Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La crisis por la existencia de dos directivas en el Congreso Nacional (CN), que por días mantuvo a la sociedad hondureña en vilo, aparentemente llegó a su fin con el acuerdo interno en el Partido Libertad y Refundación (Libre), pero ahora la pregunta es ¿tiene legalidad la junta de Luis Redondo?
– Analistas coinciden en necesidad de legalizar formalmente la directiva de Luis Redondo.
– No legalizar la directiva, traerá repercusiones a la inversión y a la débil democracia del país.
– En la sesión de anoche de nuevo salió a relucir la legalidad de la junta directiva y la diputada Beatriz Valle llamó presidente de facto a Luis Redondo.
Por lo pronto los diputados disidentes volvieron al redil, bajo un acuerdo político que no termina de convencer a muchos y condicionado, como lo estableció el propio Jorge Cálix al dejar un apartado en el documento en donde depuso su candidatura como titular del Legislativo que dice “por el momento”, pero al final por lo menos se logró que los 128 diputados volvieran a sus curules.
Lo anterior supone una victoria parcial para el grupo de Luis Redondo, que considera que con ese retorno se valida su junta directiva, no obstante, conocedores de la materia legal de distintos sectores consultados son del criterio que sigue siendo imperante que, la ahora única directiva se legalice.
Es imperante la legalización
Tiziano Breda, analista para Centroamérica del grupo de análisis Crisis Group, dijo a Proceso Digital que coincide con los que dicen que la crisis está aparentemente resuelta, porque se logró un acuerdo interno en el partido Libre reunificando la bancada que permitió que Jorge Cálix retirara su candidatura y dejando el paso libre a la junta presidida por Luis Redondo.
Para Breda la legalidad de la directiva del CN, sigue siendo cuestionable, aunque sea reconocida y respaldada por un número mayor de miembros del Partido Libre, “esto en mi opinión hace que cualquier iniciativa legislativa que pase por ese Congreso presidido por Redondo puede todavía ser sujeto a impugnaciones de carácter legal”, agregó el analista internacional.
“La imposición de una junta elegida de una forma con vicios de forma no coincide, no combina con la pretensión de restaurar o restablecer la democracia”, reiteró el analista.
Por su parte, el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, cuando Proceso Digital, le consultó ¿si se debe legalizar la irigencia del Congreso Nacional? en seguida respondió “totalmente para que todas las decisiones que haga el Congreso sean legales y legítimas se tiene que legalizar la junta directiva, hay que recordar que la legalidad y la legitimidad van de la mano y ninguna de las dos situaciones se tiene que separar”.
Insistió en que es necesario que se legalice porque se están creando leyes, se están derogando leyes y están eligiendo altos funcionarios públicos y vienen procesos más complejos como la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y los fiscales del Ministerio Público.
De no legalizarse cada una de las acciones que realice este Congreso está sujeto a nulidad y pueden ser refutadas tanto por profesionales del derecho como por cualquier ciudadano común, adicionó.
Dudas en la legalidad son fatales para inversiones
Debe prevalecer la cultura de la legalidad para no afectar la inversión tanto nacional como extranjera, por ello es importante que la directiva del Congreso Nacional se legalice, analizó en Proceso Digital el abogado Rodolfo Dumas.
En ese sentido, según el especialista, habría que buscar una salida creativa que de alguna manera satisfaga a todas las partes involucradas y que le de esa sensación de estabilidad jurídica tanto a los hondureños como a los inversionistas extranjeros.
Caso contrario, las repercusiones son muchas en cuanto a la percepción que tiene el inversionista, sobre que no hay reglas claras y consistentes en el país.
Por otra parte, en Honduras “tenemos un sistema de justicia disfuncional que no está respondiendo ni a las necesidades de la sociedad hondureña y mucho menos a las de los inversionistas extranjeros, por eso en Honduras cuándo firman contrato de inversión o algún tipo de concesiones (…), lo primero que buscan es insertar una cláusula arbitral y esa cláusula arbitral generalmente manda a un arbitraje internacional, porque no confían precisamente en la justicia hondureña”.
Finalmente, Dumas, reiteró que hay que recordar que las leyes en relación a la inversión y la economía pasan por el Legislativo, por tanto, es preciso que la situación quede clara, y que se busque la salida para que no haya dudas de la legalidad.
Duda de legalidad también invade a parlamentarios
Entre los parlamentarios, aunque regresaron todos los propietarios, el ambiente es tenso y aunque no todos lo exteriorizan abiertamente la mayoría tiene dudas y están conscientes que en ambas juntas hubo vicios de raíz y hay que repararlo.
Algunos que pidieron el anonimato, anotaron que efectivamente lo mejor sería que la junta se legalice con una nueva votación e insistieron en que no se entiende cuál es el temor a hacerlo de nuevo.
“Con el diálogo lo que se solventó fue las diferencias a lo interno de un partido político, no obstante, seguimos a la espera que con la misma voluntad se proceda a la legalización de la Junta Directiva presidida por el compañero Luis Rolando Redondo, para que su accionar no se vea empañado” dijo a este medio la diputada del Partido Nacional (PN), María Antonieta Mejía.
Por su parte, la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Beatriz Valle reveló, recientemente que sigue sin reconocer a Luis Redondo como diputado presidente del Legislativo, al tiempo que vaticinó que, debido a la ilegalidad de la Junta directiva del CN, vendrán crisis futuras.
No se combate ilegalidad con más de lo mismo
La esperanza del pueblo hondureño con el arribo de la presidenta Xiomara Castro al poder, se ha cifrado en que se le ponga un alto al autoritarismo, a la corrupción e impunidad del último gobierno, pero el castillo de la esperanza, ya tiene las primeras fisuras, porque con las recientes acciones del Legislativo lo que se ve es más de lo mismo, han coincidido los analistas consultados.
El nuevo gobierno y particularmente los diputados del nuevo Legislativo parten de la premisa que los Congresos anteriores y principalmente el Partido Nacional, incurrieron en muchas irregularidades destruyendo el Estado de Derecho y que, por lo tanto, ahora no tienen la altura moral para reclamar, no obstante, “lo que fue malo ayer, sigue siendo malo hoy” independientemente de que partido político sean las acciones, dijo Juan Carlos Aguilar de ASJ.
Controversias e irregularidades a la vista en el CN
A parte de que, de forma general, sin la legalización de la Junta todo lo aprobado en el Legislativo, está sujeto a nulidad, por los vicios de origen, hay casos puntuales durante esta legislatura que han generado gran controversia entre los distintos sectores de la sociedad y otros que abiertamente son ilegales según los juristas.
En los primeros decretos aprobados, cuando los diputados del Partido Nacional y disidentes de Libre no se habían reincorporado, se aprobaron leyes sin contar con los votos necesarios, o se ajustaron con suplentes, quedando en duda, porque no se utilizó la máquina de tarjetas de votación para verificar el quórum y el listado de votantes a favor y en contra.
Entre estos Decretos figuran los subsidios a la energía eléctrica y combustibles, Ley de ZEDE, Amnistía, permisos a diputados para ostentar cargos en el Ejecutivo y nombramiento de procurador y subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR
En el caso del subsidio a familias que consumen montos de energía iguales o inferiores a 150 kwh, no quedó del todo claro quienes pagarán ese recargo y aunque se dijo de forma verbal que los consumidores residenciales no serán afectados; en el decreto no se especificó, dejando abierta la posibilidad para el Ejecutivo de afectar cualquiera de las categorías, lo que según economistas es perjudicial para la economía y la inversión.
“Cuando el Estado decida subsidiar a los consumidores de bajos ingresos, deberá hacerlo sin afectar las finanzas del subsector eléctrico pudiendo para ello cargar a una categoría de usuarios, costos atribuibles a otra categoría.” Reza el decreto publicado en la Gaceta.
Lo de la ZEDE, según una fuente del CN, lo que se hizo fue eliminar la ley secundaria, dejando vivo el precepto constitucional, por lo que hay un vacío y más allá de las paredes del Legislativo algunos conocedores cuestionan si las ZEDEs se anularon en broma o en serio.
“Hay un procedimiento especial para derogar artículos constitucionales y sabemos que necesitamos 86 votos, necesitamos dos legislaturas de lo contrario difícilmente un juez se va a atrever con una ley declarativa querer anular lo que establece la Constitución de la República”, reconoció en su momento el diputado de Libre Jari Dixon.
Decreto de Amnistía, este es uno de los decretos aprobados en la presente legislatura con mayor controversia pues según los generadores de opinión de diversos sectores, esta va más allá de favorecer a los presos políticos y se estaría blindando de otro tipo de delitos a exfuncionarios que fungieron en el gobierno del exmandatario Manuel Zelaya Rosales; escenario por el que se advierte la gravedad de que se cree este tipo de leyes que generan más impunidad en Honduras.
Nombramientos en la PGR
Este es otro de los decretos que de acuerdo a los profesionales del derecho a todas luces fue ilegal y el 8 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el nombramiento del nuevo Procurador y Subprocurador General de la República, el CNA estuvo de acuerdo que con este acto se violentó el debido proceso y se atentó contra la Constitución de la República.
La elección se realizó a altas horas de la noche sin socialización y veeduría alguna.
Los funcionarios de la PGR, no habían terminado su cargo, tenía vigencia hasta el 22 de julio de 2022 y no hubo juicio político para destruirlos.
Los nombrados no cumplieron todos los requisitos requeridos según los Artículos 229 y 309 de la Constitución de la República; pues se establece que deben ser notarios debidamente colegiados y no lo son.
Más polémica e imposición
En el tintero de discusión están temas como la derogación de la Ley de Empleo por Hora, misma que al ser planteada por el congresista Juan Barahona de Libre, alertó principalmente al sector privado y obligó a una socialización que se lleva a cabo con distintos actores involucrados, a fin de buscar una salida que lleve a un término medio y no provocar más desempleo.
El CN, no termina de plantear un proyecto controversial para caer en otro, este es el caso de la eliminación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que aplica la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a estudiantes de primer ingreso.
El proyecto fue presentado por el diputado de Libre Rasel Tome, aduciendo que la PAA, es excluyente, el rechazo y acusación de una violación a la autonomía de la máxima casa de estudios no se hizo esperar de parte de autoridades de la UNAH, y académicos conocedores de la temática.
No obstante, tras esas reacciones el Congreso a través del diputado Sergio Castellanos, amenaza con imponer un proyecto de ley para crear otra universidad vía Congreso Nacional, si la UNAH no elimina la PAA.
LB
