Tegucigalpa – A un mes del asesinato del ambientalista de Juan Antonio López, pese al proceso judicial contra tres personas por ser los autores materiales, varios sectores siguen reclamando a las autoridades que no se detengan y den con los personajes que ordenaron el crimen.
Juan López fue asesinado a balazos exactamente el 14 de septiembre, mientras salía de una actividad en la iglesia en la colonia Fabio Ochoa en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
Este crimen empañó de alguna manera los desfiles patrios del 15 de septiembre, que se conmemoraba el 203 aniversario de la independencia.
Inmediatamente, varios sectores, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y figuras nacionales e internacionales condenaron este crimen y demandaron una investigación exhaustiva y pronta.
Incluso hasta la Iglesia Católica de Honduras emitió un pronunciamiento repudiando este crimen, y demandó a las autoridades justicia, y que se garantice la seguridad a todos los ciudadanos.
Hasta el Papa Francisco, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, en el rezo de Ángelus del 22 de septiembre, en el Plaza San Pedro del Vaticano, repudió el crimen del ambientalista y mostró su cercanía con todos los «que ven aplastados sus derechos y se comprometen por el bien común».
Muchos sectores a apuntar el dedo acusador contra el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, como la persona que ordenó el asesinato del ambientalista, tras señalamientos de tener vínculos con una empresa que realiza proyecto minero en el sector de Guapinol.
Los señalamientos es que el alcalde se beneficiaria de este proyecto y tenía diferencias con el regidor, tras que éste solicitara a Fúnez que renunciara de su cargo por señalamientos de corrupción y narcotráfico.
El párroco Carlos Orellana denunció públicamente al alcalde de Tocoa y sus secuaces en una de las misas que ofrecía en la iglesia de San Isidro de ser los autores del crimen.
No obstante, el edil de Tocoa negó ser el responsable del asesinato, y hasta pidió que se investigara a todos los políticos del departamento de Colón y manifestó que temia por su vida porque era objeto de amenazas a muerte.
Juan López era un defensor de los derechos del ambiente, del agua, fue regidor municipal de Tocoa, miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral e integrante del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Acciones plausibles
Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional empezaron las investigaciones, y en menos de un mes, un logro en comparación a las investigaciones de otros crímenes donde las mismas muestras su letargo, se capturó a cuatro personas consideradas sospechosas de haber participado en el repudiable crimen.
Las cuatro personas detenidas son: Óscar Alexis Guardado Alvarenga (considerado el autor material), Lenin Adonay Cruz Munguía, Daniel Antonio Juárez Torres y Kelton Samir Martínez Velásquez.
Sin embargo, solo Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Lenin Adonay Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres fueron a audiencia, actualmente están con la medida de prisión preventiva y guarda reclusión en la Penitenciaría Nacional de Támara.
Según las investigaciones, Guardado Alvarenga se reunió con los otros dos imputados el día del asesinato, 14 de septiembre, para que le entregaran una motocicleta azul, que se utilizó en el crimen.
Posteriormente, Guardado Alvarenga realizó labores de vigilancia en los alrededores de la casa del ambientalista y los lugares que frecuentaba.
Los tres imputados se presentaron y comparecieron en los Juzgados de Letras de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula.
El crimen del ambientalista ha generado una ola de reacciones de diversos sectores, tanto nacional como internacional, reprochando el crimen y exigiendo investigación y justicia transparente.
No se dice nada de los intelectuales
El padre jesuita Ismael Moreno se pronunció este lunes tras que se cumpla 30 días del crimen del ambientalista y lamentó que las autoridades no se hayan pronunciado sobre los autores intelectuales.
Igualmente, exigió información sobre lo que se sabe de los supuestos autores materiales que ejecutaron el crimen.
El Estado no implementa Decreto 18-2024 sobre cancelación de concesiones y protección de parque nacional de reserva, lamentó el padre jesuita.
Denunció que el Partido Libertad y Refundación (Libre) sigue protegiendo al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, tras diversos señalamientos.
Moreno ha sido una de las personas que más ha estado seguido de cerca este caso tras viajar a Tocoa a participar en el velorio y funeral del ambientalista.
A su vez, ha exigiendo e insistiendo constantemente a las autoridades hondureñas que empiece a dar resultados de las investigaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
Exigen capturas de los intelectuales
Este lunes, la organización de la Coalición contra la Impunidad leyó un pronunciamiento frente al edificio del Ministerio Púbico para exigir avances en la investigación y la captura de las personas intelectuales del crimen del ambientalista.
El integrante de la Coalición contra la Impunidad, Juan Zúñiga, manifestó que su petición que se implemente medidas para garantizar la protección de la familia de Juan López y los defensores de los derechos ambientales.
Señaló que el ambientalista estaba en contra de diversos proyectos que estaba realizando una empresa en el sector de Guapinol, pero que no puede señalarla de ser la autora intelectual porque no hay una acusación formal.
Asimismo, se refirió a la captura de tres personas considerada como autores materiales, y espera que el Ministerio Público formalice su acusación.
“Ojalá que se puede comprobar de manera contundente de que los autores materiales ejecutaron el hecho, pero nosotros, actuando como acusación privada habrá una acusación formal a estas tres personas”, señaló.
La Coalición de la Impunidad lamentó que antes de su asesinato, Juan López seguía siendo criminalizado por el Estado solo por la defensa legítima de los bienes comunes.
Esta organización nombró también que los defensores ambientales Ally Domínguez, Jaro Bonilla y Oquelí Domínguez, también fueron asesinados por la defensa de los bienes comunes, y sus familiares han sido amenazados y desplazadas de sus propiedades.
Así transcurre el manto de impunidad que cubre el asesinato de líderes sociales y defensores del ambiente en Honduras, uno de los países más peligrosos en el continente para este tipo ocupaciones. AG
