Tegucigalpa – Tres meses se cumplen este martes desde que se divulgó un narcovideo en el que apareció Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en reunión con capos de la droga acordando la entrega de aportes millonarios para la primera campaña electoral del Partido Libre en 2013, pero a la fecha existe inacción por parte del Ministerio Público que ha enfilado baterías en el no menos importante caso Red de Diputados.
– Carlos Zelaya renunció al cargo de diputado, mientras el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, a quien acusó de organizar la narcoreunión sigue vigente en la Cámara Legislativa.
– La audiencia del próximo 12 de diciembre a que la acude el exdiputado Midence Oquelí en EEUU arrojará importantes revelaciones sobre la narcopolítica hondureña y las relaciones de vigentes personajes políticos.
– El Fiscal Johel Zelaya ha reiterado que luchará contra la corrupción y los narcotraficantes, pero ha evitado referirse a las acciones que podrían entablarse por el narcovideo.
Desde el ente acusador del Estado, Ministerio Público, han sido nulas las acciones para deducir las responsabilidades sobre este caso conocido como “Narcopolítica” y que involucró a las altas esferas de la familia presidencial, sin embargo en las últimas semanas se han acentuado las acciones sobre el caso denominado Red de Diputado, que involucra a más de 200 exparlamentario y otros actuales por el manejo de recursos por el Fondo Departamental.
De los tres personajes políticos que aparecen en el narcovideo de Insight Crime –Carlos Zelaya, Carlos Múñoz y Adán Fúnez– los dos primeros renunciaron a sus cargos y el último es señalado como el principal sospechoso por el asesinato días después de un reconocido ambientalista en el Bajo Aguán, pero hasta ahí sin repercusiones para ninguno de ellos con la justicia.
El hijo del Carlos Zelaya, que se desempeñó como ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, renunció en solidaridad con su padre, pero el 8 de octubre apareció en un evento político reclamando su cargo como Secretario de Asuntos Electorales del Partido Libertad y Refundación (Libre).
El narcoescándalo obligó al gobierno de Xiomara Castro a eliminar el tratado de extradición, que desde 2014 a la fecha ha permitido la entrega de 56 hondureños (54 a EEUU y 2 a Costa Rica), porque según la versión oficial no querían que se usara como herramienta política.
Sobre Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, se supo su salida de forma intempestiva del país por la terminal aérea de Palmerola. Igualmente, apareció varias semanas después del narcovideo en un evento público del movimiento M28, corriente -que según expertos- coordina desde el anonimato, pese a la elección se su sobrina, Hortensia Zelaya, como su sucesora para encabezar esa corriente política que es la que domina al partido en el poder.
Repercusiones del juicio de Midence Oquelí
El juicio al exdiputado Midence Oquelí Martínez en la corte del Distrito Sur de New York, EEUU, se prevé arrojará nuevos elementos sobre la narcopolítica en Honduras.
Midence Oquelí acude a una nueva cita judicial el próximo 12 de diciembre luego de declararse culpable por narcotráfico en la corte neoyorquina.
En la audiencia del próximo jueves se presentarán pruebas y testigos por parte de la Fiscalía de EEUU. Aquí se conocerán detalles del involucramiento del acusado con otros prominentes personajes políticos, así como autoridades policiales y militares.
En textos oficiales sobre la acusación a Midence Oquelí se menciona el pago de sobornos en 2006 para que pudiera ser ministro de Seguridad.
Video sin consecuencias en MP
Es importante decir que Carlos Zelaya responsabilizó a Carlos Múñoz y Rafael Sarmiento, éste último actual jefe de bancada del Partido Libre, de organizar aquella narcoreunión de 2013 en la Residencial Río de Piedras en San Pedro Sula, a tan solo 20 días de los primeros comicios de Libre.
Sarmiento, una de las principales piezas de Libre en el departamento de Olancho, ha negado en todo momento haber organizado la narcoreunión y sigue siendo el representante de la bancada en el Congreso Nacional.
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En la “narcoreunión”, Carlón -como le conocen al cuñado de la mandataria hondureña- dijo a los capos que “la mitad (del dinero) es para el comandante” y la otra mitad a ser repartida con líderes políticos de Colón, Santa Bárbara y Olancho, curiosamente en estos tres departamentos Libre tiene un enorme respaldo electoral.
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Recientemente el departamento de Olancho volvió a ocupar enormes desplegados en la agenda nacional, luego que durante un sepelio en Catacamas un grupo de hombres fuertemente armados pretendieron obstaculizar la labor de la Policía Nacional.
El pasado jueves 28 de noviembre un grupo de personas armadas confrontó a policías desplazados en una iglesia, lo que provocó un enfrentamiento verbal que casi termina en tragedia.
El hecho sucedió cuando se realizaba una misa de dos personas que habían sido asesinadas el pasado martes en la aldea Las Mesitas en Catacamas, Olancho.
Durante el oficio religioso se presentaron una decena de personas con armas visibles, lo que provocó el miedo de los vecinos que temían un enfrentamiento con otro grupo de hombres armados.
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Ante dicha situación, la Policía Nacional desplazó una patrulla de efectivos al mando del comisario Cristian Nolasco que ordenó a las personas que permitieran ser requisadas.
La oposición de los hombres provocó un enfrentamiento verbal y que los policías levantaron sus armas y las colocaran en disponibilidad de disparo, mientras los civiles armados gritaban y señalaban su oposición a ser requeridos.
MP enfila baterías con Red de Diputados
El jefe de la Unidad Fiscal Especial de Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos reveló recién que el caso Red de Diputados deriva en 200 líneas de investigación, de las que 35 al menos ya están iniciadas por ese ente acusador del Estado.
Pese a las críticas que tras las acciones del MP existe persecución política y un claro interés de minimizar el narcoescándalo por el video que involucra a prominentes dirigentes de Libre, el fiscal Santos ha defendido las acciones asegurando que únicamente cumple con la ley.
“Se habla de persecución política, nosotros perseguimos a los que han saqueado al país. Políticos siempre habrá en estos casos porque son los que ocupan los cargos y los que cometen los actos de corrupción. Hay falacia en sus aseveraciones, si no quieren que se diga persecución política que no se apropien de los fondos del Estado”, arguyó el fiscal Santos.
Citó que en la actualidad la UFERCO documenta cinco líneas que involucran a diputados, no obstante sólo el caso Red de Diputados puede derivar en 200 líneas con 370 investigados, pero unas 35 acusaciones ya están avanzadas con al menos 200 congresistas y excongresistas entre sus principales protagonistas.
Santos adelantó que la idea es presentar todas las líneas de investigación en acusaciones contra los presuntos responsables de cometer ilícitos. “La línea que se vaya concluyendo se hará el requerimiento fiscal ante los juzgados”, añadió.
Describió que el caso Red de Diputados fue el mismo que inició la desaparecida MACCIH en 2017, pero que se activa precisamente este 2024, a pocos meses de las elecciones del próximo año. PD
