Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – A estas alturas del 2025, el panorama financiero del país vuelve a mostrar una preocupante tendencia: la baja ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
-Lo grave es que Salud apenas ejecutó el 27.2 % del presupuesto para compra de medicamentos, lo que se refleja en los hospitales donde la población no recibe las medicinas recetadas.
-La inversión productiva apenas tiene 22 % de ejecución en el primer semestre de 2025.
-Hay 21 instituciones que han logrado ejecutar más del 40% de su presupuesto, pero, existen otras con ejecución nula o extremadamente baja.
-Pago de sueldos, de deuda y transferencias es lo único que tiene mayor ejecución.
Según los datos oficiales publicados en los portales Honduras Inversiones y la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin), a los 23 días de julio se ha ejecutado un 47% del presupuesto total.
Este bajo rendimiento, lejos de ser una novedad, confirma lo que ya se ha convertido en un patrón crónico dentro de la administración pública hondureña: la incapacidad para ejecutar lo que se aprueba en papel. Lo más alarmante es que esta deficiencia empieza a asumirse como “normal”, cuando en realidad está costando tiempo, oportunidades y bienestar a millones de hondureños.
De las instituciones centralizadas y descentralizadas, 72 han ejecutado menos del 40% de su presupuesto. Es decir, la mayoría del aparato estatal opera muy por debajo de su capacidad financiera. La causa principal, coinciden varios expertos, consultados por Proceso Digital, es la falta de planificación, sumada a una preocupante debilidad técnica y gerencial.
Sin planificación no hay ejecución
Para la doctora jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, se trata de un problema estructural, que ha sido heredado de administración en administración. “Aunque no debe usarse como excusa, es importante reconocer que este problema es recurrente. Se trata de una situación estructural que afecta directamente la capacidad del Estado para cumplir con sus metas de desarrollo económico y social”, señaló.
LEER: Más para armas y menos para medicinas en presupuesto 2025, denuncia ASJ
Ochoa explica que, si bien el gobierno actual ha impulsado una reestructuración institucional bajo su proyecto de “Estado refundacional”, esto ha provocado retrasos significativos en la curva de aprendizaje de las instituciones. “Implementar proyectos o programas requiere planificación, gestión y ejecución técnica. En inversión productiva apenas se ha ejecutado un 22%, y eso es muy perjudicial porque de ahí depende en gran medida la reactivación de actividades económicas”, advirtió.
La académica también destacó que cerca del 50% del presupuesto nacional se consume en gasto corriente —salarios y servicio de la deuda—, lo que deja un margen muy limitado para invertir en obras de desarrollo. “El problema no es sólo cuánto se aprueba, sino en qué se gasta y cómo se gestiona”, agregó.
A esta problemática se suma otro obstáculo: el retraso en la aprobación del presupuesto, que en los últimos años se ha realizado hasta febrero o marzo. Según la doctora Ochoa, este desfase provoca entre uno y dos meses de retraso en el inicio del gasto público.
La directora de gobernanza económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Liliam Rivera, confirmó que la ejecución del Presupuesto General de la República continúa siendo alarmantemente baja, lo que podría tener serias consecuencias para la provisión de bienes y servicios públicos, especialmente en un año electoral. Refirió que, según datos actualizados al 30 de junio, de un presupuesto vigente de 434,856 millones de lempiras, apenas se había ejecutado 181,920 millones, lo que representa solo el 42 % de avance.
Coincide con sus colegas del área financiera y económica que, entre las principales causas del estancamiento presupuestario, se remarca la inadecuada planificación y programación del presupuesto, así como la falta de una gestión orientada a resultados en las instituciones públicas. Además, advirtió sobre la escasa profesionalización del recurso humano en áreas claves como compras, contrataciones, control interno y gestión financiera.
Otro factor clave es la lenta ejecución de recursos provenientes de crédito externo, al primer semestre apenas un 10% de los fondos externos se ha ejecutado, esto debido a que las proyecciones del presupuesto no toman en cuenta las reales capacidades institucionales ni la disponibilidad efectiva de financiamiento externo. “Esto genera un desfase entre lo que se presupuesta y lo que realmente se puede ejecutar”, explicó Rivera.
Consultada por PD sobre las diferencias entre una baja ejecución por falta de recursos y una por incapacidad administrativa, Rivera explicó que, mientras la primera obedece a restricciones financieras que limitan la ejecución, la segunda refleja “la ausencia de personal capacitado, experiencia técnica y controles adecuados para manejar eficientemente los recursos públicos”.
Por su parte, el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales, considera que este bajo nivel de ejecución es consecuencia directa de una mala administración pública, agravada por decisiones improvisadas y el despido de personal capacitado con cada cambio de gobierno.
“Cada cuatro años se despide a la gente con experiencia técnica, y se contrata a personal sin la formación adecuada. La curva de aprendizaje vuelve a empezar desde cero, y así es imposible ejecutar bien el presupuesto”, afirmó.
Raudales también recordó que siempre se elaboran presupuestos que no van acorde a la realidad y solo se incrementan cada año, como ejemplo citó que el presupuesto del año 2022 tuvo un crecimiento desmesurado del 27%, sin precedentes en la historia fiscal del país. “Ese aumento tan grande, sin planificación adecuada, complicó aún más la ejecución del gasto. Y cuando no hay planificación, no se sabe cómo hacerlo”, expresó.
Sin enfoque prioritario
Según los registros de BiSefin, los rubros con mayor ejecución al primer semestre del 2025 son: activos financieros (61.10%), servicios personales (43.02%), transferencias y donaciones (40.58%), y servicio de deuda pública (35.93%). En cambio, la inversión pública —clave para dinamizar la economía— sólo registra una ejecución del 27%.
Peor aún, hay instituciones con niveles alarmantemente bajos: la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico presenta un 0% de ejecución. Otras, como Condepor (14.4%), la Dirección por Gestión de Resultados (16.4%), la CREE (18.0%), y Conatel (17.4%), no han ejecutado ni el 20% de los fondos que se les asignaron.
Crisis permanente
Y si se habla de crisis permanentes, es imposible omitir a la Secretaría de Salud, que históricamente se mantiene como una de las dependencias con más presupuesto asignado y, paradójicamente, con menor ejecución. Los hospitales sin insumos, la escasez de medicamentos y la falta de personal son síntomas visibles de un mal que comienza en los escritorios de planificación y ejecución presupuestaria, anotan los especialistas.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) publicó una investigación que determina que la Secretaría de Salud a junio apenas ha ejecutado el 27.2 % de su presupuesto para compra de medicamentos y lo más grave el de adquisición de vacunas es de 0 %.
El problema de la baja ejecución presupuestaria, más allá de las cifras, tiene consecuencias humanas: retrasa obras, limita oportunidades y debilita la confianza en las instituciones.
Es hora de dejar de tratar la baja ejecución como una “herencia estructural” y empezar a exigir soluciones. Honduras no puede seguir aceptando la ineficiencia como parte del sistema. De una vez por todas, la ejecución del presupuesto debe convertirse en una prioridad nacional, no solo un número más en un informe semestral, concuerdan los entrevistados.
En conclusión, anotan que la baja ejecución del presupuesto no es una simple ineficiencia: es una enfermedad endémica del aparato estatal hondureño. Su permanencia a lo largo del tiempo demuestra la falta de voluntad y capacidad para transformar una gestión pública que, por ahora, sigue condenando al país al estancamiento.LB
