Tegucigalpa ( Especial Proceso Digital) – Han pasado dos meses desde que el gobierno de Honduras sorprendió al anunciar que suspendía el tratado de extradición con Estados Unidos por considerar que era “injerencista” y se podría utilizar con motivaciones políticas que lesionaban la soberanía.
La determinación de la presidenta Castro se produjo luego de cuestionamientos públicos ante una reunión sostenida entre el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández y el entonces ministro de Defensa, José Manuel Zelaya (sobrino de la presidenta Castro), con su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino, señalado por Estados Unidos como narcotraficante.
La noticia se conoció en detalles por difusiones hechas por las autoridades militares venezolanas, mientras en Honduras, las Fuerzas Armadas borraban de sus redes sociales toda evidencia. Las autoridades de Defensa y las Fuerzas Armadas justificaron esa reunión como una actividad propia de un evento deportivo en el cual participaron efectivos hondureños. Pero la imagen de esa fotografía y el encuentro, justo en lo más álgido de la polarización política en Venezuela, causó sorpresa y revuelo entre los hondureños, que en su gran mayoría consideran que Nicolás Maduro se robó las elecciones en ese país. La visita de las autoridades hondureñas fue vista como un respaldo al autoritarismo y la represión desatada en contra de la oposición por Maduro.
La embajadora de Estados Unidos en la capital, Laura Dogu, expresó su sorpresa ante esa reunión por considerar que Vladimir Padrino es una persona de interés de Washington por sus nexos con el narcotráfico y el cártel venezolano de Los Soles. Esas expresiones valieron para que la presidenta Castro anunciara a fines de agosto que daba por terminado el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos por “injerencista” y que podía ser usado con fines políticos, sin entrar en detalles.
Días después de ese hecho que sacudió a la sociedad hondureña, trascendía un video en donde el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, negociaba con capos de la droga hondureño el financiamiento de la campaña de Castro en 2013 con el partido Libertad y Refundación (Libre), ahora en el poder. En el narco video, como se le bautizó popularmente, Zelaya decía cómo se distribuirían los fondos: la mitad en los departamentos de Colón, Olancho y Santa Bárbara, y la otra mitad sería “para el comandante”, como se le conoce al expresidente Manuel Zelaya.
Previo a la difusión del narco video, Carlos Zelaya, se presentó, sin abogado, ante el Ministerio Público para declarar por ser mencionado en el juicio de narcotráfico por el cual fue condenado el expresidente Juan Orlando Hernández. Zelaya renunció a su cargo como secretario del Congreso Nacional, a la diputación por Libre por el departamento de Olancho, y al partido Libertad y Refundación, pero en este último será en la asamblea del partido cuando se decida si aceptan o no la renuncia. Se le ha visto en algunos mítines políticos en el departamento de Olancho, luego del escándalo que sacudió y estremeció a la familia presidencial y el gobierno de la presidenta Castro.
Ser capo es ser honorable
Dos meses han pasado desde ese acontecimiento y el reclamo popular por revertir el tratado de extradición se va aplacando, las voces que piden dejar sin efecto la decisión de la presidenta Castro languidecen, el país va de escándalo en escándalo y para el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, ser capo y ser ladrón en Honduras parece alcanzar carta ciudadana de “honorabilidad”.
Esa expresión del padre “Melo”, como también se le conoce al líder religioso Ismael Moreno, calza con la preocupación externada en su último comunicado por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, al indicar que la denuncia del tratado de extradición amerita respuestas “transparentes y que se tomen decisiones que no respondan a intereses particulares, sino a la búsqueda del bien común” por parte de las autoridades.
La denuncia del Tratado de Extradición es preocupante, porque al menos este mecanismo generaba esperanza al pueblo hondureño de al menos alcanzar “algún tipo de justicia que aquí no obtendremos, dada la ineficiencia de los órganos de justicia del Estado” señalan en su comunicado los obispos de Honduras.
“Es evidente la influencia de los carteles del narcotráfico y su capacidad de corromper todo lo que tocan”, dijo la iglesia.
La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, ha recalcado la importancia que el tratado de extradición tiene para ambos países, dijo que trabajan por tratar de revertir la medida, pero en el gobierno todo indica que no habrá marcha atrás, aunque tenga la opinión pública en contra.
Hasta ahora, el tratado de extradición ha permitido juzgar y condenar en Estados Unidos a más de 72 hondureños. Fuentes cercanas a la Casa de Gobierno y a la familia presidencial señalan que no existe interés en revertir la decisión, que detrás de los argumentos de respeto a la soberanía nacional, existen otras razones orientadas a dar protección a personajes que podrían ser de interés para ser pedidos en extradición por Estados Unidos.
Los sondeos de opinión indican que más del 90% de la población rechaza la decisión de la presidenta Castro de haber denunciado el tratado de extradición, piden que continúe el mecanismo, pero las respuestas gubernamentales han sido que buscan otras opciones, entre ellas una ley de extradición. Honduras tiene hasta inicios del próximo año para revertir la medida.
Según los especialistas, negociar un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos no será fácil, pueden pasar al menos dos décadas para que pueda ser aprobado en función de los trámites burocráticos y legislativos en Washington. Y así lo dijo recientemente la embajadora Dogu en declaraciones a los medios de prensa: “si el tratado de extradición termina, vamos a esperar décadas para tener uno nuevo”.
Los primeros efectos de la estrategia
El tema de la extradición, al igual que la instalación de la CICIH, languidecen y desaparecen poco a poco del escenario político que entró al barullo de la campaña política, donde ambos temas empiezan a ser objeto de campaña, pero sin grandes ni fuertes presiones para que el gobierno actúe al respecto. El gobierno juega con la estrategia del efecto distractor, para que el foco de la extradición y de la CICIH salgan poco a poco del escenario público.
La decisión de denunciar la extradición ha tenido algunos efectos directos y otros colaterales. Un efecto directo ha sido la petición de uno de los abogados de José Miguel Handal Pérez, “Chepe Handal”, acusado de narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos, para que éste no sea enviado a Estados Unidos una vez que cumpla la pena que purga en Honduras, porque ya la extradición no es válida.
En tanto, en pleno apogeo de la campaña electoral, los aspirantes políticos no se sienten presionados por el tema del financiamiento político y el uso de fondos no lícitos, porque el fantasma de la extradición ya no está presente. La aspirante presidencial liberal, la diputada Maribel Espinoza, es del criterio que haber suspendido el tratado de extradición solo favorece a los narcotraficantes y que la presidenta Castro será recordada por ese desacierto. Honduras entra así en la disyuntiva de definir si la lucha contra las drogas será igual sin la extradición o ha decidido capitular ante la influencia y el poder del narco: ¿ganarán los barones de la droga esta batalla? La respuesta la tiene la administración de Xiomara Castro. (PD)
