Tegucigalpa – A solo 100 días de que expire el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, crece la incertidumbre sobre el futuro de la lucha contra el narcotráfico en el país.
– Temor a un retroceso en la lucha contra el narcotráfico en Honduras
– Advierten que el país sufriría un recrudecimiento de la violencia y corrupción con el fin de las extradiciones a narcos.
Es una realidad que el acuerdo, que permitió la extradición de importantes capos hondureños hacia tribunales estadounidenses, podría llegar a su fin el 28 de febrero de 2025 si el gobierno de Xiomara Castro mantiene su decisión de no renovarlo.
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La falta de una posición clara al respecto genera expectativa y un nivel de esperanza entre sectores que esperan un cambio de postura, especialmente con la próxima administración en Estados Unidos bajo el presidente electo Donald Trump.
Según analistas, una posible reversión en la decisión del gobierno hondureño podría mejorar las relaciones con Estados Unidos, considerando que la extradición ha sido un mecanismo clave en la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado.
Sin embargo, destacaron que la posibilidad de que se solicite la extradición de algún funcionario cercano a la administración actual podría estar influyendo en la decisión del gobierno de Castro, lo que hace improbable que el Ejecutivo se retracte.
Retroceso
Diversos sectores, incluyendo a la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos como la regional Cristosal, han manifestado su descontento y preocupación, alertando que la cancelación del tratado podría facilitar que criminales y responsables de violaciones a derechos humanos, eviten enfrentar la justicia.
En un comunicado, Cristosal pidió al gobierno hondureño que revisara esta decisión, advirtiendo que su cancelación podría poner en riesgo la seguridad y la justicia en el país.
Los analistas coinciden que, para Estados Unidos, la anulación del tratado no solo afectaría sus esfuerzos para combatir el narcotráfico en la región, sino que también podría provocar repercusiones en la cooperación bilateral con Honduras.
Algunos analistas han señalado que, de no revertirse esta decisión, podría estar en juego el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a miles de hondureños en territorio estadounidense.
Para el diputado del Partido Liberal, Yavhé Sabillón, quedó claro que el Tratado de Extradición se elimina debido a problemas familiares y no a una situación de país como quisieron hacerlo ver.
“Entonces estamos en graves problemas porque creo yo que un mal familiar no se puede trasladar a todo un país y la extradición es lo único a lo que le tiene miedo esta gente (narcotraficantes), porque saben que en Estados Unidos no van a comprar jueces ni fiscales” y serán juzgados y condenados como ya se ha visto donde hay desde el expresidente Juan Orlando Hernández a diputados y alcaldes de todos los partidos, agregó.
Denunciar el tratado y no reconsiderar “es un error garrafal que le va a pasar una enorme factura en el proceso electoral de noviembre del 2025”, al partido en el poder, sentenció el parlamentario en entrevista con Proceso Digital.
Alivio para narcotraficantes
Además, los distintos sectores a nivel nacional e internacional observan con preocupación la capacidad de Honduras para manejar los casos de narcotráfico sin apoyo externo, especialmente cuando el sistema judicial hondureño ha sido históricamente débil en este ámbito.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, expresó su preocupación ante recientes decisiones de la administración hondureña que afectan el combate contra el narcotráfico y la cooperación con Estados Unidos en materia de extradición.
Según Castañeda, el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa mediante un aumento presupuestario y la aprobación de un decreto que permite compras directas de equipos militares, como radares y helicópteros, sugiere que Honduras busca independencia en la lucha antidrogas, desvinculándose del apoyo estadounidense en la detención y extradición de personas vinculadas al narcotráfico.
“Lo que están comunicando es que Honduras se va a fortalecer para no depender de Estados Unidos en la captura de estas personas. Con estas decisiones y la falta de voluntad para reactivar el tratado de extradición, parece evidente que hay intereses políticos de fondo”, afirmó Castañeda, subrayando el posible impacto negativo que esta medida tendrá en el país.
Resaltó que las autoridades han mantenido un notable silencio sobre el futuro de las extradiciones, lo que, según él, indica que la decisión de no reactivar el tratado de extradición ya estaría tomada. Este cambio, advirtió Castañeda, podría tener serias implicaciones en 2025, con un aumento previsto en el narcotráfico al ver los criminales que ya no serán entregados a la justicia norteamericana.
Castañeda, enfatizó que, para los narcotraficantes, la falta de extradición es “un respiro”, ya que ahora, si son detenidos en Honduras, no tendrán que enfrentar el sistema judicial de Estados Unidos, lo cual históricamente ha representado una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico. El entrevistado advirtió que el país podría enfrentar un recrudecimiento de la violencia y la corrupción vinculada al narcotráfico al sentirse tranquilos de que no les alcance la justicia.
Finalmente, el representante de la ASJ hizo un llamado a las autoridades para que consideren los riesgos de esta decisión y evalúen el impacto a largo plazo que la suspensión de la cooperación con Estados Unidos en este ámbito podría tener en la seguridad y estabilidad de Honduras.
De su lado la socióloga y exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, manifestó que ha sostenido que si la presidenta Xiomara Castro no instruye retirar la orden de denuncia al tratado bilateral de extradición “reafirmaría” que está “defendiendo” a su familia, al “delito y al crimen”.
La denuncia del mismo es un retroceso puesto solo a través de este tratado es que el pueblo ha conocido un poco las entrañas de lo que se teje en la política y el narcotráfico y ahora la presidenta Xiomara Castro se quedará con ese legado histórico de haberlo quitado, externó.
El tratado expira
El fin del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos genera incertidumbre, tras más de un siglo en vigor, el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, firmado en 1912, ha permitido que decenas de hondureños, incluidos políticos de alto perfil, fueran enviados a enfrentar la justicia en el país norteamericano.
Uno de los casos más emblemáticos es el del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado en 2022 y sentenciado en marzo de este año a 45 años de prisión por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, entre otros cargos.
Aunque en Honduras no existe una ley formal que regule el proceso de extradición, la Corte Suprema de Justicia aprobó en 2013 un Auto Acordado que establece garantías y derechos fundamentales para las extradiciones. Este documento se utiliza como guía en aquellos casos en los que no existe un tratado específico de extradición, permitiendo a Honduras proceder conforme a las normativas nacionales y a los tratados bilaterales.
Honduras ha mantenido siempre buenas relaciones con Estados Unidos, no obstante, los vínculos entre ambos países se han visto afectadas por recientes decisiones diplomáticas del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, entre ellas el rompimiento de lazos formales con Taiwán para establecer relaciones con China.
La actual administración ha tenido algunos disgustos con la actual embajadora en Honduras Laura Dogu, con quien, en más de alguna ocasión, la administración Castro Zelaya, ha tenido algunos mensajes subidos de tono.
Lo más reciente previo a la decisión de la mandataria Castro de denunciar el Tratado de Extradición se dio con una la felicitación pública de Castro al presidente venezolano Nicolás Maduro por su victoria en elecciones críticas a nivel internacional provocó un distanciamiento adicional, recibiendo críticas de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, por el acercamiento de Honduras hacia figuras sancionadas, como el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López.
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En su momento el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, justificó la cancelación del tratado de extradición alegando que podría ser utilizado como “arma política” para perseguir a funcionarios o militares de alto rango. También argumentó que la anulación del acuerdo es una prerrogativa del Poder Ejecutivo y no requiere aprobación del Congreso.
Pero mientras Honduras defiende su derecho a relaciones basadas en “respeto y no injerencia”, la comunidad internacional observa con atención el futuro de esta cooperación, ya que el fin de las extradiciones hacia Estados Unidos, reducirá la presión sobre narcotraficantes hondureños.
Los analistas advierten que esta medida podría generar una percepción de amparo para figuras implicadas en el crimen organizado, ya que se reduciría la amenaza de enfrentar la justicia en el sistema estadounidense. Recientemente la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, enfatizó la importancia de que se retomen los diálogos entre Honduras y Estados Unidos sobre el tema de extradición. La presidenta de la CSJ admitió que la extradición es una gran herramienta en el combate contra el narcotráfico, pero que no depende del Poder Judicial, sino del Ejecutivo.
Con la suspensión del tratado de extradición, que se dará el próximo 28 de febrero, Honduras se encuentra en un delicado equilibrio entre recular con la decisión o enfrentarse a posibles presiones que según expertos serían más fuertes con la entrada de la nueva administración del presidente electo Donal Trump, a lo que se suma el nombramiento como secretario de Estado de Marco Rubio. LB
