Tegucigalpa- Alrededor de 280 docentes de los diferentes niveles educativos del país denunciaron, entre el 2016 y el 2021, estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado, reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– De los casos atendidos por el Conadeh, el gremio de los docentes se ubica en el tercer lugar entre las ocupaciones con más riesgo de desplazamiento forzado, únicamente superado por las amas de casa y los comerciantes con 808 y 790 casos respectivamente.
Víctimas de amenazas, asaltos, agresiones y atentados, los docentes están en primera línea de ser víctimas de desplazamiento forzado, situación que los convierte en uno de los sectores de la sociedad hondureña más afectados por la violencia, señaló el Conadeh
Además, en los últimos 12 años, más de un centenar de maestros perdieron la vida en circunstancias violentas e impunes. Se estima que más del 90% de los casos continúan en la impunidad lo que impide determinar las verdaderas causas por las que murieron los educadores.
Maestros entre las ocupaciones con riesgo de desplazamiento forzado
Las denuncias atendidas por el CONADEH revelan que el gremio de los maestros se ubica en el tercer lugar entre las ocupaciones con más riesgo de desplazamiento forzado, únicamente superada por las amas de casa y los comerciantes con 808 y 790 casos respectivamente.
Se estima que, en los últimos cinco años, personas que se dedican al rubro del transporte, abogados, periodistas, agricultores, ganaderos, obreros y de casi más de medio centenar de ocupaciones han estado en riesgo o son víctimas de desplazamiento forzado en el país
El ente estatal reveló que, en general, entre el 2016 y el 2021, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH atendió 5,081 quejas sobre ese fenómeno, con un número de personas afectadas que ascendió a 12 mil 067 de las cuales, 6 mil 482 (54%) estaban en riesgo y en condición de desplazado 5 mil 555 (46%).
De la totalidad de quejas sobre desplazamiento forzado, la UDFI atendió, durante ese periodo, alrededor de 280 denuncias de maestros provenientes de diferentes centros educativos del país, principalmente de aquellos que se encuentran en áreas controladas por asociaciones ilícitas. La situación es alarmante si se toma en cuenta que no todas las víctimas presentan denuncias.
Un análisis reciente, sobre las denuncias presentadas ante el CONADEH, revelan que, en 38 centros educativos del país se presentaron diversos hechos de violencia que provocaron situaciones de riesgo y desplazamiento forzado de maestros y estudiantes.
De estos, 12 centros educativos están ubicados en el departamento de Cortés, 13 en Francisco Morazán, 4 en Olancho, 1 en Colón, 1 en Choluteca, 2 en Yoro, 1 en Atlántida, 2 en Comayagua y 2 en Gracias a Dios.
Se vulnera el derecho a la educación
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, declaró que de acuerdo a las denuncias atendidas por el ente estatal que dirige, entre los sectores de la sociedad afectados por la violencia están los docentes, principalmente los asignados en zonas de alto riesgo, ya que no cuenta con la seguridad necesaria para proteger su integridad física y sus vidas, situación que eleva los niveles de exposición y riesgo.
Los docentes que imparten clases en zonas de alto riesgo, se ven expuestos a los impactos de la violencia, que en algunos casos es causa del desplazamiento forzado y que afecta el normal funcionamiento de los centros educativos, señaló.
Indicó que cuando ocurre ese tipo de hechos se afecta y se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad y el derecho a la educación, que es la base del desarrollo de los pueblos.
Hasta ahora uno de los problemas que se experimentan en el país es que el abordaje institucional del desplazamiento forzado interno, sigue caracterizándose por la atención empírica.
En el 2013, Honduras reconoció, el desplazamiento forzado interno generado por la violencia y por el accionar de la criminalidad organizada, sin embargo, sus acciones en cuanto a la prevención, protección y atención de las personas desplazadas internas por la violencia sigue siendo limitada en materia de atención a grupos vulnerables.
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