Multi-extorsión, secuestros y muertes aniquilan al transporte

Tegucigalpa – El agobio por las múltiples rentas que tienen que pagar por concepto de extorsión, los secuestros de motoristas y ayudantes, así como los atentados que cotidianamente reciben tienen “de correr” al transporte, mientras las respuestas de las autoridades parecen no llenar sus expectativas porque el flagelo crece como un monstruo de mil cabezas difícil de contener.

– Desde la Dipampco se ha informado que al menos 60 estructuras criminales se dedican al cobro de la extorsión en el transporte y comercios.

– Durante el 2023 el delito de la extorsión llegó a su nivel más alto en los últimos cinco años en Honduras, según el informe de la ASJ.

– Dirigentes del transporte denuncian que han surgido varios “nuevos empresarios” con una flota indeterminada de unidades que seguramente son producto de las actividades ilícitas.

El transporte público -en su modalidad de taxi, servicio urbano e interurbano- cuenta todos los días sucesos criminales que los victimizan, donde la extorsión los hace sus clientes favoritos ante una respuesta policial que no está al ritmo de los criminales. Mientras los extorsionistas viajan “en servicio VIP” al ingeniárselas para burlar a la autoridad, la Policía parece “pedir halón” para lograr aprehender a los que cobran millonarias sumas de dinero a los actores del rubro.

Sólo en 2023 el transporte público pagó entre 500 y 600 millones de lempiras a las estructuras criminales que los ordeñan al tenor de tibias acciones de los cuerpos de seguridad que no logran controlar este flagelo que genera inseguridad, desempleo, migración y muertes.

Es casi trillada la paralización de rutas en el servicio de taxi, buses urbanos e interurbanos, en las principales ciudades de Honduras, por los inagotables cobros de bandas criminales que suelen exigir los pagos de forma mensual, pero también lo hacen en situaciones excepcionales como junio y diciembre que se conoce como aguinaldo. Una muestra palpable es la paralización este lunes de la ruta de taxis Kennedy-UNAH por el cobro de extorsión.

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Y qué decir de los ataques criminales que cobran la vida de operadores del transporte. Es otra de las aristas de la galopante inseguridad que registra medio centenar de muertes violentas este año.

Las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado suelen llegar a hacer presencia a los puntos de taxi o de buses un par de días mientras se estabiliza el servicio, pero al cabo de los subsiguientes días el flagelo regresa a reclamar el pago de la extorsión.

La queja de los operadores del ramo suele poner en tela de juicio la efectividad de la que se jacta la Policía. Las acusaciones y contra acusaciones no abonan para poner coto al flagelo que tiene a los primeros de rodillas ante una creciente inseguridad que los tiene de principales tributadores a sus demandas ilícitas.

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Secuestro de unidad con conductor y ayudante

Uno de los hechos que rebasan los límites imaginados de la inseguridad ocurrió el pasado domingo, cuando una unidad de bus fue secuestrada junto al motorista y ayudante, de acuerdo al relato del empresario del transporte, Wilmer Cálix.

Narró que el suceso fue denunciado ante las autoridades policiales, quienes lograron dar con el paradero del conductor y el cobrador horas más tarde.

Hasta este momento la unidad 723 no ha aparecido, lo cual le piden a los ciudadanos que pueda brindar información para que informen a la línea 911.

Cálix dijo que el cobro de la extorsión sigue vigente y lo que varía es la cantidad de estructuras criminales que cobran el mal llamado “impuesto de guerra”. Algunas rutas de la capital sólo pagan a una banda criminal, pero en otras puede llegar hasta las siete rentas.

Detalló que pagan 2 mil lempiras por unidad de transporte en el Distrito Central, pero la cifra alcanza los 50 millones mensuales en todo el país, al tiempo que señaló siguen esperando los resultados del estado de excepción que prometió la Policía bajaría este flagelo.

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La extorsión tiene de rodillas al transporte desde hace varios años.

La extorsión golpea fuerte: Conadeh

La extorsión nos está golpeando fuertemente en el país, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con mayor incidencia en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde se concentra el mayor número de casos, de acuerdo a informes del Conadeh.

Entre el 2016 y el 2023, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh (UDFI) identificó, al menos, 8 mil 200 casos relacionados al desplazamiento forzado, de los cuales 3 mil 116 (38 %) estaban en situación de desplazamiento y 5 mil 084 (62 %) en riesgo de desplazamiento.

Solo en el 2023, cerca de 1 mil 700 personas denunciaron, ante el Conadeh, estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado.

De los casi 1 mil 700 casos de desplazamiento forzado, atendidos por el Conadeh, en el 2023, el 62 % de las personas, víctimas de esta modalidad violatoria de los derechos humanos, revelaron estar en riesgo pero que, aún no habían abandonado sus hogares, aunque su integridad y su vida está en peligro, mientras que el 38 % admitió que son personas víctimas de desplazamiento forzado.

El departamento de Francisco Morazán pasó de registrar 617 quejas en el 2022 a 841 al cierre de 2023, seguido por el departamento de Cortés que de 315 quejas en el 2022 pasó a 364 un año después.

Las “maras y pandillas” fueron identificadas, por las víctimas, como los principales agresores en el 30.6% de las quejas relacionadas a desplazamientos forzados. Además, en el 27.8 % de los casos, las personas peticionarias identificaron a familiares, pareja, vecinos e incluso al empleador y compañeros de trabajo.

En el 33.4 % de los casos, las personas que interpusieron quejas relacionadas a desplazamiento forzado interno indicaron que “desconocían” a sus agresores, ya que las amenazas las recibieron vía telefónica o a través de notas escritas en papel.

Las acciones de los cuerpos de seguridad no son suficientes para detener la extorsión.

Motoristas mejor migran

Otro reciente informe del Conadeh, cita que hay barrios y colonias donde el desplazamiento forzado está tocando fuertemente a las mujeres, a los comerciantes y a los transportistas, entre otros.

“Constantemente hay rutas del transporte que se paralizan porque no quieren continuar brindando su servicio por la extorsión, que es una de las principales causas que está generando el desplazamiento forzado”, menciona el escrito del ente defensor de DDHH.

La migración de la mano de obra calificada, «es una triste realidad, porque los conductores se van a buscar trabajo a otros países. La mano de obra buena, conductores con experiencia y responsables, se han ido a Estados Unidos y a otros países de Europa», manifestó recién el dirigente de transporte Jorge Lanza.

En conclusión, el dirigente anotó que esta situación crítica exige medidas urgentes para certificar y capacitar a nuevos conductores, además de políticas que reduzcan la extorsión y apoyen a las empresas en la gestión de sus obligaciones laborales.

Al menos 50 millones mensuales se pagan por extorsión en Honduras.

Apenas 3 % de los casos judicializados logran sentencia

Apenas un 3 % de las denuncias interpuestas por ciudadanos víctimas de extorsión han derivado en una sentencia condenatoria contra los implicados, reveló hace unas semanas la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

En el marco del seguimiento a las acciones implementadas por el gobierno hondureño contra la extorsión, la organización de Sociedad Civil expuso el Monitor de Impacto de la Extorsión en Honduras.

Esta herramienta fue diseñada por ASJ para proporcionar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos por el sistema de justicia penal en el combate contra la extorsión.

De enero a mayo, 891 denuncias han sido interpuestas ante la Policía Nacional, pero sólo se reportan 484 detenciones y apenas 27 casos han derivado en una condena contra los acusados ante los juzgados competentes, según datos del ente de sociedad civil. PD