Londres – El uso de la violencia sexual y basada en el género (VSBG) para reprimir las protestas pacíficas forma parte de un «patrón creciente» y «alarmante» en Latinoamérica, según denunció la organización humanitaria REDRESS.
Esta ONG, con sede en Londres, reveló en su primer informe sobre esta cuestión casos de agresiones cometidas por «actores estatales» en manifestaciones recientes en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, donde las víctimas son sometidas a «desnudez forzada, violación, requisas invasivas, acoso sexual, tocamientos inapropiados, violaciones anales y vaginales con objetos».
Esta represión política y social, subrayó, a menudo coincide con esfuerzos más amplios encaminados a reducir el espacio cívico mediante la criminalización de manifestantes, detenciones masivas y leyes que evitan que las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos.
El informe, elaborado con la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law (AUWCL) y la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Violencia de Género (ReLeG), explicó que la VSBG se utiliza particularmente como arma contra mujeres, personas LGBTIQ+ y otros grupos marginados.
Las víctimas, lamentó, suelen guardar silencio por vergüenza, temor a represalias, estigma social o falta de confianza en el sistema de justicia, mientras que la impunidad «generalizada» lo agudiza y perpetúa el ciclo de violencia.
La investigación también advirtió sobre «el fracaso sistémico» de las autoridades a la hora de incorporar una perspectiva de género en las políticas y prácticas de seguridad, «en claro desprecio por las normas de derechos humanos internacionales y regionales».
El informe recordó que la «larga historia de racismo, clasismo, colonialismo y represión política» de las dictaduras latinoamericanas ha creado un escenario donde «la impunidad prospera y la protesta pacífica es frecuentemente vista como una amenaza, en lugar de un derecho democrático».
«La violencia sexual y de género en las protestas es una herramienta deliberada de represión política y social. Refleja una discriminación estructural profundamente arraigada, destinada a deshumanizar, silenciar y desalentar la participación de mujeres y personas de diversas orientaciones sexuales o identidades de género en la vida pública y política», indicó la directora jurídica de REDRESS, Alejandra Vicente.
Entre los ejemplos más recientes, el documento se remitió a las protestas poselectorales de 2024 en Venezuela, donde se reportaron amenazas de violación por parte de agentes estatales, tocamientos en senos, glúteos y genitales de personas detenidas, así como desnudez forzada y requisas invasivas.
«A un hombre -expuso- se le aplicaron descargas eléctricas en los genitales por ser percibido como opositor político. Las autoridades también negaron a las mujeres detenidas el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos al impedirles amamantar».
También en Colombia durante la huelga general de 2021, organizaciones de la sociedad civil documentaron numerosos casos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.
«Un incidente involucró a tres manifestantes y una periodista que fueron agredidos sexualmente durante requisas policiales. En otro, tres jóvenes fueron encerrados en una celda con otros reclusos mientras la policía animaba a los presos a violarlos; uno fue obligado a practicar sexo oral», agregó el informe. EFE
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