Tegucigalpa – El titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, dejó claro que antes de que ese poder del Estado tome las vacaciones de fin de año, decidirán si dan curso a la impugnación del Artículo 239 constitucional que criminaliza abordar la reelección presidencial.
Sin embargo, “este asunto no estará resuelto antes de marzo del próximo año”, advirtió Rivera Avilés.
“Se trata de un recurso pidiendo libertad de expresión y eso está contemplado dentro de nuestras normas nacionales, así como en los tratados internacionales”, señaló.
El magistrado presidente de la CSJ refirió que “oportunamente la Sala de lo Constitucional hará su pronunciamiento correspondiente”.
A renglón seguido afirmó que “la Sala (de lo Constitucional) entiendo que antes de que nos retiremos en período vacacional decidirá si se da curso o no a la solicitud. Esto trae consigo después el arrastre de expedientes de cuando se incluyó en la Constitución, allá por el año 1981, estas normas y hasta después de que se tienen estos antecedentes se escucharía la opinión de la Fiscalía de la República y posteriormente en un plazo prudencial la sala emitirá su resolución”.
Continuó que la resolución de la Sala de lo Constitucional por este tema específico estaría lista hasta el primer semestre de 2015.
Desvirtuó que se pretenda abrir una ventana para permitir la reelección presidencial en Honduras. “Lo que entiendo es que se quiere quitar el bozal tanto a los funcionarios públicos como al pueblo hondureño en general para que el asunto pueda ser comentado, para que pueda ser discutido y para que oportunamente puedan haber unas iniciativas puedan ser afrontadas establecidas en el Artículo 3 constitucional que prohíbe que alguien viole la alternabilidad en el poder”, argumentó.
Prometió que la Corte Suprema de Justicia aplicará la ley y hará la interpretación de los tratados internacionales.
Este lunes, un grupo de diputados nacionalistas, en su mayoría, presentó ante la CSJ una impugnación al segundo párrafo del Artículo 239 de la Constitución de Honduras, que pretende abrir la posibilidad de hablar abiertamente de la reelección presidencial, actualmente criminalizado por la Carta Magna del país.