el impacto en las remesas, comentó el también rector de la Universidad José Cecilio del Valle.
Por otro lado, el presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25 % a productos provenientes de países que no controlen el flujo de drogas e inmigración. Honduras, cuyo 51 % de exportaciones van hacia EE. UU. (5 mil 818 millones en 2023), podría enfrentar una crisis comercial que afectaría sectores clave como maquilas, café y otras exportaciones, expuso.
Ante las inminentes acciones del gobierno estadounidense, la prevención y la preparación son clave para salvaguardar el bienestar de los hondureños en el país y en el extranjero, por lo que la Asociación para una Sociedad más Justa insta al gobierno hondureño a convocar a los diversos sectores de la sociedad para desarrollar una estrategia integral. Es fundamental trabajar en conjunto para proteger los intereses de Honduras, así como buscar soluciones que promuevan la estabilidad económica y social en el país.
Pese a un “catastrófico” impacto económico para Honduras, el mayor impacto será en materia de seguridad en muchas vías, primero Estados Unidos podría retirar su base militar de Honduras voluntariamente, eso ya deja desprotegido al país y en un segundo plano con las deportación de más de 100 mil hondureños cada año el empleo será escaso y los índices de criminalidad se podrán disparar, zanjó.
Efecto cascadas
De su parte, Lourdes Cardona, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), indicó que las consecuencias de deportaciones masivas para Honduras puede generar un efecto cascada de innumerables consecuencias.
Dijo que investigaciones del sector privado señalan desde ya un impacto en el envío de remesas.
Existe un impacto social ya que un gran porcentaje de personas que reciben remesas es su único ingreso.
Habría un efecto importante en el mercado laboral, puede haber alta tasa de desempleo y una oferta de empleo que no satisface las demandas.
Aquí existe un gran reto que es evitar que se afecte la estabilidad laboral de los que ya reciben una remuneración y tampoco encarecer aquellos puestos que pueden ocupar los migrantes deportados, dijo.
Lo anterior va a generar una presión fuerte tanto en el sector privado como en las instituciones públicas en muchos aspectos ya que puede existir una sobrecarga de los servicios públicos también con mayor demanda y con una oferta inferior, contextualizó. (RO)
