Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Las Fuerzas Armadas de Honduras nuevamente han entrado a la escena política ante la designación que la presidenta Xiomara Castro hizo de Rixi Moncada, como nueva titular de la Secretaría de Defensa, sin que ésta renuncie a su aspiración política como precandidata presidencial por el partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre), de cara a los comicios primarios e internos que se realizarán en marzo de 2025 y tras un narcoescándalo que ha estremecido al partido gobernante.
Rixi Moncada es la candidata de la pareja presidencial y de la mayoría de los movimientos a lo interno de Libre, entre ellos el M-28—el más fuerte—liderado por el diputado Carlos Zelaya y uno de los primeros en ungirla como el as bajo la mesa para ganar las primarias y convertirla en candidata presidencial con miras a una continuidad de Libertad y Refundación por cuatro años más en el poder cuando se produzcan las elecciones generales de noviembre de 2025.
Moncada y el líder del M-28, y actual secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien aún la cámara legislativa no discute su renuncia, recorrieron juntos varios territorios como parte de la precampaña electoral que vive el país desde que, en enero de 2024, el coordinador de Libre y asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, indicara en sus redes sociales que había iniciado la campaña política en Honduras, tras ungir a Rixi Moncada en la casa de la familia presidencial en Olancho.
Ahí en esa reunión estaban la pareja presidencial, algunos de sus hijos; Carlos Zelaya, el magistrado del Registro Nacional de las Personas, Óscar Rivera, Rixi Moncada y la asesora gubernamental, Mayra Mejía.
Rixi Moncada, acatando una orden de la presidenta Castro que pidió a sus funcionarios la renuncia si aspiraban a cargos de elección popular, anunció su salida del staff gubernamental como ministra de Finanzas, pero con el tiempo—siendo precandidata presidencial—fue incorporada por el gobierno en la misión negociadora con las Naciones Unidas para firmar un convenio que permita la instalación en el país de la CICIH, que aún no llega. La precandidata presidencial seguía así sin desligarse del gobierno ni del poder que brinda el oficialismo.
Y reaparece nuevamente como ministra de la Defensa, luego del escándalo del narco video en donde el coordinador del movimiento que la impulsa, el M-28, Carlos Zelaya, negociaba con capos de la droga sobornos para la campaña presidencial de Libre de 2013, en donde le ofrecieron 650 mil dólares de los cuales, la mitad “eran para el comandante”, según les dijo Carlos Zelaya. El resto de la plata se distribuiría en tres departamentos estratégicos para Libre: Olancho, Colón y Santa Bárbara.
Rixi Moncada asume la Secretaría de Defensa para reemplazar al entonces ministro, José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya, y quien depuso el cargo tras el narco escándalo que sacude a la familia presidencial, misma que ha dicho que lo actuado por el actual secretario del Congreso—pues no ha ingresado su renuncia al Parlamento—fue un “error deplorable” e incluso le llamaron “abominable”. Lo hizo a sus espaldas, aseguran, y así lo ha sostenido Carlos Zelaya.
La lucha por el poder
La llegada de Rixi Moncada—el comodín de la familia Zelaya ante las crisis—pone de nuevo en el centro de debate el papel de las Fuerzas Armadas de Honduras, que tuvieron en 2009, una de sus épocas duras, de las cuales no habían terminado de reponerse, cuando otra vez están dentro de la disputa del poder político.
“Lo que se está jugando en este momento en Honduras es la disputa del poder, eso es lo que está en juego”, dijo la ministra de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada, al periodista Renato Álvarez, conductor del programa de debates “Frente a Frente”. Moncada justificó así su llegada a Defensa, su retorno a la administración pública y su derecho a seguir siendo precandidata presidencial sin que ello represente ningún dilema ético porque si de defensa de “la soberanía se trata, los dilemas éticos no existen”, aseguró.
Su llegada ha sido cuestionada porque su aspiración política pone en aprietos a las Fuerzas Armadas de Honduras, garantes de la alternabilidad en el poder y de la custodia de las elecciones, según la Constitución. Los militares son los que se encargan del traslado de las maletas electorales y de su retorno a la bodega central del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ellos son responsables de cuidar y salvaguardar el voto, son por definición constitucional: apolíticas, obedientes y no deliberantes. Pero la llegada de Rixi Moncada rompe ese principio de apoliticidad, y las pone nuevamente en el centro de la “disputa de poder” que vive Honduras, según la ministra Moncada.
[LEER] Legalidad y ética, el dilema en torno a nombramiento de Rixi Moncada
Si bien la ley faculta a Moncada a tener aspiraciones políticas y renunciar al cargo en el gobierno seis meses antes de las elecciones, su retorno bota el principio de ética en la política que ella abanderó al dejar su cargo en Finanzas en enero de este año, pero también la circular enviada por la presidenta Castro pidiendo la renuncia de sus funcionarios si tenían aspiraciones políticas. La dualidad del discurso político sigue caracterizando las decisiones del gobierno de la refundación y el socialismo democrático.
¿Los nuevos colectivos?
De ahí que la diputada nacionalista, Johana Bermúdez, se preguntara recientemente si las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Rixi Moncada, eran el “nuevo colectivo” de Libre. “Respóndanos, ¿son los militares el nuevo colectivo de Libre?” preguntó la parlamentaria al cuestionar el doble rol de la ministra de Defensa como funcionaria al mando de una de las secretarías más sensibles del país y de la seguridad nacional, y como aspirante política del partido en el poder donde todo apunta que será la ungida en las primarias como la candidata presidencial de Libertad y Refundación.
La pregunta de Bermúdez sólo encarna las inquietudes de la ciudadanía y sectores de la sociedad civil que velan por la defensa de la democracia. Dos de ellas, son la Red por la Equidad Democrática en Honduras (RED-H) y la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) que advierten sobre los riesgos que la doble función de la ministra Moncada representa para la integridad del proceso electoral y el papel de árbitros que tienen las Fuerzas Armadas.
Advierten que Moncada no puede ser “juez y parte” de un proceso electoral en donde ella custodiará sus propios votos, y el rol de garante de la custodia electoral pone en entredicho el papel de los portadores del uniforme verde olivo. Es la primera vez en la historia de Honduras que un ministro de la Defensa es aspirante político e integrante de la delegación oficial en las negociaciones con la ONU para instalar la CICIH y ministra de Defensa.
Pero los militares se han llamado al silencio, reiteran que son apolíticos, obedientes y no deliberantes, pero aparecen en trajes de fatiga, de batalla, rodeados con el asesor presidencial, coordinador de Libre y expresidente, Manuel Zelaya, en eventos de la institución con los jefes de los comandos de los batallones.
Manuel Zelaya aparece al centro—en el puesto que corresponde a la presidenta Castro—flanqueado por la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, sobre quien han cerrado filas la familia presidencial y su círculo allegado al poder insinuando que le querían dar “golpe de barracas” por ir a Venezuela con el entonces ministro de Defensa, Manuel Zelaya, a reunirse con su par, el general Vladimir Padrino, uno de los líderes del cártel de Los Soles, una mafia del narcotráfico en Caracas, según Estados Unidos.
Ese fue uno de los argumentos que vertió el canciller Reina al querer instalar la teoría de una conspiración, de “un golpe en marcha” gestado por Washington y coordinado por la embajadora Laura Dogu. Luego, en un foro virtual por la red social X, el diputado por Libre, Ramón Barrios, dijo que las declaraciones de Dogu -sorprendida y preocupada por el encuentro con Padrino- llevó a la gobernante a denunciar el tratado de extradición porque tenían “la sospecha que iban a pedir en extradición al general Roosevelt Hernández”.
¿Está seguro? Preguntó la periodista Jennifer Ávila, de Contracorriente, al diputado Barrios, durante la moderación del evento, y éste le dijo: es la información que tenemos.
Hacia dónde inclinarán el péndulo
Pero en declaraciones a los medios de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, negó que existiera en marcha un golpe de barracas, pidió no hacer casos a voces disonantes, pero obvia abordar esa incómoda situación en que han sido puestos: la custodia de los votos de su ministra, la precandidata del oficialismo y de la familia presidencial.
En las Fuerzas Armadas, trascienden incomodidades por la politización a que estaría siendo sometida la institución. Su última aparición política pública fue recibiendo una condecoración del autócrata y dictador, Daniel Ortega, en Nicaragua, otro símbolo de la represión y violación de los derechos humanos, como Nicolás Maduro en Venezuela.
El adoctrinamiento sobre el socialismo del siglo XXI ha llegado ya a algunas instalaciones militares, al igual que las purgas silenciosas. Y al acercarse el proceso electoral, la presión sobre los uniformados y el rol de neutralidad será mayor, deberán responder a la pregunta de la diputada Bermúdez, en torno a si son o serán el “nuevo” colectivo de Libre, que, a diferencia de los primeros, tienen el poder de las armas y de la represión.
Los colectivos de Libre son un grupo de parachoques que se caracterizan por la violencia, la toma de instalaciones públicas para presionar por plazas de trabajo o despido de funcionarios. Hoy tienen el control de la seguridad en al menos cinco hospitales públicos, un hecho inédito en la historia de la salud en América Latina.
En medio de esta crisis política que sacude el gobierno de Castro, en especial a la familia presidencial, por el escándalo del narco video, el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, en uno de sus posts en la red social X, al denunciar lo que denominó “Operación Revolución de Colores/Golpe de Estado en marcha”, exhortó a que todo el pueblo de Libre se “levante dispuesto a defender el Estado de Derecho”.
“Este es el momento de acelerar y maximizar la organización y disposición de lucha de los colectivos de LIBRE, que no son otra cosa que el pueblo organizado en resistencia”.
El proceso electoral y la campaña política ha sido convocado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, y en el centro del debate, de nuevo los militares, una institución que aún goza de confianza ciudadana, pero cuyo rol puede, como el péndulo, marcar la ruta de un país que apuesta a un fortalecimiento democrático, o un país que camina a una deriva autoritaria donde ellos serán también protagonistas. (PD)
