Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Un convulso proceso electoral parece asomar en el país como parte de una agresiva estrategia que ha iniciado con requerimientos fiscales, capturas y acusaciones en medio de una oposición política dispersa, arrastrada al pasado de 2009 y alejada de los problemas que preocupan a los hondureños: empleo, seguridad, corrupción y un tratado de extradición a punto de expirar como parte de una batalla en donde el capítulo ganador lo encabeza, por ahora, el narcotráfico y el crimen organizado.
– Requerimientos y acusaciones avizoran convulso proceso electoral en Honduras.
– El capítulo ganador lo encabeza, por ahora, el narcotráfico y el crimen organizado.
A casi un mes de que expire el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, el gobierno de la presidenta Castro no muestra interés en revertir una decisión tomada en agosto de 2024, al trascender un narco video que salpica a la familia presidencial en donde el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negociaba con capos de la droga hondureños, sobornos para la campaña presidencial del partido Libertad y Refundación, Libre, en el 2013.
El gobierno de Castro decidió denunciar el tratado de extradición alegando acciones de soberanía, y comenzando el 2025, advierte que no descarta sacar del país la base militar estadounidense de la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, asentada en Palmerola, en el central valle de Comayagua. Pone así un nuevo acento a las turbulentas relaciones diplomáticas con Washington.
En su mensaje a la nación, la presidenta Castro manifestó que si el nuevo gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, cumple su promesa de deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular en ese país, entre ellos hondureños, podría rescindir de la permanencia de la base de tropas estadounidenses en Palmerola, aunque dijo estar dispuesta a un diálogo.
El avispero se revolvió, la oposición política y la ciudadanía en general mostraron su desacuerdo con esa advertencia que ya deja sus primeros efectos: dos importantes senadores estadounidenses han dicho que, si Honduras no quiere la base militar, ésta puede ser instalada en Guatemala, que le pueden suspender la ayuda a Honduras y que las remesas que envían los migrantes podrían ser gravadas.
El mensaje presidencial comenzaba a generar revuelos en la capital estadounidense y el gobierno de la presidenta Castro parecía haber caído en la telaraña de sus propias redes sin saber cómo salir del embrollo sin ahondar aún más las diferencias que ha tenido a lo largo de tres años con Estados Unidos.
El salvavidas del MP
Aparece entonces en la escena mediática el Ministerio Público con requerimientos y orden de captura en contra de tres generales en retiro: Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto. Le acusa por la muerte del joven Isis Obed Murillo, ocurrida como parte de los acontecimientos de junio de 2009 que concluyó con el golpe de estado en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Los generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes, eran en esa época, las cabezas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en tanto Carlos Roberto Puerto, fungía como jefe del comando de operaciones que coordinaba las acciones de seguridad militar durante el golpe de estado. La fiscalía les acusa del delito de asesinato y tentativa de asesinato.
Quince años después el Ministerio Público retoma uno de los 11 casos en los cuales, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se registraron dentro de los sucesos violentos del 2009, y por los cuales se debe dar con la verdad para hacer justicia y dar con los responsables de estos hechos violentos, señala el informe de la Comisión.
Quince años después, el Ministerio Público retoma uno de los casos más emblemáticos y se avizora una fuerte batalla legal en los tribunales de justicia que pondrá a prueba la independencia de la Fiscalía y del mismo Poder Judicial, último que fue golpeado por Estados Unidos a fines de 2024 al designar a una de sus magistradas en la Lista Engel de personas corruptas y de quienes socavan la democracia.
El caso de Isis Obed Murillo, logra así arrastrar al país al pasado de 2009, caldeando los ánimos políticos, reviviendo viejas heridas y demandando justicia y fin de la impunidad. Se esparce la atarraya y los militares de la actual cúpula se lavan las manos, aseguran que no habrá más golpes de estado y niegan sus instalaciones para albergar ahí a quienes fueron sus jefes y compañeros de armas.
La estrategia de ellos parece orientada a dar reconocimientos honoríficos a actores del movimiento popular ligados a Libre que sufrieron persecución política en los años ochenta. Esa entrega de menciones honoríficas se efectuó a mediados de diciembre y posteada en las redes sociales por los galardonados, que, en el pasado, cuestionaron fuertemente el papel de los militares. Son las “nuevas” Fuerzas Armadas, aseguran.
De vuelta al 2009
La polarización sube una nueva escala y el país se halla dividido entre quienes estiman que las acusaciones contra los tres generales en retiro buscan justicia, y los que consideran que las imputaciones responden a un patrón desde el oficialismo para amedrentar y golpear a la oposición política en año electoral. La presión se pone así sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Las sospechas de politización del caso Isis Obed Murillo, acrecientan cuando en un foro televisivo uno de los asesores de la presidencia, Enrique Flores, informaba que el Ministerio Público iba a ampliar el requerimiento fiscal para una recalificación de delitos, como en efecto ocurrió días después. Los hechos del golpe de estado llevaron nuevamente al país a nuevos estadios de polarización.
Crispación que es avivada por el Fiscal General, Johel Zelaya, al anunciar luego de un acto militar, que vienen más requerimientos fiscales contra políticos y que no acepta “la cantaleta” de que es persecución política. 24 horas después de esas declaraciones, el Ministerio Público anuncia que ha pedido requerimientos con fines investigativos al poder judicial para más de una veintena de diputados y exdiputados.
Desde el Congreso Nacional, su titular, Luís Redondo, saluda las acciones de la Fiscalía y advierte que, con él frente a ese poder del Estado, no “habrá impunidad”. Todas estas acciones hacen que la oposición política partidaria se muestre dispersa y fragmentada, arrastrada por la estrategia instalada de atomización y división, desde el oficialismo.
Distracción versus prioridad
En medio de estas distracciones se diluyen de la agenda del país el tema del empleo que golpea fuertemente a los hondureños, que entrando el 2025 ya registra desempleo por cierre de maquilas y empresas dedicadas al rubro del camarón. La economía y el empleo destacan entre los principales problemas que agobian a los hondureños, mientras el gobierno da largas pausas a un diálogo por el empleo que le han propuesto desde hace más de un año los obreros junto al sector privado.
Otro problema que agobia es la inseguridad y violencia, que registra en los primeros días de enero de 2025 al menos 17 femicidios, en medio de una ilegal ampliación del estado de excepción hecha por el gobierno de Castro, sin pasar por la ratificación del Congreso Nacional, como ordena la Constitución. Al contemplar la suspensión de ciertas garantías constitucionales, la Constitución señala que esa potestad solo puede ser ratificada por el Parlamento, en donde no hay consenso, por ahora, para que siga vigente el estado de excepción.
La autoridad desafía así la Constitución y al Parlamento, que busca cómo obtiene consensos para aprobar el Presupuesto General de la República, los contratos de las adendas en materia energética y la Ley de Justicia Tributaria.
La otra temática que va quedando fuera de la agenda—junto a la extradición—es la lucha contra la corrupción. La CICIH se aleja y la oposición política parece contemplar con resignación que expire el tratado de extradición y que no se instale CICIH. La oposición política está expectante contemplando cuándo y qué tanto les pueden afectar los nuevos requerimientos para su estrategia de “sálvese quien pueda”. El oficialismo, en tanto, tiene clara su estrategia para mantenerse en el poder. El año electoral será convulso a medida que escale la polarización y las campañas electorales distraigan al elector de lo urgente y lo prioritario. PD
