Tegucigalpa- El 2024 se cierra con una sombría realidad para las mujeres hondureñas: los feminicidios y la violencia de género siguen siendo problemas críticos en materia de seguridad. A lo largo del año, los casos de muertes violentas y ataques contra mujeres dejaron una profunda huella en el país, enfrentando la inacción y la limitada respuesta de las autoridades, lo que provocó una ola de protestas y reclamos por parte de organizaciones feministas y familiares de las víctimas.
La epidemia de asesinatos contra mujeres no fue la excepción en 2024, los abusos, la violencia, los feminicidios y la impunidad contra las hondureñas se registraron frente a la indiferencia de las autoridades.
-Las organizaciones de mujeres señalaron sentirse decepcionadas ya que son féminas las que dirigen el Poder Ejecutivo y Judicial y no han dado respuestas en políticas públicas que ayuden a bajar los altos índices de impunidad.
-Suman 264 las muertes violentas en este 2024.
-El odio y la saña con lo que fueron asesinadas estas mujeres se dejó notar en casi todos los crímenes.
Los feminicidios y la violencia contra la mujer siguen siendo dos de los principales problemas en materia de seguridad durante este 2024.
La muerte violenta de mujeres se reportó durante todo el año y la falta de respuesta de las autoridades provocó los reclamos permanentes de las organizaciones femeninas y familias afectadas.
Desde el inicio del año se pintó de luto para las mujeres hondureñas, reportando la primer masacre, el 9 de enero, en el interior de un vehículo donde se transportaban fueron encontradas las tres jóvenes reportadas como desaparecidas desde hace tres días en Roatán, Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.
Las victimas Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, este hecho generó el repudio de toda la isla y la ciudadanía hondureña que exigieron a las autoridades encarcelar a Gilbert Reyes principal sospechoso del crimen y quien fue extraditado desde República Dominicana y guarda prisión en la cárcel de Támara.
Sólo en los primeros siete días de enero se reportaron siete mujeres asesinadas, siendo la situación tan grave que a la primera quincena de enero ya se reportaban 16 femicidios.
La mayoría de las muertes fueron perpetradas por sus parejas o exparejas, en algunos de los casos las muertes de las féminas ocurrieron por saña y odio.
Al inicio de febrero, las organizaciones de mujeres reclamaron que la línea 114 estaba inhabilitada y que sus llamadas de monitoreo no son recibidas.
También en ese mes se recibió con sorpresa la condena de cinco años de prisión para el asesino de Keyla Martínez.
Protestas y demandas
Mientras tanto el país ya reportaba 25 muertes violentas contra mujeres y las voces de la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu y la representante de las Naciones Unidas, Alice Shackelford elevaban sus voces para reforzar las estrategias y evitar más muertes de mujeres.
Asimismo, una de las dirigentes feministas, Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, en marzo denunció que estaba siendo víctima de ataques con el objetivo de callarla y que no siguiera denunciando la epidemia de muertes contra mujeres.
También las activistas se movilizaron para exigir la aprobación de la Ley de Casas Refugio.
En ese mes de marzo, las autoridades de Seguridad ofrecieron una recompensa para dar con el paradero del asesino de una mujer en una gasolinera en el departamento de Olancho.
En abril, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva aseguró que las investigaciones habían dado con el paradero de Angie Peña.
Por otro lado, decenas de mujeres denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), una serie de violaciones a sus derechos en acciones realizadas por los entes policiales y militares durante el estado de excepción.
Previo al Día de la Madre Honduras ya reportaba el centenar de mujeres asesinadas a nivel nacional.
En ese mes, también falleció de forma sospechosa una privada de libertad cuando era trasladada a su audiencia en los juzgados, que aún está en la impunidad.
A un año de la masacre en la cárcel de mujeres, también fue objeto de protesta y reproche tanto a la presidenta Xiomara Castro como a la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, por seguir en la impunidad al no dar con los autores intelectuales del crimen.
Ante el número de muertes de mujeres que año con año suman más de 300, las alcaldesas y diputadas entre otros grupos de la sociedad civil también pidieron que se apruebe la Ley de Violencia Política contra las Mujeres en un evento que contó con la presencia de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
En septiembre, la violencia política fue denunciada también por parte de la diputada y precandidata presidencial, Maribel Espinoza a quien no la dejaban ingresar al Poder Legislativo ya que no mostraba a los guardias de seguridad la documentación de su propiedad que llevaba en mano.
Las muertes de mujeres no han cesado en el país, la saña, el odio se ha visto reflejada en cada uno de los crímenes.
En este mes de diciembre, la población también se horrorizó al registrarse el hallazgo del cuerpo de una menor de 12 años desmembrada, el abominable crimen se registró en el departamento de Colón.
Asimismo, otro crimen que generó conmoción en la población fue el de Francis Yadira Córdoba Ávila, originaria de Danlí, no logró sobrevivir al ataque criminal hecho por su expareja que le infirió nueve disparos.
Otra muerte cruel, fue la que se registró el fin de semana cuando una mujer policía fue incinerada junto a su vehículo en la carretera CA-5 norte, a la altura de Támara, Francisco Morazán.
Datos preliminares indican que la fémina desapareció el jueves 19 de diciembre tras salir de su turno ya que se encontraba asignada a San Pedro Sula, después no se supo nada hasta encontrar su vehículo incinerado en el sector de Támara.
216 crímenes
La delincuencia organizada es responsable del 20,4 % de los 216 asesinatos de mujeres que registró Honduras de enero a noviembre de 2024, informó la organización no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
En su informe detalló que del total de hondureñas asesinadas, 44 fueron víctimas de la delincuencia organizada, 30 sufrieron feminicidio íntimo, 35 homicidios, 88 por causas sin determinar, 10 por violencia sexual, cinco por conexión y tres por violencia intrafamiliar.
El 60,2 % de las mujeres murieron por arma de fuego, un 55,5 % de los casos se registraron en espacios públicos y el 42,1 % en sus viviendas, detalló el CDM.
Según el informe, el 43 % de las mujeres asesinadas tenía entre 20 y 49 años, 13,4 % eran mayores de 50 años y 11,6 % eran menores de 20 años. En el 26,4 % de los casos no se sabe la edad de la víctima.
Cortés es el departamento con el mayor registro de muertes violentas de mujeres, con 40, seguido por Francisco Morazán (37), Olancho (25), Yoro (17), Colón (14), Santa Bárbara (13), Atlántida (13) y Comayagua (11).
Entre las principales conclusiones que se derivan de los análisis de expertos en la temática de violencia contra la mujer se destaca:
Falta de justicia: La mayoría de los feminicidios y actos de violencia contra las mujeres permanecen impunes, mostrando una deficiencia en el sistema judicial y policial.
Inacción gubernamental: Pese a los reclamos y protestas, las políticas públicas para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas no han tenido avances significativos.
Crisis estructural: El aumento de feminicidios y la brutalidad de los crímenes reflejan una crisis social y cultural profundamente arraigada, que requiere intervenciones integrales y educativas.
La urgencia de medidas preventivas: Es crucial que se implementen programas educativos y se fortalezcan las instituciones de protección para reducir la incidencia de estos crímenes.
Llamado a la acción internacional: Las voces de figuras como la expresidenta Michelle Bachelet y organismos internacionales resaltan la necesidad de apoyo global para abordar la violencia contra las mujeres en Honduras.
El cierre de 2024 deja un panorama desolador para las mujeres hondureñas, y el reclamo de las féminas que resienten que, teniendo una presidenta tanto en los poderes Ejecutivo como en el Judicial, no se ven los cambios esperados ni siquiera la intención de un cambio real, al tiempo que se refuerza la importancia de continuar la lucha por una sociedad más segura e igualitaria. IR
